El relevo en el GAFI, la evaluación antilavado y las presiones de Trump
La conclusión de la presidencia mexicana en el organismo bajo el mando de Elisa de Anda cerrará un ciclo institucional relevante para México.
La presidencia mexicana del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) entra en sus últimos días mientras México espera los resultados de la Quinta Ronda de Evaluación Mutua. La revisión, cuyos resultados se conocerán en octubre, coincide con la primera actualización del marco antilavado desde la entrada en vigor de la legislación en 2013, y se produce en momentos en que el gobierno de Donald Trump busca desmantelar las finanzas de los cárteles de la droga.
La llegada de Elisa de Anda a la presidencia del GAFI en julio de 2024 fue presentada como una muestra del peso que México había ganado dentro de los foros internacionales especializados en prevención de lavado de dinero.
Pero los resultados de la evaluación mutua pondrán a prueba la efectividad del sistema mexicano. Dentro del sector financiero prevalece cautela sobre la calificación que recibirá el país, particularmente por observaciones que durante años han acompañado a México en temas relacionados con investigaciones, judicialización y sanción de operaciones de lavado de dinero.
El mes de julio también será una fecha relevante para ese proceso, cuando Hacienda publique las reglas de carácter general que volverán exigibles varias de las nuevas obligaciones incorporadas a la reforma antilavado aprobada el año pasado.
El proceso comenzó el 16 de julio de 2025 con cambios a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ocho meses después, el 27 de marzo de 2026, se publicó el nuevo reglamento.
La visita in situ de los evaluadores del GAFI ocurrió precisamente en marzo, cuando entraban en vigor las modificaciones reglamentarias y las autoridades terminaban de ajustar parte del andamiaje normativo que permanecerá vigente durante los próximos años.
Los puntos clave de la nueva ley antilavado
México llega a esta revisión después de varios años acumulando observaciones relacionadas con transparencia corporativa, identificación de beneficiarios finales, supervisión de actividades vulnerables y efectividad de las medidas antilavado. Buena parte de la reforma se concentra precisamente en esos temas.
Las nuevas disposiciones fortalecen la identificación de beneficiarios controladores, amplían el alcance de las actividades vulnerables, extienden a 10 años la conservación de información y obligan a incorporar mecanismos automatizados de monitoreo. También fortalecen las facultades de supervisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Los cambios alcanzan a desarrolladores inmobiliarios, notarios, comercializadores de vehículos, proveedores de activos virtuales y otros sectores que durante años estuvieron lejos de los niveles de vigilancia exigidos al sistema financiero tradicional.
La presión de Donald Trump
El endurecimiento regulatorio ocurre además en un entorno distinto al de evaluaciones anteriores. La presión de Estados Unidos sobre las estructuras financieras vinculadas al narcotráfico se ha intensificado y el combate a los flujos de recursos asociados a los cárteles ocupa un lugar cada vez más visible dentro de la relación bilateral.
Al mismo tiempo, el propio GAFI ha desplazado gradualmente el peso de sus revisiones hacia la efectividad de los sistemas nacionales. Las evaluaciones consideran cada vez más la capacidad de los países para demostrar resultados y no únicamente la existencia de leyes, autoridades o procedimientos.
La conclusión de la presidencia mexicana en el organismo bajo el mando de Elisa de Anda cerrará un ciclo institucional relevante para México. La evaluación mutua que está en marcha ofrecerá una medición más precisa sobre el estado real del sistema antilavado y del cumplimiento de las peticiones de la segunda administración de Donald Trump.
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