Una nube de desconfianza cubrirá la próxima consulta del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este viernes, miembros de la Secretaría de Gobernación (Segob) presentaron los detalles de la consulta pública que se llevara este fin de semana en los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos, sobre el Proyecto Integral Morelos y con la que el gobierno federal determinará la puesta o no en marcha de una planta termoeléctrica en el la localidad de Huexca, Morelos.
Sin embargo, el “ejercicio participativo”, nombre bajo el cual fue presentado por la Segob, no contará con el respaldo del Instituto Nacional Electoral (INE).
Esta determinación la tomó el Consejo General del INE, desde el pasado 19 de febrero, tras resolver que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no aprobó la pregunta que se plasmará en las boletas de este sábado y domingo y que es un requisito que marca la Constitución Política.
El INE además resaltó que la consulta no corresponde al mecanismo establecido en el Artículo 35° constitucional, por lo que eliminó su injerencia.
En la consulta tampoco coadyuvará ninguna organización o fundación, como sí se hizo en octubre del año pasado, en la consulta sobre la construcción de Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.
La ciudadanía tendrá la última palabra. Conferencia matutina en vivo. https://t.co/fwhWkSlfIC
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) 22 de febrero de 2019
En la metodología presentada esta mañana en la página que lanzó Segob para blindar de transparencia el “ejercicio participativo” – participaciónsocial.gob.mx— únicamente destacan los criterios de selección de los 147 modulos que se instalaran en 60 municipios consulta de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
Se instalará una mesa de consulta por cada 30,000 habitantes en parques y plazas públicas.
Participaran: 9 municipios de Tlaxacala, 15 de Puebla y 36 de Morelos
De acuerdo con el portal, para la consulta se empleará una aplicación móvil con el que se llevará a cabo el registro de los participantes, así como tinta indeleble con la que se marcará el dedo de los ciudadanos.
No obstante, ni la administración federal, ni la página de transparencia ofrecen más información sobre la calidad de la tinta y de la óptima operación de la aplicación.
En la consulta del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el entonces equipo de transición reconoció fallas en el sistema de votación, por la falta de conectividad en zonas rurales donde se aplicaron los cuestionarios.
Los resultados de la consulta serán dados a conocer en la página participaciónsocial.gob.mx, tras la clasificación de las boletas en tres tipologías: “sí”, “no” y las papeletas anuladas.
La polémica
La metodología de la consulta ya había sido puesta en duda por miembros del Frente de Pueblos en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire, de Morelos, Puebla y Tlaxcala y académicos.
En una carta pública dirigida al presidente López Obrador, señalaron que la consulta del 23 y 24 de febrero “dista de cumplir los requisitos democráticos para considerarse válida”, tras argumentar que el ejercicio se llevará de manera “precipitada” e inequitativamente por ser el jefe del ejecutivo quien “promueve el funcionamiento de la termoeléctrica”.
Le hacemos un llamado para escuchar a los pueblos opositores y a reconsiderar por completo no sólo la modalidad y fecha de consulta que se ha determinado unilateralmente
, se lee en la carta que enviaron el 19 de febrero.
La polémica también incrementó tras el asesinato, aún sin esclarecer, del Samir Flores, el principal opositor del arranque de la termoeléctrica, ocurrido a tres días de la consulta y del que el Consejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional responsabilizaron “al mal gobierno y sus patrones”.
Mientras tanto, tras ser cuestionado por a prensa, el presidente aseguró esta mañana que respetará el resultado de la consulta, aún y cuando de resultar negativa, signifique “dejar en el aire” los 25,000 millones de pesos que costó su construcción.
“No le hace que haya pérdidas materiales”, dijo López Obrador tras firmar un acuerdo con representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para medir la calidad del agua de las poblaciones aledañas a la construcción.
El jefe del Ejecutivo aseguró que suspenderá si existen afectaciones al medio ambiente “lo más importante es cuidar la salud de la gente, eso lo garantizamos”.
