Trabajo forzado de China pone a México en la mira de EU en medio de la revisión del T-MEC

En Estados Unidos la lista es detallada: algodón, filetes de pescado, granos de cereales, calzado, placas de cobre, electrodomésticos, semiconductores, maquinaria. Son parte de los cargamentos de productos sospechosos de haber sido manufacturados en otros países mediante trabajo forzoso, y que el gobierno estadounidense ha impedido la entrada a su territorio.

Al otro lado de la frontera, en México, no hay rastro de cargamentos retenidos por estar vinculados a la mano de obra forzada. Más allá de la comparativa surge una incógnita mayor: ¿Qué está haciendo México para cumplir las obligaciones que asumió respecto al artículo 23.6 del Capítulo Laboral, en el T-MEC?

Este artículo establece que Canadá, Estados Unidos y México deben prohibir la importación de mercancías a sus territorios producidas, en su totalidad o en parte, mediante formas de trabajo forzoso u obligatorio —incluido el trabajo infantil forzoso—.

Un análisis realizado por EL CEO entre los mecanismos de Estados Unidos y México revela que, mientras el gobierno estadounidense publica estadísticas detalladas sobre las mercancías detenidas por posibles vínculos con trabajo forzoso, en México no quedan claras las medidas adoptadas, al grado que no existe un solo caso público de importaciones rechazadas bajo ese criterio, pese al compromiso en el T-MEC.

Además, organizaciones civiles han denunciado ante las autoridades federales que México ha importado mercancías de empresas chinas señaladas de trabajo forzado.

Este escenario mexicano se da en medio de las negociaciones comerciales con Estados Unidos, y luego que Washington propuso en junio pasado un arancel adicional de 10% a las importaciones provenientes de México, argumentando incumplimientos a las reglas sobre trabajo forzado.

Made in trabajo forzoso

Expertos de la Organización de las Naciones Unidas emitieron un informe —en enero de 2026— sobre el trabajo forzado que afecta a grupos minoritarios uigures, kazajos y kirguises, así como a los tibetanos dentro de la Región Autónoma Uygur de Xinjiang y en otras partes de China.

El documento señala: ​​”Están sometidos a un seguimiento sistemático, vigilancia y explotación, sin opción a rechazar o cambiar el trabajo debido a un temor generalizado al castigo y la detención arbitraria”.

Se ha documentado además, que algunos de estos trabajadores terminan produciendo diversos componentes para empresas globales de tecnología.

Acciones de EU contra el trabajo forzoso

Para evitar el ingreso de estos productos, EU implementó en junio de 2022 la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uygur (UFLPA).

Esta normativa establece una presunción refutable de que todos los bienes producidos en la Región Autónoma Uygur de Xinjiang de China —o por entidades incluidas en la ‘lista negra’—, han sido fabricados con trabajo forzado, hasta que se demuestre lo contrario, y están prohibidos para entrar a EU.

Desde entonces gobierno del presidente republicano Donald Trump genera una serie de estadísticas públicas en su página de internet, de datos oficiales y actualizados periódicamente, que permiten observar el número de embarques revisados, retenidos, liberados, rechazados o que siguen pendientes bajo la aplicación de la UFLPA.

También muestran el valor de las mercancías, su origen, el sector económico al que pertenecen y el resultado de la inspección aduanera.

El mecanismo mexicano contra el trabajo forzoso

En México, apenas en junio de 2025, a través de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía (SE), arrancó un mecanismo de denuncia sobre importaciones de mercancías producidas bajo este criterio, y permite a cualquier persona presentar una denuncia a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM).

La STPS inicia el procedimiento para determinar la existencia o no de estas modalidades de trabajo. Sin embargo, a la fecha no hay evidencia que existan “determinaciones disponibles”, que se puedan consultar respecto a investigaciones dentro de este Mecanismo de Trabajo Forzoso, de acuerdo con los datos del mismo portal de la dependencia.

China, un socio comercial de México

El informe de la ONU también resalta que los bienes producidos entran en las cadenas de suministro mundiales indirectamente a través de terceros países: “lo que plantea cuestiones más amplias sobre la eficacia general de las restricciones comerciales específicas y la diligencia debida en materia de derechos humanos en la regulación de las cadenas de suministro”.

Para México, China se ha convertido en el segundo socio comercial, después de Estados Unidos, por lo que también es el segundo importador de mercancías. Tan sólo entre enero y abril de 2026 éstas representan un valor de poco más de 37,000 millones de dólares, de acuerdo con una revisión de datos públicos de la plataforma Data México.

Un litigio en los tribunales de México

En México, la falta de aplicación de estas restricciones del T-MEC ha comenzado a exhibirse en los tribunales. En mayo de 2026, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) atrajo el primer caso para determinar si las autoridades mexicanas están obligadas a investigar denuncias por mercancías presuntamente vinculadas a mano de obra forzada.

El litigio surge tras el rechazo de una denuncia —presentada en 2023— ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por las organizaciones ProDesc y Empower.

Ese mismo año Empower dio a conocer, a través de una investigación periodística, que en 2022 el gobierno del municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua –y otros municipios–, compró equipo tecnológico de cámaras de las marcas chinas Dahua y Hikvision.

