A cinco años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, los cabos sueltos y las irregularidades en el expediente judicial han impedido que se haga justicia en el caso. Por ello, las autoridades mexicanas anunciaron que comenzarán de nueva cuenta la investigación.
Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial del caso Ayotzinapa, se comprometió a mediados de septiembre a que esta nueva investigación sea independiente, objetiva, clara, que rompa con esa narrativa que se ha venido creando en años pasados.
“Empezará desde una base sólida, limpia, en donde quitemos todas esas irregularidades, delitos que se cometieron en contra de personas que incluso fueron inculpadas”, dijo.
Aunque el compromiso de la Fiscalía General de la República (FGR) y la insistencia del presidente López Obrador de que se resolverá el caso devuelven la esperanza a los familiares de los 43 jóvenes que fueron víctimas de desaparición forzada en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, en la práctica hay obstáculos que dificultarán la creación de un nuevo expediente.
Aquí hay un problema, que es un problema grande: el expediente está viciado de origen porque lo que hizo o no hizo la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero
Martín Barrón, criminólogo
La investigación del caso Ayotzinapa fue catalogada como homicidio en el primer momento. Este delito es de fuero común, por lo que los Ministerios Públicos de cada entidad federativa son responsables de realizar las pesquisas. La ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso hasta el 5 de octubre de ese mismo año.
En el momento, recibió el adelanto de las indagatorias de la procuraduría local. “Cuando la PGR lo atrae había un montón de omisiones; y eso se sumó a sus propios errores”, considera Barrón.
Las irregularidades en ‘la verdad histórica’
La PGR, liderada entonces por Jesús Murillo Karam, informó de la “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa en enero de 2015.
Esta versión asentada en el expediente señalaba que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron asesinados e incinerados por integrantes del cártel Guerreros Unidos, que operaba en la zona.
“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal contra los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy”, dijo en conferencia Murillo Karam.
Su versión fue desechada posteriormente por la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), colectivo enviado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que brindó asistencia técnica para la búsqueda de los estudiantes e investigar el tema.
La versión oficial de la PGR llevó a la captura de presuntos responsables que por medio de tortura o con pruebas falsas, aseguraron haber cometido un delito que coincidiera con las teorías de la PGR. Actualmente, varias de las personas aprehendidas con este mecanismo han sido puestas en libertad.
“Uno de los problemas centrales es que el Ministerio Público no sabe investigar; es la figura menos competente del sistema para investigar un delito”, pues únicamente integra la información enviada por peritos o policías, considera Barrón.
Gran parte de las irregularidades que llevaron a cuadrar ‘con calzador’ los testimonios de presuntos delincuentes con la “verdad histórica” de la PGR ocasionaron también que se desestimaran otras teorías.
Tal fue el caso de la teoría del GIEI, que sostenía que los normalistas secuestraron un autobús de Guerreros Unidos, utilizados para el trasiego de heroína.
En el caso de Ayotzinapa es obvio que hubo innumerables omisiones, ¿cómo vas a limpiar después de cinco años?
Barrón.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha dado acompañamiento al caso Ayotzinapa desde 2014, no estuvo disponible para dar comentarios.
¿Nuevo expediente, conseguir justicia?
Para elaborar de nuevo el expediente del caso Ayotzinapa es necesario saber cuál es la información relevante y qué se va a recuperar de las carpetas anteriores, es decir, se debe conocer una gran cantidad de material que ha pasado por decenas de manos distintas a lo largo de cinco años, considera el especialista.
Además, hasta donde se sabe no hay indicios nuevos que permitan fincar responsabilidades a los acusados por el caso.
“Eso no se puede limpiar porque no hay, hasta donde sabemos, nuevos indicios para el caso. Lo que se recuperó en estos años no se puede desechar”, considera el experto.
Por lo anterior, Barrón duda que la elaboración del nuevo expediente permita conocer qué pasó en realidad con los estudiantes de Ayotzinapa y llevar justicia a sus familiares.
“Yo creo que es una argucia para salir del tema. No hay forma de poder establecer qué fue lo que sucedió porque con lo que hay, no hay indicios que lo digan. Por otro lado, si se va a empezar de cero, ¿quién se va a hacer responsable de las omisiones y la mala investigación que hubo?”
