La ‘verdad histórica’ sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tiene en jaque a su autor, el exprocurador Jesús Murillo Karam y a quienes colaboraron con él en su elaboración y proclamación.
Los cuestionamientos de los padres de las víctimas y grupos forenses internacionales sobre la investigación abren la posibilidad de un juicio contra el exfuncionario y su círculo cercano, “si se comprueba que los resultados de la misma son falsos”, según Francisco Jiménez Reynoso, abogado constitucionalista de la Universidad de Guadalajara.
En ese caso, la Fiscalía General de la República (FGR) tendría elementos para enjuiciar a Murillo Karam por falsedad de declaraciones o por entorpecer “maliciosamente o por negligencia” la procuración de justicia, explica el experto.
Las penas por esos delitos van de tres a ocho años de prisión, así como a multas de 500 a 1,500 días, además de inhabilitaciones de hasta 10 años para ocupar cargos públicos, de acuerdo con lo estipulado por los artículos 225° y 247° del Código Penal Federal.
Además de Murillo Karam, hay otros dos exfuncionarios en riesgo de ser llevados a juicio por su responsabilidad en la investigación sobre la desaparición de los estudiantes: Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y José Pérez exdirector de la Unidad de Investigación del caso.
En tanto, los padres de los normalistas piden una investigación profesional y científica sobre el paradero de sus hijos “paso a paso” y no descansarán hasta que se haga justicia contra los plagiarios, como contra quienes “han ocultado la verdad” durante cinco años, advierte Felipe de la Cruz, vocero de los padres.
La verdad histórica y sus cuestionamientos
Una verdad histórica es la reconstrucción de algún suceso gracias a la recolección de todas las pruebas bajo la premisa de que los procesos de recopilación de información ayudan a conocer hechos sociales “sin errores o dudas”, escribe el profesor José Luis Eloy Morales Brand en un documento sobre el Sistema Penal Acusatorio de Aguascalientes.
Tras una investigación de cuatro meses para la reconstrucción de hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, los resultados presentados por Murillo Karam el 28 de enero de 2015 indican que presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos asesinaron y calcinaron a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, al sur de la capital guerrerense.
El supuesto móvil del secuestro habría sido que los normalistas pertenecían a un grupo delincuencial antagónico a Guerreros Unidos en la región, por lo que en un primer momento los privaron de la libertad y “finalmente de la vida”, según explicó el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.
Esa versión nunca fue aceptada por los padres de las víctimas debido a las inconsistencias halladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH encontró contradicciones y otras inconsistencias como declaraciones bajo tortura en las evidencias recabadas por las autoridades y puso en entredicho la versión oficial en el informe final de su Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa, publicado en noviembre del año pasado.
El informe señala, además, la probable responsabilidad de “varias autoridades estatales, a saber, policías municipales, policías estatales, policías federales, policías ministeriales y miembros del 27 Batallón (del ejército), así como autoridades políticas del estado de Guerrero” en la desaparición de los estudiantes. Esa línea de investigación, no obstante, quedó descartada casi de inmediato por la PGR.
Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto #Ayotzinapa presenta su Informe Final. Lee más: https://t.co/8zmzBik8A1 pic.twitter.com/ELSbwlFdkc
— CIDH – IACHR (@CIDH) November 28, 2018
Y las dudas sobre la versión planteada por la verdad histórica de Murillo Karam siguen surgiendo con el paso del tiempo. Ángela Buitrago, exintegrante del GIEI que trabajó en el caso Ayotzinapa sostiene que en el basurero de Cocula no fue incinerada ninguna de las víctimas.
“Había restos humanos, sí, porque este era un botadero de basura, pero por los informes técnicos no varía nuestra opinión de que ninguno de los estudiantes de la Normal está ahí”, declaró Buitrago el 24 de septiembre pasado en entrevista con Excelsior.
¿De qué se puede acusar a Murillo Karam?
Debido a las irregularidades y las omisiones en las investigaciones, la FGR tiene argumentos suficientes como para enjuiciar por falsedad de declaraciones o negligencia a Murillo Karam, a Tomás Zerón y José Pérez, nombrado como Director de la Unidad de Investigación del caso en 2015, dice Francisco Jiménez Reynoso.
Es un delito contra la administración de justicia “alterar, modificar, ocultar, destruir, perder o perturbar el lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos relacionados con un hecho delictivo o el procedimiento de cadena de custodia”, así como “desviar u obstaculizar la investigación del hecho delictuoso de que se trate o favorecer que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia”, según el Código Penal Federal.
Asimismo, el artículo 247° sobre falsedad de declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad dice es un delito faltar a la verdad sobre un hecho que se investiga “afirmando, negando u ocultando maliciosamente” la existencia de algún dato que pueda servir de prueba para establecer una resolución sobre el caso.
En una entrevista recientemente publicada por Milenio Televisión, Murillo Karam defendió las conclusiones de la verdad histórica y aseguró que “no tengo ningún temor de que se haga una investigación correcta” ante la pregunta sobre un posible enjuiciamiento futuro.
Sin embargo, Jiménez Reynoso difiere y sentencia que hay elementos suficientes como para llevar a juicio al también exgobernador de Hidalgo (1993-1998).
Si se llega a comprobar que la llamada ‘verdad histórica’ es falsa, los responsables de proclamarla deben ser llamados ante la justicia porque la negligencia también es un modo de corrupción
, opina el constitucionalista.
Cinco años de tormento
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador instaló la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, a cargo del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
Su objetivo es crear las condiciones “materiales, jurídicas y humanas por parte del gobierno federal, para que los familiares de las víctimas conozcan la verdad y el paradero de los estudiantes desaparecidos”.
Esta comisión ha servido para restablecer el diálogo entre los padres de los normalistas desaparecidos y el gobierno federal, que se había roto desde 2018, último año del sexenio de Enrique Peña Nieto como presidente de México.
Pero aunque la actitud del gobierno de López Obrador ha sido “totalmente diferente a la del de Peña Nieto”, más abierta y cercana, los familiares de los estudiantes no se conforman y exigen que además de averiguar el paradero de los muchachos se sancione a los responsables de estos “cinco años de tormento”.
El interés primordial de las madres y los padres de los estudiantes es saber en dónde están los jóvenes, cuál es su paradero, para que después se pueda hacer justicia. Pero para nosotros es importante que no haya impunidad, tanto para los secuestradores como para quienes los encubrieron
, dice Felipe de la Cruz.
Encinas anunció el 15 de septiembre que la FGR presentará cargos contra Murillo Karam, Tomás Zerón, y José Aarón Pérez Carro, aunque no se han publicado los delitos de las acusaciones.
La verdad histórica de Murillo Karam parece tan endeble que hasta ahora han quedado libres 74 de los 142 detenidos involucrados en los hechos, según reportes periodísticos publicados en el último mes.
La Secretaría de Gobernación dará este jueves un informe sobre nuevos hallazgos en la investigación que le presentó el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero a los familiares de los normalistas en los últimos días, según dijo López Obrador el 24 de septiembre.