Ambas empresas están vetadas por el gobierno estadounidense ante la amenaza de espionaje del gobierno chino, pero también acusadas por gobiernos y organizaciones de estar vinculadas al trabajo forzoso.

STPS desestima la denuncia por trabajo forzoso

Entre los argumentos para rechazarla fue que no se presentó información adicional en relación con las cadenas de suministro. Elizabeth Rosales, periodista de Empower, recuerda que fue una serie de requisitos bastante técnicos e imposibles de presentar.

“Cosas que ni siquiera son públicas por ley, información de los cargamentos que ingresan al país con esa información reservada por secreto aduanal”, detalla.

Rosales es sarcástica ante lo solicitado. “Para poder aceptar un caso, o sea, necesitan que literal entremos a las fábricas y que agarremos infraganti a la gente encadenada (…) Sí pudimos proveer bastante documentación, al menos para demostrar cómo el producto tenía insumos de esta región y también informes de organizaciones que han tenido la oportunidad de documentar lo que sucede en estos campos, en esa región. Testimonios de personas que lograron escapar”, dice.

El abogado de ProDesc, Edmundo Estefan, enfatiza que en relación a esta denuncia es garantizar el acceso a la información y que las cadenas de suministros cumplan una perspectiva y un enfoque de derechos humanos.

“Al margen del T-MEC, pensémoslo en la perspectiva de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la perspectiva del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o los tratados que proscriben toda forma de esclavitud contemporánea “, indica.

“Da cuenta de un contexto bastante grave en el cual un estado que no actúa con una debida diligencia, evade o evita tomar una acción concreta contra el importación de productos manufacturados presuntamente bajo condiciones del trabajo forzoso”, subraya.

Implicaciones para México

La presión política y el aumento de aranceles por parte de EU, son algunas de las implicaciones que el gobierno de México tendría en caso de no cumplir con los acuerdos para impedir la entrada productos vinculados al trabajo forzoso.

Edmundo Estefan, abogado de ProDesc, señala que el gobierno de Donald Trump podría adoptar medidas de salvaguarda, en las que se restrinja la importación de productos mexicanos, debido a que son cuestiones que avala el T-MEC.

“Evidentemente tiene una connotación política, una presión por parte del gobierno estadounidense que se hace más clara en el contexto actual”, evidencia. Además, aclara, esto no es solo por el Tratado, sino que el Estado mexicano cumpla y atienda sus obligaciones en materia de prevenir, investigar y sancionar cadenas comerciales que implican una manufactura a través de trabajo forzoso.

El riesgo es lo que ya se ha visto, con las amenazas de imponer aranceles a los bienes que no están protegidos y no cumplen las regulaciones del T-MEC, expone Amy L. Glover, CEO y cofundadora de la firma Agil (e).

“El incumplimiento es otra herramienta que Estados Unidos podría usar para presionar a México (…) Mucho de esto se basa en lo que está buscando lograr Estados Unidos: cerrar la puerta a China”, precisa la politóloga y experta en relación bilateral México – EU. “Y creo que eso conviene también a México, ciertos productos de baja calidad que a lo mejor no están cumpliendo con las normas en general tampoco queremos que entren en nuestro país”, agrega.

Las principales importaciones de China hacia México en 2026 han sido teléfonos móviles y de redes inalámbricas, partes y accesorios de máquinas, partes y accesorios de vehículos automotores, automóviles, circuitos electrónicos integrados, máquinas de unidades de procesamiento, circuito, impresos entre otros.

Medidas para prevenir el trabajo forzoso

Para frenar el ingreso de estas mercancías al territorio nacional, los especialistas señalan que se deben de implementar distintas medidas, como la coordinación entre las dependencias como la STPS, SE y Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), además de tener acuerdos de investigación con otros países.

Edmundo Estefan, destaca que primero deben resolver cómo circula la información entre las dependencias y ante la mínima sospecha de que algún cargamento que se haya producido bajo trabajo forzado, se debería de generar el interés del Estado para investigarlo

“Estados Unidos lo hace así. No es tanto si hay investigaciones de oficio, sí las hay, pero de inicio a todas las mercancías que ingresan deben, sobre todo de esta región (Xinjiang), deben demostrar que tienen conocimiento de cómo, cuál es su cadena de suministro, de dónde provienen los insumos, qué empresas son las que participaron y en qué condiciones”, expone. “Si aquí el Estado no tiene la capacidad de investigarlo, entonces que fuera un requisito para que ingresen las mercancías”, agrega.

Investigar la producción de mercancías sospechosas

Otra medida sería que las autoridades mexicanas podrían guiarse en las estadísticas de la aplicación de la UFLPA, para revisar las importaciones que se están dando en el territorio nacional.

Amy L. Glover, plantea que se podrían generar más acciones para cumplir con las revisiones: “cerciorarse que productos que en efecto sí están producidos con trabajo forzoso o sin un respeto a los derechos humanos se bloqueen”.

Lo otro es tener acuerdos con otros países para investigar. “Pero también alguna vez metí una solicitud (de información por Transparencia) para preguntarles con qué países tienen acuerdos para poder hacerlo y (me respondieron que) tampoco había esos acuerdos”, sentencia la periodista Elizabeth Rosales.

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