Afores bajo alerta por lavado; Consar evita endurecer controles pese al GAFI
El argumento de la Consar es que endurecer los procesos podría inhibir el ahorro voluntario en un país donde este ya es limitado.
El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) enfrenta un riesgo que, hasta ahora, ha quedado fuera del debate público y de las prioridades del regulador: el posible uso de las aportaciones voluntarias en Afores como canal para ingresar recursos de origen ilícito al sistema financiero.
Un análisis en materia de prevención de lavado de dinero documenta una tipología basada en el fraccionamiento de depósitos —conocido como smurfing— en cuentas de trabajadores cercanos a los 60 años, principalmente bajo el Régimen 73 del IMSS.
El documento detalla un esquema que combina depósitos fraccionados durante varios meses, acumulación de montos superiores a 500,000 pesos y posterior retiro total de los recursos cuando el trabajador obtiene una pensión o una negativa de pensión. Estos movimientos carecen de lógica previsional, pero ocurren dentro de procesos permitidos por el marco operativo del SAR, lo que dificulta distinguir entre ahorro legítimo y tránsito de recursos.
El tema llega en un momento sensible para México. La cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses en materia antilavado se ha intensificado, mientras el país se prepara para una nueva evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en medio del escrutinio del gobierno de Donald Trump al sistema financiero mexicano.
Consar omite alertas de riesgo
Tras la identificación de esta tipología, las administradoras y despachos especializados plantearon la posibilidad de aplicar esquemas de Debida Diligencia Reforzada para identificar aportaciones de alto riesgo.
Sin embargo, la respuesta de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), encabezada por Julio Cervantes Parra, fue no avanzar hacia controles generalizados.
El argumento central es que endurecer los procesos —solicitar comprobantes de origen de recursos, entrevistas o validaciones adicionales— podría inhibir el ahorro voluntario en un país donde este ya es limitado.
Este enfoque también responde a incentivos operativos. Dentro de las propias Afores, los asesores enfrentan presiones comerciales ligadas al crecimiento de cuentas y montos administrados, lo que genera resistencia a introducir fricciones adicionales en el proceso de captación.
A ello se suma un rezago regulatorio. La norma específica de prevención de lavado aplicable a las Afores tiene como base disposiciones emitidas en 2004, mientras la operación actual del SAR ya funciona con expediente electrónico, autenticación biométrica, canales remotos y trámites digitales.
Bajo ese marco, el monitoreo se concentra en depósitos y retiros de aportaciones voluntarias, aunque el riesgo real está en el perfil del trabajador, la zona geográfica, el monto, la frecuencia de aportaciones, la permanencia del dinero y su retiro total al primer evento disponible.
Evaluación del GAFI y presión de EU
El contexto internacional añade presión. México se prepara para una nueva evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que revisa la efectividad de los controles antilavado en el sistema financiero.
En evaluaciones previas, el GAFI ha señalado debilidades en la identificación de beneficiarios finales, la supervisión basada en riesgos y la persecución del lavado de dinero.
La posible utilización de Afores como canal de tránsito de recursos ilícitos introduce un elemento adicional en esa revisión.
A nivel geográfico, el análisis identifica mayor exposición en zonas con alta informalidad económica, corredores fronterizos y regiones con presencia de grupos delictivos, donde la trazabilidad de los recursos es más limitada.
En esos casos, la combinación de edad, monto, frecuencia de aportaciones y retiro inmediato configura perfiles que, bajo estándares internacionales, justificarían una revisión reforzada. Sin embargo, en el esquema actual, esa revisión depende de decisiones internas de cada administradora.
El resultado es un sistema que busca incrementar el ahorro para el retiro, pero que al mismo tiempo enfrenta riesgos en la calidad y el origen de los recursos que recibe.
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