Ley Antilavado: empresas pueden recibir multas de hasta 7.6 millones de pesos por incumplimiento
Con las nuevas regulaciones de la Ley Antilavado, las empresas con actividades vulnerables están bajo la lupa de la UIF.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado, a la que están sujetas todas las empresas y negocios que operan en México, podría causarles pérdidas de hasta 7.6 millones de pesos.
De acuerdo con un estudio de Regcheq, desde el 1 de febrero todas las organizaciones sujetas a la ley pueden recibir multas de entre 10,000 y 65,000 UMA (Unidad de Medida y Actualización), equivalentes a hasta 7.6 millones de pesos, con base en un valor de 171.31 pesos por UMA. También pueden ser sancionadas con entre 10% y 100% del valor del acto u operación.
En el caso de las infracciones de menor gravedad, la sanción será de entre 200 y 10,000 UMA, por lo que todas las sanciones están sujetas al artículo 54, fracción III, de la LFPIORPI.
Fotoarte: Natalia MontielLas implicaciones de la Ley Antilavado
De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos 2023 de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el país existían 111,191 sujetos obligados al régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Del total, 96.8%, equivalente a 107,642, correspondían a personas físicas y morales que realizan actividades vulnerables: las más probables de recibir una sanción.
La Guía Nacional de Riesgos, las actividades vulnerables con mayor exposición o riesgo operativo de estar relacionadas con el lavado de dinero son aquellas vinculadas principalmente con la comercialización de obras de arte, la venta de metales preciosos, piedras preciosas, joyas y relojes.
Además, otro sector identificado con un alto nivel de riesgo son los monederos, certificados de devolución, recompensas y mecanismos similares. Dentro del riesgo medio, destacan actividades relacionadas con crédito, mutuo y préstamos, principalmente en relación con el manejo de recursos financieros.
Sumado a ello, señala el estudio, la naturaleza de la operación o el hecho de que tengan una relación interconectada con organizaciones de los rubros antes mencionados basta para que las empresas puedan estar sujetas a sanciones, revisiones o visitas de verificación.
Los riesgos para el sector: trámites y desconocimiento
Según el estudio de la firma, tras la reforma a la Ley Antilavado de 2025, más del 90% de las empresas no tenían conocimiento de las actualizaciones regulatorias realizadas ni claridad sobre las obligaciones para las actividades vulnerables. Actualmente, la cifra ronda cerca del 40%.
Además del desconocimiento, la falta de procesos claros también representa un reto para las compañías, especialmente cuando las obligaciones regulatorias se gestionan de manera aislada, manual o desordenada.
Tan solo en 2023, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a nivel nacional solo 25.3% de las unidades económicas utilizaban equipo de cómputo, mientras que 26.2% empleó internet para llevar a cabo sus actividades, por lo que la mayoría del mercado todavía depende de procesos manuales o semimanuales.
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