
Pelea por The Dolphin Company llega a la SCJN en medio de su reestructura en EU
Mientras continúa la disputa judicial, The Dolphin Company avanza en la venta de parte de sus activos como parte de su proceso de reestructura bajo el Chapter 11 en Estados Unidos.
The Dolphin Company, una de las empresas de entretenimiento con animales acuáticos más grandes del mundo, enfrenta un nuevo capítulo en la disputa entre Eduardo Albor Villanueva, quien encabezó la compañía hasta mediados de 2025, y la actual administración, respaldada por los fondos Prudential Financial, The Cigna Group y Sculptor Equity Management.
El conflicto escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que un tribunal determinó que Albor Villanueva sí contaba con facultades como apoderado legal de The Dolphin Company, una decisión que podría tener implicaciones sobre el concurso mercantil iniciado en México antes de que la compañía recurriera al Chapter 11 en Estados Unidos.
El pasado 20 de mayo, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, desechó una queja presentada por Controladora Dolphin S.A. de C.V. contra una resolución del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México.
El Tribunal Colegiado había determinado que Albor Villanueva sí fungía como apoderado legal de The Dolphin Company. Sin embargo, la SCJN no entró al fondo de la controversia, debido a que la solicitud presentada ante el máximo tribunal no cumplió con los requisitos correspondientes.
La decisión tampoco implica, por sí misma, que Albor Villanueva haya retomado la dirección o el control de The Dolphin Company, un punto que se mantiene como parte de la disputa entre ambas partes.
Steven Strom, director independiente, y Robert Wagstaff, director de Reestructuración (Chief Restructuring Officer) de The Dolphin Company, rechazaron que exista una resolución de la SCJN que haya reinstalado a la administración anterior.
Seguimos enfocados en una reestructuración responsable de la compañía y en proteger a los empleados y animales que dependen de la continuidad de sus operaciones. Cualquier intento de la administración anterior de reinstalarse o de ostentarse como controladora de The Dolphin Company constituye una violación de las leyes de México y de los Estados Unidos”, mencionaron los directivos.
Dos procesos de insolvencia abren otro frente
La controversia cobra relevancia por sus posibles efectos sobre el concurso mercantil que The Dolphin Company inició en México a finales de 2024 y el proceso de reestructura bajo el Chapter 11 que posteriormente comenzó en Estados Unidos.
La resolución del Tribunal Colegiado, que por ahora permanece sin modificación tras el desechamiento realizado por la SCJN, es utilizada por Albor Villanueva para sostener que conservaba facultades de representación cuando se tomaron decisiones relacionadas con la compañía, entre ellas el desistimiento del concurso mercantil mexicano.
De acuerdo con el exdirectivo, esto permitiría reactivar el procedimiento en México mientras continúa el Chapter 11 en Estados Unidos, lo que abriría una controversia sobre la coexistencia de dos procesos de insolvencia relacionados con la misma compañía.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene relevancia porque es un caso al que le llaman transfronterizo, donde en el momento que se reactiva el concurso mercantil, hay dos procesos de bancarrota en dos tribunales por la misma empresa”, aseguró Ernesto Albor en entrevista con EL CEO.
La situación, sin embargo, todavía enfrenta recursos legales y la interpretación sobre los efectos de las decisiones judiciales es uno de los puntos de desacuerdo entre la antigua y la actual administración.
Albor Villanueva calificó el proceso como un supuesto “fraude procesal” y responsabilizó a CIBanco —en su papel de fiduciario de los fondos— de las decisiones que, según su versión, derivaron en la pérdida del control de la compañía.
“Al final esa ilegalidad ha llevado a una toma ilegal del control de la compañía al nombrar a nuevos apoderados, que iniciaron el desistimiento del proceso de insolvencia en México, así como el proceso de bancarrota en Estados Unidos”, señaló Albor Villanueva.

De México al Chapter 11
The Dolphin Company, entonces encabezada por Eduardo Albor, inició a finales de 2024 un concurso mercantil ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles de la Ciudad de México, procedimiento que fue admitido el 25 de enero de 2025.
De acuerdo con la versión de Albor Villanueva, posteriormente se le separó de la compañía sin que tuviera conocimiento del proceso y, en abril de 2025, la empresa solicitó acogerse al Chapter 11 ante una corte de Delaware, Estados Unidos.
El exdirectivo sostiene que los fondos de inversión llevaron la reestructura a Estados Unidos porque las condiciones legales eran más favorables para sus intereses. La actual administración ha rechazado los intentos de Albor Villanueva por recuperar el control de la empresa y sostiene que su reestructura cumple con las leyes de ambos países.
En febrero de 2026, autoridades mexicanas detuvieron a Eduardo Albor en Cancún acusado de fraude. Sin embargo, salió a los seis días por falta de pruebas.
Venta de activos avanza en paralelo
Mientras continúa la disputa judicial, The Dolphin Company avanza en la venta de parte de sus activos como parte de su proceso de reestructura bajo el Chapter 11 en Estados Unidos, aunque hasta ahora no se ha confirmado quién se quedará con ellos.
La compañía rechazó previamente versiones sobre una eventual compra por parte de Grupo Xcaret. Sin embargo, Delphinus, empresa que administra Delphinus Xcaret, Delphinus Riviera Maya, Delphinus Xel-Há, el Acuario Interactivo de Cancún, Delphinus Puerto Morelos y Delphinus Hyatt Ziva, presentó una oferta dentro del proceso.
La propuesta presentada por Delphinus fue considerada por la administración actual como la oferta que, con base en la información disponible al momento de su evaluación, reunía las mejores condiciones generales para ser sometida a la consideración de la Corte”, informó The Dolphin Company.
La eventual venta de los activos mexicanos se desarrolla así mientras permanece abierto el conflicto sobre la representación de la compañía y las implicaciones que podría tener el procedimiento judicial mexicano sobre la reestructura que actualmente se lleva a cabo en Estados Unidos.
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