México llega a evaluación del GAFI con avances legales, pero desafíos contra el lavado de dinero
El especialista destacó la calidad de los análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque advirtió que el desafío es convertir esa información en investigaciones, vinculaciones a proceso y sentencias por lavado de dinero.
México enfrentará la etapa final de la quinta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con nuevas herramientas legales para combatir el lavado de dinero, pero con el desafío de demostrar resultados en investigaciones, sentencias y recuperación de activos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este 20 de octubre que el proceso se encuentra en su fase final, previo a las reuniones de trabajo y la plenaria del organismo internacional, que se celebrarán del 26 al 30 de octubre de 2026.
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La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre el avance de la Evaluación Mutua de México ante el GAFI.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa sobre los avances de México en el marco de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que evalúa directamente a México, a diferencia de otros países de América Latina cuyos procesos de evaluación se desarrollan en el ámbito del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). El proceso se encuentra en su etapa final, frente a las reuniones de trabajo y la Plenaria que se celebrarán del 26 al 30 de octubre de 2026.
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— Hacienda (@Hacienda_Mexico) October 20, 2026
En entrevista con EL CEO, Sandro García Rojas Castillo, socio director de LEXQUO y exvicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), explicó que México cuenta con un marco regulatorio sólido, pero necesita traducirlo en resultados concretos.
México tiene leyes, autoridades y un sistema financiero que cumplen con estándares internacionales. El reto de estos años es convertir eso en investigaciones, sentencias y recuperación de activos que se puedan medir. Y eso es exactamente lo que evalúa la quinta ronda del GAFI: la efectividad”, señaló.
El especialista destacó la calidad de los análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque advirtió que el desafío es convertir esa información en investigaciones, vinculaciones a proceso y sentencias por lavado de dinero.
También identificó pendientes en la recuperación de activos, la supervisión de actividades vulnerables y la identificación de beneficiarios finales de empresas y otras estructuras jurídicas.
Como parte de la evaluación, un equipo del GAFI visitó México en marzo de 2026 para revisar el funcionamiento del sistema antilavado, que involucra a autoridades de supervisión, procuración de justicia y seguridad, así como a los sectores financiero y no financiero.
Urgen plan nacional contra el lavado de dinero
Para García Rojas Castillo, el siguiente paso en la estrategia mexicana debe ser la implementación de un plan nacional contra el lavado de dinero, con objetivos medibles y una mayor coordinación entre las autoridades, en lugar de impulsar nuevas reformas legales.
El especialista destacó que México actualizó su marco regulatorio con la reforma a la Ley Antilavado y al artículo 400 Bis del Código Penal Federal, publicada el 16 de julio de 2025, así como con las modificaciones al reglamento de dicha legislación.
Lo que sigue no es legislar más, sino ejecutar: un plan nacional de efectividad con metas, responsables, plazos e indicadores”, sostuvo.
García Rojas Castillo consideró que uno de los principales desafíos está en mejorar la coordinación entre las autoridades encargadas de investigar y perseguir estos delitos, ante la complejidad del sistema de procuración de justicia y el elevado uso de efectivo en la economía mexicana.
También señaló que las actividades vulnerables, entre ellas las operaciones inmobiliarias, notariales y de comercialización de joyería, requieren una supervisión basada en riesgos que permita verificar el cumplimiento de las disposiciones legales.
El especialista explicó que contar con un plan nacional permitiría atender las recomendaciones que eventualmente emita el GAFI, con acciones y plazos definidos para demostrar avances en los siguientes procesos de seguimiento.
México, fuera de la lista gris del GAFI
Aunque la evaluación internacional puede derivar en recomendaciones y mecanismos de seguimiento, México no forma parte de la lista gris del GAFI, que identifica a las jurisdicciones sujetas a mayor vigilancia por deficiencias estratégicas en sus sistemas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
García Rojas Castillo explicó que la evaluación mutua y la eventual inclusión de un país en esa lista son procedimientos distintos, por lo que un resultado desfavorable no implica su incorporación automática.
La lista vigente, del 19 de junio de 2026, tiene 22 jurisdicciones y México no figura; la evaluación mutua que se discute en estos días y la lista son procesos distintos”, puntualizó.
De acuerdo con el especialista, los países que presentan determinadas deficiencias pueden ser sometidos a un proceso de revisión que contempla un periodo de observación antes de una eventual inclusión en la lista.
La incorporación puede tener consecuencias para el sistema financiero, entre ellas mayores costos de cumplimiento, dificultades en las relaciones de corresponsalía bancaria y una menor disposición de instituciones extranjeras para operar con determinadas contrapartes.
El exfuncionario de la CNBV descartó, por su parte, un escenario en el que México sea incorporado a la denominada lista negra, correspondiente a jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción, en la que figuran Irán, Corea del Norte y Myanmar.
Designación de cárteles en EU, otro factor de atención
La designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos también ha incrementado la atención sobre los mecanismos para prevenir el financiamiento al terrorismo, aunque no modifica por sí misma la metodología de evaluación del GAFI, explicó García Rojas Castillo.
El especialista señaló que el organismo internacional utiliza estándares sustentados en convenciones de Naciones Unidas y resoluciones de su Consejo de Seguridad, por lo que las decisiones adoptadas por un gobierno extranjero no determinan automáticamente los criterios de evaluación.
Lo veo como un factor de atención que vuelve más relevante el componente de financiamiento al terrorismo en la evaluación”, dijo.
No obstante, consideró que las designaciones pueden llevar a las autoridades estadounidenses y a los bancos corresponsales a examinar con mayor detalle la manera en que México identifica y administra los riesgos relacionados con estas organizaciones.
En ese contexto, García Rojas Castillo destacó la importancia de fortalecer la cooperación bilateral y demostrar que las instituciones mexicanas cuentan con mecanismos para identificar y mitigar los riesgos asociados al financiamiento al terrorismo.
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