Banamex alerta deterioro a la certidumbre jurídica por bloqueos de la UIF
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de permitir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquee cuentas bancarias sin orden judicial previa podría deteriorar la certidumbre jurídica para ciudadanos y empresas en México, advirtieron analistas de Banamex.
Nydia Iglesias, directora de Análisis Político de Banamex, señaló que existen precedentes en otros países donde se permite el bloqueo de cuentas sin autorización judicial inicial, como en Estados Unidos, así como en algunas naciones de Europa y Asia.
Sin embargo, puntualizó que en esos casos dichas medidas se implementan dentro de entornos judiciales más robustos, donde se garantizan mecanismos de apelación para los cuentahabientes, incluso con participación de actores judiciales internacionales.
Por supuesto que nos preocupa. Es justificado que le preocupe a todo el mundo que está sujeto a la jurisdicción mexicana, en la medida de la disminución de la certidumbre jurídica que se ha gestado a partir del deterioro consistente de las garantías institucionales de protección a los derechos del ciudadano, consumidor y actores económicos
dijo Iglesias durante una conferencia sobre las perspectivas económicas para este año.

Ciudadanos quedan vulnerables ante la UIF
Iglesias explicó que, en países como Estados Unidos o Hong Kong, el bloqueo de cuentas suele estar respaldado por investigaciones previas de actores internacionales que reúnen elementos suficientes para presumir vínculos con delitos financieros.
El problema es que si en México, con todo lo que ha ocurrido en el país, se han debilitado —o incluso eliminado— esas garantías, también se reduce la posibilidad de que un ciudadano exija pruebas sobre las razones para bloquearle sus cuentas. Entonces entramos en un escenario en el que preocupa que ciudadanos y actores económicos puedan ser sujetos de decisiones arbitrarias sin posibilidad de defensa
advirtió.
A esta postura se sumó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que señaló que permitir restricciones al acceso a recursos de personas y empresas sin controles judiciales previamente definidos genera incertidumbre y afecta la estabilidad económica, además de contravenir tratados internacionales ratificados por México.
Con esta decisión, se establece un precedente delicado para el Estado de derecho, al permitir afectaciones directas al patrimonio de personas y empresas sin reglas plenamente definidas
expresó el organismo en un comunicado publicado el 9 de abril.
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