Hacienda incumple plazo para emitir reglas y frena aplicación de reforma antilavado
La reforma aprobada en julio de 2025 representó la actualización más importante del régimen antilavado en más de una década.
La reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), una de las principales apuestas del gobierno para fortalecer el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, enfrenta dificultades para su implementación debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aún no ha publicado las disposiciones de carácter general necesarias para poner en marcha varias de sus nuevas obligaciones.
La modificación legal, que entró en vigor en marzo pasado, busca endurecer la supervisión sobre las denominadas “actividades vulnerables”, entre ellas el sector inmobiliario, la comercialización de vehículos, joyas y otros negocios considerados de riesgo, mediante nuevas obligaciones relacionadas con la identificación del beneficiario controlador, mayores restricciones al uso de efectivo y nuevos esquemas de reporte ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Sin embargo, la ausencia de regulación secundaria ha generado un vacío operativo que impide aplicar en la práctica varias de las nuevas medidas.
Una fuente conocedora del proceso explicó a EL CEO que la propia reforma estableció un plazo para la emisión de estas disposiciones.
Se reforma la Ley Antilavado el 16 de julio de 2025 y muchas de las nuevas obligaciones se mandaron a las reglas de carácter general. La ley decía que Hacienda debía publicarlas dentro del siguiente año y hoy no están publicadas”, comentó la fuente bajo condición de anonimato.
Incluso, cuestionó las consecuencias que podría tener este incumplimiento por parte de la autoridad.
Ya se les pasó el tiempo, ¿y quién va a sancionar a la Secretaría de Hacienda por no publicarlo a tiempo?”, agregó.
Se aplicará el régimen anterior
De acuerdo con especialistas, ante la ausencia de estas disposiciones continúa aplicándose el régimen anterior.
Cuando una norma secundaria no se emite, en principio sigue vigente la regulación previa, en tanto no existan reglas claras que permitan ejecutar las nuevas obligaciones”, explicó en entrevista con EL CEO Héctor Contreras, abogado especializado en prevención de lavado de dinero.
El especialista señaló que aspectos como la realización de auditorías periódicas, la ampliación del plazo de conservación de expedientes a 10 años, la modificación de umbrales de reporte y la obligación de presentar avisos de operaciones sospechosas en un plazo de 24 horas requieren lineamientos específicos para su implementación.
La ley establece qué obligaciones existen, pero las disposiciones de carácter general determinan cómo deben cumplirse, cuál es su alcance y cuáles serán los criterios de supervisión de la autoridad”, explicó.
Hacienda mantiene pendiente la regulación secundaria
La LFPIORPI fue promulgada originalmente durante el sexenio de Felipe Calderón; sin embargo, la reforma aprobada en julio de 2025 representó la actualización más importante del régimen antilavado en más de una década.
Los cambios pretendían acercar el marco regulatorio de las actividades vulnerables al nivel de sofisticación que actualmente tienen las instituciones financieras, incorporando esquemas de gestión de riesgos, programas de cumplimiento más robustos y mayores obligaciones de identificación de clientes y beneficiarios finales.
Esta reforma busca fortalecer la regulación de los llamados gatekeepers, sectores que históricamente han tenido un régimen menos desarrollado que el de bancos y otras entidades financieras”, señaló Contreras.
En la práctica, las modificaciones implicarían la creación de estructuras internas de cumplimiento más sofisticadas dentro de las empresas, con áreas dedicadas a la prevención de lavado de dinero, programas permanentes de monitoreo y mecanismos de evaluación de riesgos.
No obstante, mientras las disposiciones secundarias permanezcan pendientes, gran parte de estos cambios seguirá sin poder aplicarse plenamente.
Aunque el retraso genera incertidumbre entre los sujetos obligados, otra fuente consultada por EL CEO consideró que la elaboración de las reglas requiere un análisis técnico profundo y descartó que éstas sean publicadas en las próximas semanas.
“Yo prefiero que se tarde, pero que se haga bien”, comentó el especialista.
Presión internacional sobre México
El retraso en la implementación de la reforma ocurre en un momento particularmente delicado para México, en medio de un mayor escrutinio internacional sobre la efectividad de sus controles antilavado.
Los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector, así como la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), han reavivado el debate sobre la capacidad institucional del país para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Pese a ello, Contreras consideró que el problema no necesariamente radica en la necesidad de aprobar nuevas reformas, sino en la correcta aplicación de las herramientas ya existentes.
“No necesariamente hacen falta más cambios legales. Lo importante es que las autoridades implementen adecuadamente el marco vigente y que exista una coordinación efectiva entre las distintas instituciones”, apuntó.
El especialista agregó que uno de los principales retos sigue siendo la especialización de las autoridades encargadas de investigar y sancionar estos delitos.
Se requiere una mayor coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Son asuntos altamente técnicos y cada vez resulta más necesario contar con jueces especializados en materia financiera y de lavado de dinero”, concluyó.
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