Viviendas para el Bienestar: entre deslaves y contratos para inexpertos
El deslave ocurrido en una de las Viviendas para el Bienestar en Bosques de Río Medio, Veracruz, es más serio de lo que parece y el Infonavit, ¿lo sabe?
Las intensas lluvias que azotaron al estado de Veracruz provocaron un severo deslave de 50 metros en el complejo Viviendas para el Bienestar en Bosques de Río Medio, destruyendo calles, banquetas y postes de luz en la zona.
Según la información dada a conocer, el colapso ocurrió en una sección deshabitada que sigue bajo su última etapa de construcción a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), sin embargo, se determinó que una deficiencia en la urbanización facilitó la erosión total del suelo.
Ante esta situación, los vecinos de la zona hicieron un llamado urgente a la Sedatu e Infonavit para llevar a cabo la construcción de un muro de contención y señalaron que la tala del monte de la zona, el cual se ha visto afectado por las obras federales, inunda constantemente sus patrimonios. Pero, esto es algo que ocurre en una obra supervisada por las autoridades, ¿qué ocurre con las que no?
De Patrimonio Provisa a excontratistas de Pemex con contratos millonarios, así las Viviendas para el Bienestar
Para entender la complejidad de lo que significa el riesgo de las obras de las Viviendas del Bienestar, tenemos que hablar de la información que publicamos en EL CEO, ahí se identificó que al menos tres de los grupos empresariales beneficiados —por más de 4,488 millones de pesos— en contratos para construir estas casas fueron, hasta hace pocos años, contratistas de Pemex dedicados al transporte de hidrocarburos, obra civil o infraestructura petrolera.
Dentro de las empresas, Patrimonio Provisa es una de las pocas encargadas de construir dichos espacios de unos 60 metros cuadrados, que prometen cumplir el sueño de un hogar propio para “los mexicanos que más lo necesitan” que sí tiene experiencia desarrollando vivienda.
Y no solo eso, en la información dada a conocer, se encontró que además de excontratistas de Pemex, se encuentran empresas nuevas y perfiles ajenos al sector inmobiliario. Entre ellas destaca Inmobiliarios Mexicanos, ligada al empresario Rolando Cantú Barragán, que obtuvo un contrato superior a 598 millones de pesos para construir cerca de 1,000 viviendas en Veracruz.
La adjudicación ocurrió mientras empresas de la familia Cantú mantenían reclamos por adeudos de Pemex. Su firma de transporte, Titsa, conserva contratos por más de 1,700 millones de pesos para movilizar hidrocarburos hasta 2026.
Otro de los principales beneficiarios es Interservicios de Tabasco, que recibió 3,335 millones de pesos para desarrollar 6,064 viviendas. La compañía está vinculada a Óscar Rafael Garza Adame y Óscar Rafael Garza Ravers, empresarios con historial como contratistas petroleros.
Fotoarte: Israel ÁguilaLos amigos de las Viviendas para el Bienestar
La investigación también identificó que empresas relacionadas con la familia Yunes obtuvieron contratos superiores a 1,700 millones de pesos. Entre ellas figura Azteca Construcciones Industriales, favorecida con 554.4 millones de pesos para proyectos habitacionales en Veracruz.
Además de Azteca, las compañías Amebi y Patrimonio Provisa sumaron cuatro contratos por alrededor de 1,161 millones de pesos en Veracruz y Oaxaca. Entre sus accionistas aparecen personas vinculadas al entorno político local.
En Tabasco, constructoras con nexos empresariales cercanos al grupo político de Adán Augusto López Hernández también fueron seleccionadas. Construvivienda Tecnológica obtuvo 1,651 millones de pesos para levantar 2,892 viviendas en Huimanguillo.
Los contratos fueron firmados principalmente por Marcos Manuel Herrería Alamina, actual secretario general del Infonavit y colaborador cercano de Octavio Romero Oropeza.
Con todo y obras, ¿quién supervisa las casas del Infonavit?
Con el deslave, en una obra a cargo de una constructora con experiencia, se abren cuestionamientos sobre los mecanismos de vigilancia en el programa de vivienda. Si eso ocurre en firmas consolidadas, la supervisión sobre empresas con menor trayectoria debería ser más estricta.
La discusión no se limita a un caso particular. También pone sobre la mesa si los procesos de control, revisión técnica y seguimiento de obra son suficientes para un proyecto que busca construir cientos de miles de viviendas.
A pesar de esto, el punto central es determinar si el Infonavit cuenta con mecanismos efectivos para garantizar que las casas financiadas con recursos públicos cumplan los estándares de calidad, seguridad y habitabilidad comprometidos por el programa, cosa que con las empresas grandes aún queda por resolver.
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