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Política

Infonavit adjudicó 505 mdp en limpieza a empresa señalada por trabajadores

El contrato de tres años contempla servicios de limpieza para el Infonavit, mientras trabajadores de PROAM han denunciado irregularidades.

Publicado el 22 de septiembre, 2026

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) adjudicó directamente a PROAM Administración un contrato por 505.4 millones de pesos para prestar servicios de limpieza y suministrar insumos en sus oficinas durante tres años. La asignación se formalizó el 16 de marzo de 2026, semanas después de que trabajadores de la empresa denunciaran presuntas irregularidades en sus condiciones laborales.

El registro de contrataciones del instituto correspondiente al segundo trimestre de 2026 identifica el acuerdo como CT-0079-26. El servicio abarca oficinas en 16 entidades, entre ellas Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guanajuato, Michoacán y Querétaro. Su vigencia concluye el 15 de marzo de 2029 y el monto, con impuestos incluidos, asciende a 505 millones 404 mil 305.61 pesos.

La Secretaría General y la Subdirección de Administración y Servicios aparecen como áreas solicitantes. El registro clasifica el procedimiento como adjudicación directa.

Los contratos federales localizados del Infonavit

En el archivo de contrataciones federales consultado por EL CEO aparecen cuatro contratos previos de PROAM, fechados en 2013, 2015 y 2025, por un total de 2.44 millones de pesos. Esa cifra corresponde únicamente a los registros localizados en dicho archivo y no representa la totalidad de los contratos públicos que pudo haber obtenido la empresa.

Tres de esos acuerdos fueron para suministrar equipo de protección civil, artículos y químicos de limpieza, y materiales de oficina. El cuarto, asignado por Caminos y Puentes Federales en 2025, fue por 823 mil pesos para servicios de limpieza en campamentos de conservación de la Red Fonadin. Comenzó en abril de ese año, menos de 12 meses antes del contrato del Infonavit.


EL CEO la revista Septiembre

Los documentos del Registro Público de Comercio muestran que PROAM fue constituida en 2011. En la distribución accionaria inscrita en enero de 2025, Juan Martínez Araujo posee 98% del capital y Juan Gerardo Martínez Gama, 2%.

La empresa incorporó los servicios especializados de limpieza y mantenimiento a su objeto social en 2021. En 2024 añadió, entre otras actividades, jardinería, fumigación y sanitización. Una nueva ampliación, aprobada en enero de 2026 para incluir la comercialización de productos de limpieza y la recolección de residuos, quedó inscrita el 17 de marzo, un día después de la fecha del contrato con el Infonavit. La limpieza ya formaba parte de sus actividades autorizadas desde 2021.

Fotoarte: Mariana Flores

Reclamos de trabajadores

En febrero de 2026, trabajadores de PROAM asignados a instalaciones médicas del ISSEMyM denunciaron presunta falta de afiliación al IMSS, comprobantes de pago, uniformes y equipo de protección, además de retrasos salariales y malos tratos. De acuerdo con la publicación que dio cuenta del escrito⁠, los empleados solicitaron la intervención de autoridades laborales.

Los reclamos continuaron meses después. El 21 de septiembre, trabajadores que dijeron prestar servicios de limpieza en unidades del ISSEMyM se manifestaron en la caseta de La Venta, sobre la autopista México-Toluca. Quadratín Estado de México reportó⁠ que exigían el pago de salarios que, según afirmaron, seguían pendientes. Las denuncias de los trabajadores no constituyen por sí mismas una resolución de la autoridad laboral.

Adjudicaciones directas bajo revisión pública

El contrato de PROAM forma parte de las asignaciones del Infonavit durante la gestión de Octavio Romero Oropeza. Una revisión pública encontró que 126 contratos adjudicados directamente por al menos 4 mil 212 millones de pesos desde octubre de 2024 y hasta los registros del segundo trimestre de 2026. La suma considera el valor total de contratos plurianuales, no solo los pagos efectuados a la fecha.

En el caso de PROAM, queda por conocer el expediente que sustenta la excepción a un concurso abierto, así como la evaluación de las condiciones ofrecidas por el proveedor para un servicio de tres años. La documentación revisada confirma la modalidad, el monto y la vigencia del contrato; no acredita por sí sola una irregularidad en la adjudicación.

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