A principios del 2020, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano presentó el Programa Nacional de Vivienda, el cual contiene los lineamientos que debe cumplir la política nacional de vivienda, y recientemente amplió esa información con las acciones puntuales que han de poner en marcha las distintas instituciones involucradas.
Juntos, organismos como la Sedatu, el Infonavit, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y otras dependencias, deberán poner en marcha las acciones concretas publicadas recientemente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El documento contiene cinco objetivos principales:
- Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las personas.
- Garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los distintos órdenes de gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos.
- Fomentar conjuntamente con el sector social y privado, condiciones que propicien el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada
- Asegurar el derecho a la información y la rendición de cuentas de todos los actores del sistema de vivienda adecuada
- Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que considere la vivienda adecuada como elemento central de planeación del territorio
Estos objetivos se basan en el escenario actual en materia de vivienda, que entre otras cosas se ve impactado por un rezago de al menos 8.3 millones de viviendas, según la Conavi, así como la falta de certeza jurídica, pues alrededor del 16.3% de las viviendas propias habitadas carecen de escrituras.
Además hay un mercado informal de arrendamiento. La Sedatu estima que solo el 41% de las viviendas rentadas a nivel nacional cuentan con un contrato que establece las condiciones de arrendamiento, factores que en conjunto vulneran la seguridad de la vivienda de las personas.
A esto se suma la dificultad de acceder a financiamiento, pues aunque es el Infonavit el más importante generador de crédito a la vivienda en el país, solo ha financiado al 20.8% del total de los hogares ocupados del país, según el último Censo de Población y Vivienda de INEGI.
Para aliviar esa situación se prevén una serie de acciones específicas como la creación de una canasta básica de materiales para la construcción, más facilidades de pago para los créditos y financiamientos, de los cuales deben encargarse tanto el Infonavit como la Sociedad Hipotecaria Federal.
También se prevé impulsar el uso de ecotecnias, particularmente en sitios de rezago habitacional, en donde existen viviendas sin acceso a servicios básicos. Otra de las acciones previstas son: Impulsar programas de asistencia jurídica desde los gobiernos locales y estatales para facilitar la escrituración de las viviendas, especialmente en poblaciones vulnerables.
Otro de los ejes se centra en desarrollar instrumentos distintos a la adquisición, por ejemplo cooperativas de vivienda, vivienda en renta, alquiler con opción a compra, lotes con servicios, y cualquier tipo de esquema que flexibilice el acceso a la vivienda.
Las estrategias concretadas
El Infonavit es uno de los organismos con más tareas asignadas y ha iniciado con algunas de sus tareas, entre ellas el nuevo sistema de cobranza; más recientemente con la reforma y la flexibilización de esquemas de adquisición.
Así, el fondo presentó un nuevo crédito en pesos este 14 de junio. El principal cambio es que este instrumento tendrá una tasa de interés fija a lo largo del tiempo del financiamiento y esa tasa será definida según los ingresos del derechohabiente.
Los salarios mensuales de entre 4,000 a 5,000 tendrán una tasa de entre 1.91% y 3.3%, mientras que personas con ingresos de 16,000 pesos o más tendrán una tasa del 10.45%.
“Esperamos una expansión de actividad crediticia de alrededor del 7.4%, solo contando el cambio en las condiciones de crédito” dijo Carlos Martínez, director del instituto en conferencia de prensa.
Este nuevo esquema está disponible desde mayo y todos los créditos en pesos formalizados desde entonces ya cumplen con estas características.
