Reglas generales antilavado elevarán costos de las empresas para su implementación
Especialistas critican que Hacienda aplique los mismos parámetros normativos a 18 actividades vulnerables sin distinguir el tamaño del negocio.
Con la publicación de las disposiciones de carácter general de la nueva Ley Antilavado, las empresas tendrán que elevar sus costos para su implementación y así no recibir sanciones por parte de la autoridad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La nueva reforma a la ley antilavado agregaría a 120,000 empresas y personas que forman parte de 18 actividades vulnerables de sectores como el inmobiliario, la comercialización de vehículos, joyas, obras de arte, entre otros negocios que ahora las consideraría de riesgo.
Un experto conocedor del tema aseguró a EL CEO que la implementación de dicho reglamento elevaría los costos regulatorios, que consiste en la capacitación, selección de personal, así como que se involucren diferentes áreas de la empresa, como jurídico, alta dirección o recursos humanos.
Primero es entenderle, segundo es cuánto cuesta y tercero es su implementación conforme a las expectativas de la autoridad, y por último es el tiempo de implementación”, señaló el especialista.
Además de que la reglas no contemplan que las 18 nuevas actividades vulnerables son distintas entre si y necesitan adecuaciones propias de dichos sectores.
No es lo mismo un joyero del centro (de la Ciudad de México) a Grupo BAL, o no va a ser lo mismo Grupo Alden a una agencia inmobiliaria del Estado de México. Insisto que están midiendo con la misma vara a 18 actividades vulnerables sin ni siquiera tener una diferenciación desde un inicio”, dijo.
Fotoarte: Israel Águila.Auditorías a personas físicas
Entre de las medidas implementadas por Hacienda se contempla que las empresas que realicen actividades vulnerables tendrán que hacer auditorías constantes, pero también contemplan a personas físicas que participen en dichas actividades, como brokers.
Los resultados de dicha revisión deberán ser presentados al consejo de administración, al administrador único, a la dirección general u órganos equivalentes según corresponda o en su caso, directamente a la persona física que realice la Actividad Vulnerable, a manera de dictamen a fin de evaluar la eficacia operativa de las medidas implementadas y dar seguimiento a los programas de acción correctiva que en su caso resulten aplicables”, de acuerdo con el artículo 42 de las Reglas Generales.
Esas auditorías tendrán que ser independientes y externas a la empresa o que no tenga relación laboral directa con la persona física, por lo que deberán contar con una certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para firmar y ratificar la auditoría.
Regulación equiparable a las Sofomes
Por su parte, el abogado fiscalista Salvador Mejía considera que las nuevas reglas antilavado son equiparables a las de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), que son empresas que otorgan créditos.
De verdad no entiendo cómo la autoridad pretende que empresas que, con trabajo cumplían con esta ley, pueden brincar a mecanismos de cumplimiento digno de una entidad como una Sofom, como una Sofipo o cosas así”, explicó el especialista.
Otro factor es el tiempo de implementación, ya que entrarán en vigor el 30 de noviembre del 2026, aunque darán una capacitación para su implementación que será todo el 2027, mientras que en 2028 empezarán las primeras auditorías.
No obstante, en el artículo noveno transitorio de las reglas generales establece que las empresas deben contar con mecanismos mecanizados a más tardar el 30 de junio de 2027 y para ese entonces deberán contar con información ya recopilada.
Presentación tardía y sin consulta
Las reglas generales antilavado se publicaron en el DOF apenas el pasado viernes 7 de agosto, tres semanas después de la fecha que tenía que hacerlo la SHCP, aunque no habrá sanción a la autoridad por eso.
Pese a la tardanza, la dependencia aseguró que con estas reglas se fortalece la lucha contra el lavado de dinero y robustece el mecanismo para su detección, sin embargo, las normas no las sometieron a consulta pública a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), lo que impidió que se revisara más a profundidad y se vieran esos cambios.
En los próximos meses se verá su implementación con un costo alto para las empresas que, sin más lineamientos, tendrán que implementar nuevas medidas para prevenir el lavado de dinero.
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