Reforma judicial, IA y aseguradoras: los temas que el Congreso dejó sin resolver
El Congreso de la Unión evalúa un periodo extraordinario para aplazar la elección judicial hasta 2028, con el fin de evitar riesgos.
El periodo ordinario del Congreso de la Unión terminó el pasado 30 de abril, con varios pendientes por resolver, como aplazar la elección judicial al 2028, la reforma para regular la Inteligencia Artificial y también las aseguradoras y los hospitales privados.
No obstante, aún no existe certeza de que exista un periodo extraordinario y necesitaría la comisión permanente del Congreso aprobarlo y que ambas cámaras estén de acuerdo. Esto tendrá que ser definido el miércoles e iniciar lo antes posible.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que las diferentes bancadas están negociando aplazar la elección judicial del 2027 al siguiente año, pero que es necesario hacerlo durante el periodo extraordinario, ya que es una reforma constitucional y se necesitan tres cuartas partes de los votos.
Solamente para recordar, en caso de que se construya el acuerdo para el periodo extraordinario que al parecer estará enfocado a la definición de las fechas para llevar a cabo la elección judicial y algunos otros temas que se han mencionado”, comentó López Rabadán del PAN.
La legisladora aseguró que los cambios a la elección judicial tienen que ser antes de acabar mayo, ya que, en caso de leyes electorales, tienen que aprobarse e implementarse 90 días antes de la siguiente elección.
Foto arte: Mariana FloresProponen reforma judicial 2.0
Tanto diputados como senadores de Morena propusieron cambios a la reforma y elección judicial, que incluyen aplazar la elección a 2028 para que no ocurra al mismo tiempo que la elección ordinaria, así como un comité único de selección de candidaturas y que estas las seleccionen por un certificado oficial emitido por la Escuela Nacional de Formación Judicial (ENFJ).
La propuesta la hicieron los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar, Mariana Benítez Tiburcio, Olga Sánchez Cordero y Alfredo Vázquez Vázquez, así como los senadores Javier Corral Jurado y Susana Harp Iturribarría, pero cada vez se agregan más.
La eventual concurrencia de elecciones judiciales con procesos electorales de naturaleza política genera riesgos institucionales. Entre los que se destacan, una menor deliberación pública sobre perfiles técnicos, y saturación informativa para el electorado”, según la iniciativa.
Proponen reformar los artículos 76, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 116 y 122 de la Constitución y corregir varios errores vistos en la anterior elección judicial, aunque hasta ahora no se sabe si se discutirán todas las propuestas o solo aplazar la fecha.
Reformar el uso de IA
Mientras que en el Senado, uno de los pendientes que arrastran es la reforma que establece un marco normativo al uso de la IA en México, con el propósito de garantizar derechos humanos de los usuarios, así como su privacidad y la protección de datos personales.
La propuesta que fue hecha por el legislador priísta Rolando Zapata Cuello, se esperaba su discusión el pasado 22 de abril, no obstante, retiraron la propuesta un día después y se sugirió que es probable que la discutan si se organiza un periodo extraordinario.
Entre sus propuestas está la creación de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, clasificación de riesgos, nuevas instancias de coordinación y obligaciones para quienes desarrollen, ofrezcan o utilicen herramientas de IA.
Ley de Seguros, en la incertidumbre
En cuanto a las nuevas regulaciones para aseguradoras y hospitales privados la iniciativa se mantiene en incertidumbre, ya que el pasado 28 de abril se anunció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pidió retirar la propuesta para un mayor análisis de esta, por petición de las aseguradoras.
En conferencia de prensa, el diputado del PRI, Jericó Abramo Masso, indicó que hubo “empresas morales” que solicitaron más tiempo a Hacienda y a Diputados para analizar la propuesta.
La iniciativa proponía darle más “dientes” a la la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) contra el abuso de aseguradoras, además de obligar a los hospitales a presentar ante la Secretaría de Economía el costo de sus servicios.
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