Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, es investigado por corrupción, pero no todo se refiere a OHL.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo a medios de comunicación que la investigación se relaciona con posible corrupción con OHL, pues durante su gestión fue favorecida con contratos.
El diario Reforma reportó en 2014 que a lo largo de un año y medio la constructora recibió siete contratos por 41,594 millones de pesos.
Aunque sus propuestas no eran las de menor costo, la decisión se tomaba con base en el sistema de puntos. Entre las obras otorgadas se encuentran la autopista Atizapán-Atlacomulco, el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario.
Sin embargo no solo se trata de favoritismos, sino que también se han encontrado múltiples irregularidades en la gestión de la Secretaría con Ruiz Esparza al frente.
Del año 2000 a la fecha, la Auditoría Superior de la Federación realizó 639 revisiones a la SCT, principalmente por su desempeño en inversiones de infraestructura física.
Los años en los que acumuló mayor cantidad de revisiones corresponden a la gestión de Ruiz Esparza al frente de la dependencia, particularmente en 2013, 2014 y 2015.
El reporte correspondiente al segundo informe de 2018 tiene 30 auditorías, de las cuales se desprenden 300 observaciones principalmente por daños a la Hacienda Pública, por ejemplo en la construcción de un libramiento subterráneo en Morelia.
Según la auditoría, las modificaciones hechas sin justificación posteriores a la contratación del proyecto y las modificaciones en los precios unitarios de los materiales también sin las justificaciones correspondientes significan que la SCT generó a la hacienda pública un daño de 21.7 millones de pesos.
En otra observación, el daño al erario es de 30.2 millones de pesos “por no cumplir con las especificaciones particulares y los alcances contractuales, en el contrato de servicios relacionados”.
Uno de los daños de mayor monto, estimado en 112.05 millones de pesos, se dio por el pago indebido en la construcción del túnel México- Toluca. Los conceptos pagados corresponden a inyecciones para rellenar espacios entre el revestimiento del túnel y terreno e inyecciones para el llenado de cavidades que hubieran quedado entre el arco de hormigón y la superficie exterior.
Lo que la auditoría encontró es que el material utilizado se pagó a sobreprecio, además de que lo reportado en cuanto a volumen de materiales utilizados era mayor cantidad que lo pactado en el contrato y nada fue suficiente para concluir a buen término la obra.
“Con la visita al sitio de los trabajos del 27 de junio de 2019, realizada de manera conjunta por personal de la entidad fiscalizada, la contratista, la supervisión externa, la responsable de la asesoría, el control y el seguimiento, la proyectista y la ASF, se constató que, aun cuando se aplicaron las inyecciones en los espacios entre el revestimiento del túnel y el terreno, no ha sido posible dejar secos los túneles, ya que en ambos continúan las filtraciones”, indica el reporte.
