1 de julio 2020 | 4:45 pm

Los nuevos resultados en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 apuntan a desmoronar la llamada verdad histórica, proclamada por el exprocurador Jesús Murillo Karam.

Negligencia, responsabilidad de acción u omisión, abuso de autoridad y hasta fabricación de pruebas serían delitos imputables al exfuncionario, dice Francisco Jiménez Reynoso, abogado constitucionalista de la Universidad de Guadalajara.

Esto, de acuerdo con los detalles de una nueva investigación del caso revelados el martes por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

En un video publicado en las redes sociales de la Fiscalía General de la República (FGR), Gertz Manero explicó que la dependencia emitió 46 exfuncionarios de Guerrero, bajo la acusación de desaparición forzada.

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Dichos delitos nunca fueron investigados en las dirigencias de la entonces PGR. Las órdenes de detención se suman a otras liberadas en marzo, las cuales incluyeron a Tomás Zerón de Lucio, quien fungió como titular de la Agencia de Investigación Criminal el sexenio pasado.

Zerón de Lucio está prófugo de la justicia y es el ex servidor público de mayor nivel judicializado por el caso Ayotzinapa.

Cuenta con orden de aprehensión y ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional y su extradición correspondiente

detalló Gertz Manero

Murillo Karam, Arely Gómez González, Raúl Cervantes Andrade, los tres titulares de la PGR durante el sexenio de Enrique Peña Nieto pueden resultar implicados por su participación en la investigación, advierte Jiménez Reynoso.

Incluso, puede resultar vinculado Alberto Elías Beltrán, quien asumió el cargo como jefe de despacho de la PGR durante el último año del sexenio, periodo en el que la agencia se mantuvo acéfala.

La inconsistencia y parcialidad de las acusaciones que evitaron señalar violaciones por parte de exfuncionarios ocasionaron que diversos elementos de diversos cuerpos policiacos implicados fueran puestos en libertad desde el 26 de septiembre de 2014.

De acuerdo con Gertz Manero, en la investigación que dio origen a la ‘verdad histórica’ se cometieron detenciones arbitrarias, vulneraciones de los derechos de la defensa, violaciones al procedimiento y ocultamiento de pruebas.

“Esperamos a finales de esta semana poder judicializar a otros funcionarios de distintos niveles (…) Se acabó la verdad histórica”, concluyó el fiscal.

Verdad histórica y sus cuestionamientos

Una verdad histórica es la reconstrucción de algún suceso gracias a la recolección de todas las pruebas, bajo la premisa de que los procesos de recopilación de información ayudan a conocer hechos sociales “sin errores o dudas”, escribe el profesor José Luis Eloy Morales Brand en un documento sobre el Sistema Penal Acusatorio de Aguascalientes.

Tras una investigación de cuatro meses para la reconstrucción de hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, los resultados presentados por Murillo Karam el 28 de enero de 2015 indican que presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos asesinaron y calcinaron a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, al sur de la capital guerrerense.

El supuesto móvil del secuestro habría sido que los normalistas pertenecían a un grupo delincuencial antagónico a Guerreros Unidos en la región, Los Rojos, por lo que en un primer momento los privaron de la libertad y “finalmente de la vida”, según explicó el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.

Esa versión nunca fue aceptada por los padres de las víctimas debido a las inconsistencias halladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH encontró contradicciones y otras inconsistencias como declaraciones bajo tortura en las evidencias recabadas por las autoridades y puso en entredicho la versión oficial en el informe final de su Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa, publicado en noviembre del año pasado.

El informe señala, además, la probable responsabilidad de “varias autoridades estatales, a saber, policías municipales, policías estatales, policías federales, policías ministeriales y miembros del 27 Batallón (del Ejército), así como autoridades políticas del estado de Guerrero” en la desaparición de los estudiantes. Esa línea de investigación, no obstante, quedó descartada casi de inmediato por la PGR.