Una nube de corrupción tiene en jaque a la industria de desarrolladores de inmobiliarios. Mexicanos Contra la Corrupción y Mejor Ciudad reportan que 94% reconocen haber sido víctimas de este mal y el diagnóstico se recrudece cuando solo 36% de estos afirma haber denunciado.
Las organizaciones realizaron en conjunto el Diagnóstico de corrupción en el sector inmobiliario, para el que entrevistaron a 45 empresarios de la construcción en la Ciudad de México.
Carolina Rodríguez, directora ejecutiva de Mejor Ciudad, comenta que la falta de acciones legales se debe a que no existen incentivos para la denuncia, ni certeza del estado de derecho.
Según el documento, 42% de los desarrolladores no tiene confianza en las autoridades.
“Lo que parece prevalecer es que cuando un funcionario medio ejerce alguna acción de extorsión o corrupción, el desarrollador inmobiliario lo que hace es acusar o denunciar ante un funcionario de más alto nivel, lo cual tampoco es una buena práctica”, comentó la directiva en entrevista.
Impunidad normalizada
“En el sector inmobiliario se ha normalizado la corrupción a tal nivel que quienes la padecen la toleran y hasta la justifican”, destacó María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción.
Las acciones de ilegalidad más frecuentes son la solicitud de donaciones en especie, por ejemplo tráileres de víveres, obras públicas, equipos de cómputo, demolición de construcciones afectadas por el sismo, cuotas de pago por metro cuadrado de construcción, exigencia de algún departamento o presión para emplear a determinados contratistas.
Y 46% de los desarrolladores justifican estas solicitudes.
Los principales factores que generan actos de corrupción, de acuerdo con el estudio, son una alta complejidad de regulación en materia de planeación urbana, lo que incita la contratación de gestores, la participación de múltiples actores poco coordinados, aplicación de criterios discrecionales por parte de las autoridades, las cuales además suelen tener pocos conocimientos técnicos en la materia.
Los encuestados identificaron a las autoridades municipales y de las alcaldías como las más propensas a ejecutar actos de corrupción.
Las demarcaciones en donde existe mayor percepción de corrupción son Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Benito Juárez, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
El principal reclamo de los desarrolladores es la dificultad de liberar el registro de la manifestación de construcción, documento que puede ser gestionado en plazos de seis meses hasta dos años y por el cual los empresarios pagan entre dos y 15 millones de pesos.
“Finalmente, estos sobre costos se trasladan a la ciudadanía”, destacó Casar.
Ambas especialistas consideran que una manera de comenzar a contrarrestar la situación es transparentando la información; invitaron a los desarrolladores a hacer pública la documentación requerida para sus proyectos, como estudios de impacto y permisos de construcción, ya sea en sus sitios web o en la nueva plataforma Desarrollador Confiable, presentada el 24 de enero, en la que colaboraron miembros como el Colegio de Urbanistas, la Universidad de Oxford y el Observatorio por el Derecho a la Vivienda.
A las autoridades propusieron trasladar los temas técnicos a terceros, como organismos ciudadanos y así evitar conflictos de interés.
Además hicieron un llamado para simplificar la regulación, digitalizar el proceso de gestión de trámites y así disminuir la participación humana, factor que identifican como un facilitador de actos de corrupción.
