Los legisladores de Nuevo León aprobaron esta semana una reforma al plan de pensiones del estado, que busca reducir el gasto en este rubro para los siguientes años.
La reforma permitirá que el estado utilice las contribuciones de pensiones obrero-patronales de los trabajadores para pagar los beneficios actuales de pensiones y de salud, y de acuerdo con la calificadora Moody’s es un factor crediticio para el estado.
La reforma disminuirá las presiones de liquidez durante los próximos 10 años, período en el que el gasto por pensiones habría alcanzado niveles pico, debido a que las contribuciones anuales disminuirán en 11%, en promedio
dijo Moody’s en un reporte.
Sin embargo, como resultado de algunos otros cambios aprobados, como nuevos beneficios para empleados, así como el reembolso de las contribuciones utilizadas para pagar los beneficios a partir de 2029, los pasivos por pensiones no fondeados aumentarán en 7%. Pero sin la reforma, el gasto por pensiones habría aumentado 17% para 2030.
El estudio de Moody’s indica que el aumento en el gasto por pensiones hubiera sumado más presión al ya débil desempeño financiero del estado. En 2019, Nuevo León registró un margen operativo negativo de 1.3%. Como resultado de la reforma, el gasto por pensiones del estado decrecerá 11% por año, en promedio, y disminuirá a 6.9% de los ingresos operativos para 2030.
“El estado continuará registrando márgenes operativos negativos en 2020 y 2021 reflejando presiones estructurales de gasto relacionadas con educación y seguridad pública, exacerbadas por incrementos en el gasto y una menor recaudación de impuestos resultado de la pandemia del coronavirus”.
Aunque la reforma aligerará las presiones de liquidez en los próximos 10 años, el pasivo por pensiones no fondeado del estado aumentará 7% y será equivalente a 141% de los ingresos operativos en 2020, en comparación con 132% sin la reforma. Este incremento refleja nuevos beneficios, como una nueva pensión mínima garantizada y el reembolso, empezando en 2029, de las contribuciones utilizadas para el pago de los beneficios actuales.
Para fortalecer el fondeo del sistema de pensiones, la reforma aumentó las contribuciones a 17.3 de 12.25% de los salarios de los empleados bajo el plan de contribuciones definidas de pensiones y a 27.4 de 18.75% de los salarios para los patrones.
En el caso de los empleados bajo el plan de pensiones de beneficios definidos, la reforma aumenta las contribuciones del empleado a 9 de 6% de su salario y la contribución patronal a 12% del salario del empleado, de un anterior 6%.
Adicionalmente, el estado creará una reserva fondeada con una contribución adicional de los empleados (1.2% del salario) y de los patrones (1.8% del salario) para poder asegurar la pensión mínima garantizada de cuando menos dos salarios mínimos.
En el país conviven más de 3,000 diferentes sistemas, modelos y esquemas de pensiones. Cada uno de estos tiene sus propias tasas de cotización, tasas de reemplazo, incentivos, condiciones y beneficios.
Varios de estos subsistemas pueden enfrentar riesgos de inviabilidad financiera y dejar a los trabajadores sin una pensión o jubilación, por lo que especialistas en el tema consideran que se requiere una reforma que toque a todos estos subsistemas para asegurar que sean sostenibles.
