Una polémica se ha desatado entre desarrolladores inmobiliarios y el gobierno de la Ciudad de México, a consecuencia de las acciones tomadas por representantes de la nueva administración capitalina a cargo de Claudia Sheinbaum.
En días pasados, 12 de las 16 alcaldías de la CDMX acordaron detener la recepción de documentos en las Ventanillas Únicas Delegacionales para la expedición de permisos de nuevas construcciones, debido a “las modificaciones que se realizan en la estructura, así como las facultades y atribuciones correspondientes a las alcaldías para eficientar el procedimiento de cambio de administración” indicaban en la Gaceta Oficial.
Se trata de las alcaldías Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Magdalena Contreras, Azcapotzalco, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y Coyoacán, las cuales acordaron detener el procedimiento por un plazo de dos semanas o hasta los primeros días de enero 2019, como es el caso de la delegación Benito Juárez.
El alcalde @STaboadaMx informó sobre la conclusión de los trabajos de demolición de tres niveles en Patriotismo 771 como parte de las primeras acciones para erradicar desarrollo inmobiliario irregular.
🚧https://t.co/w9ubQYTrcC pic.twitter.com/An5DO5fh6v— Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) October 10, 2018
En el mismo sentido, el Congreso de la Ciudad de México solicitó al actual jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, ordenar una moratoria urbana que se aplique a las 16 alcaldías para detener los permisos hasta que se defina la nueva política de desarrollo urbano, lo cual fue una propuesta de campaña de la futura jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
El Programa de Gobierno de la Ciudad de la próxima administración plantea generar, con apoyo de la ciudadanía, un nuevo Programa General de Ordenamiento Territorial y nuevos programas de desarrollo urbano.
“Estableceremos los usos de suelo y revisaremos las diferentes normas e instrumentos de ordenamiento que regulan la intensidad, ocupación y formas de aprovechamiento del suelo y el espacio urbano, así como la transferencia de potencialidades de desarrollo urbano y las características de las edificaciones”.
A la par, se instrumentarán consultas públicas vinculatorias para garantizar que los pagos asociados a la mitigación de desarrollos inmobiliarios sean aplicados a la infraestructura urbana y a la promoción de un estudio único de impacto urbano.
Posterior a los pronunciamientos hechos por los alcaldes en torno al tema, organizaciones del sector también dieron su opinión al respecto. En conferencia de prensa el presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Salvador Daniel Kabbaz, comentó que están de acuerdo con el cierre temporal de las Ventanillas Únicas. “Lo entendemos, es algo normal”.
Con lo que no están de acuerdo es con la intención de detener el desarrollo inmobiliario. “Parece que no entienden cómo es el funcionamiento. Se habla de detener las megaconstrucciones de más de 10,000 metros cuadrados”.
Y añadió: “resulta que esos ‘megadesarrollos’ son los únicos que pasan por un proceso de revisión de gobierno central; son las únicas construcciones que pagan impactos de mitigación y que pagan una donación del 10% del predio”.
Según el líder de la ADI, los pequeños desarrolladores están menos vigilados y son quienes incumplen con las normas de construcción.
En un documento emitido con motivo del sexto informe de gobierno, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX dio a conocer que existen 156 edificaciones que exceden los niveles de construcción permitidos.
El presidente de la ADI dijo que de esos inmuebles que violan la norma, ninguno pertenece a los agremiados de la Asociación. Detalló que existe un miembro que por incumplimientos se encuentra en proceso de expulsión aunque no aclaró de quién se trata.
En entrevista, la especialista del Centro de Estudios Demográficos y Urbanos del Colegio de México, Clara Eugenia Salazar Cruz, comentó que en la ciudad se ha preponderado únicamente la actividad económica sin revisar a conciencia los impactos sociales.
“Me parece muy adecuado que se detengan los permisos. Antes deben quedar las reglas claras. Se han dado muchas ventajas para los promotores inmobiliarios y uno de los problemas que tenemos por ello es que se sigue incrementado sin control el precio de la vivienda”, comentó.
Daniel Kabbaz señaló durante la conferencia que detener el proceso inmobiliario pone en riesgo la viabilidad de las empresas, por lo que se perderían alrededor de 100,000 empleos relacionados con la construcción y que incluso podría encarecerse entre 15 y 20% el valor de las propiedades.
Sin embargo, para la especialista, el incremento en los precios es parte de la misma dinámica del sector. “Todas las construcciones tienen un impacto en el precio del suelo. Si se anuncia hoy un proyecto al otro día se comienza a especular. No es privativo de que se detenga el desarrollo”.
Expuso que es la desarticulación entre la iniciativa privada y el gobierno, así como la falta voluntad política por disminuir las brechas de desigualdad lo que provoca puntos de conflicto en el ordenamiento de la ciudad, como los problemas de movilidad, el establecimiento de asentamientos humanos irregulares o construcciones fuera de la norma.
