México es considerado uno de los países reprobados en materia de prevención de lavado de dinero, con lo que es necesario que los reguladores financieros y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mejoren y refuercen su estrategia y comunicación para acabar con esta actividad ilícita, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con la tercera y última entrega de la Cuenta Pública 2019, México se ubicó en el lugar 68 en el Índice antilavado de dinero de Basilea, al obtener una calificación de 5.13 puntos en una escala del 1 al 10, debido a que aún no se atiende la totalidad de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Este nivel significa que el riesgo de lavado de dinero en México apenas disminuyó 0.11 puntos en cuatro años, pues en 2015, su nivel se ubicó en 5.24 puntos, con lo que México es considerado como uno de los países que tienen mayor vulnerabilidad.
Si bien la creación de la UIF a cargo de Santigo Nieto fue un acierto para el combate al lavado de dinero, la Unidad no elaboró tendencias e indicadores en materia de lavado de dinero en 2019, determinó la ASF.
México forma parte del GAFI desde el año 2000. Ha tenido cuatro evaluaciones sobre las políticas públicas en materia al combate al lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
México cumple con 17 de 40 criterios de GAFI
En diciembre del año pasado, el titular de la UIF, Santiago Nieto informó que México registra 17 recomendaciones de 40 que establece GAFI, de las cuales 16 están calificadas como “parcialmente cumplidas” y una como no cumplida.
Hemos solicitado la recalificación de siete de esas 16 recomendaciones y por otro lado se han presentado informes de cinco adicionales para modificar algunos criterios esenciales de este organismo multinacional
Se planteó la necesidad de demostrar los avances en cinco recomendaciones de la GAFI, planteó Nieto. Además, solicitó al Congreso de la Unión aprobar la reforma presentada en la Comisión de Justicia para poder cumplir con más recomendaciones de la GAFI.
Nieto comentó que GAFI consideró a México con un sistema financiero sólido, pero con una serie de deficiencias como la supervisión en materia de sujetos obligados en actividades vulnerables, la difusión de información por parte de la UIF y que se avance en la obtención de un mayor número de sentencias condenatorias.
Falta de coordinación
Si bien el trabajo de la UIF ha mostrado avances, falta una mayor coordinación con los reguladores financieros como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y el SAT.
Dichas instituciones deben coordinarse para fortalecer la política de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En 2019 presentaron deficiencias al no sesionar, no dar seguimiento de los acuerdos, no establecieron responsables para ello y las minutas de sesión no estuvieron firmadas.
En 2019 se realizaron 59 convenios de colaboración interinstitucionales, en las que se identificó presuntos actos de lavado de dinero y redes criminales que derivaron en 183 acuerdos de bloqueo y que involucraron a 1,371 personas físicas y morales.
No obstante, las medidas realizadas no fueron suficientes para coadyuvar a reducir el riesgo de introducción de recursos ilícitos al sistema formal, ya que en el Índice antilavado de dinero en México obtuvo una valoración de 5.13.
Para la Auditoría es necesario generar iniciativas de proyecto de reforma de leyes que regulen el sistema financiero para estipular la obligatoriedad de que los sujetos designados como oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos y demás profesionales cuenten con la certificación en materia de lavado de dinero.
