Antes de que fueran publicadas las convocatorias de licitación para los trabajos de construcción y ampliaciones a la Base Militar Aérea de Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que esos estarían a cargo del Ejército Mexicano.
No es la primera vez que esa dependencia toma entre sus labores la construcción de un proyecto externo a sus necesidades, pero tampoco ha resultado del todo benéfico.
Lo hizo en 2013 cuando el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suscribió con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) un Convenio de Colaboración Interinstitucional con el cual se permitía que el ejécito construyera inmuebles para el CJF.
Los proyectos fueron un Centro de Justicia Penal Federal en La Paz, Baja California Sur, de 8,568.1 metros cuadrados; la construcción del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, de 54,678.7 metros cuadrados; así como un centro de Justicia Penal Federal en Tepic, Nayarit, otro en Cintalapa, Chiapas, y uno más en Apizaco, Tlaxcala. En total se destinaron 1,566.7 millones de pesos.
Tras analizar los contratos, la Auditoría Superior de la Federación realizó cuatro observaciones, entre ellas que en “los proyectos de La Paz, Baja California Sur; San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; Apizaco, Tlaxcala; y Cintalapa, Chiapas, el CJF no se aseguró de obtener oportunamente la comprobación de los recursos ministrados a la Sedena por un monto de 65,252.7 miles de pesos” indicó la ASF.
Mientras que el CJF “no exigió a la Sedena que la ejecución de los trabajos del Centro de Justicia Penal Federal en Tepic, Nayarit, se realizaran de conformidad con las especificaciones”.
También participó en la construcción del NAIM; fue la encargada de ejecutar la barda perimetral del aeropuerto.
La ASF analizó el ejercicio de 1,611.5 millones de pesos y encontró que la Sedena no justificó 383,439.1 pesos; además, se detectaron errores aritméticos en la determinación del 16% del IVA de algunos materiales.
El reporte también señala que se constató que se realizaron aportaciones adicionales por varios conceptos de obra de 34,319.2 miles de pesos para la primera etapa de construcción, 159,122.2 miles de pesos para la segunda y 47,810.3 miles de pesos para la tercera.
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México aprobó el incremento y depositó el monto, “sin verificar que sólo se debió asignar el 50% y que a reserva de acreditar el 40% de dicha asignación, se aportaría el complemento de los recursos autorizados por etapa”.
Los incrementos y la falta de revisión de las obras resultan en afectaciones al patrimonio de las entidades gubernamentales, concluyó la ASF.
Su propio constructor
De 2013 a 2017 el ejército desarrolló 221 obras, tanto en trabajos de mantenimiento, demoliciones, remodelación o construcción de sus instalaciones.
Sin embargo, en esos proyectos también se han encontrado irregularidades. Las principales recomendaciones que ha hecho ASF son por la omisión de bitácoras de obra, recepción de materiales sin testigos y por omitir la verificación de calidad de materiales.
También ha omitido presentar los documentos que comprueben que sus proyectos, obras o actividades no requieren la presentación de una manifestación de impacto ambiental, informe preventivo o estudio de riesgo.
En otros casos, como en la construcción del Hospital Militar Regional de Especialidades de Mérida, Yucatán, en 2016, la ASF identificó que no se realizó la investigación de mercado ni la consulta en CompraNet necesaria antes de comenzar los procedimientos de contratación.
Lo anterior genera, según la auditoría, que no exista certeza de que con la selección de las empresas participantes se aseguraron las mejores condiciones para el Estado.
