Denuncias sacuden a la CFE: señalan anomalías en compras y manejo de personal
Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) solicitaron investigar la gestión administrativa encabezada por Yesica Luna Espino.
La Dirección de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), encabezada por Yesica Luna Espino desde octubre de 2024, está bajo señalamientos internos luego de que trabajadores de la empresa pública solicitaran investigar presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de personal, remuneraciones, posibles conflictos de interés, adquisiciones y servicios, además de presuntos cobros a empleados de reciente ingreso.
Los señalamientos están contenidos en dos denuncias anónimas elaboradas por trabajadores de la CFE, quienes solicitaron mantener bajo reserva sus identidades ante el temor de sufrir represalias laborales.
Los escritos abarcan dos de las principales vertientes bajo responsabilidad administrativa: por un lado, contratación y manejo de personal; por el otro, compras, adjudicaciones directas, servicios y proveedores. En el primer expediente aparecen señalamientos sobre perfiles profesionales, niveles salariales, un posible conflicto de interés y supuestos cobros a trabajadores de nuevo ingreso. En el segundo se solicita revisar compras públicas de la empresa estatal, un posible fraccionamiento de requerimientos, proveedores recurrentes, arrendamiento vehicular, contratos de carbón y un procedimiento para servicios de impresión y fotocopiado.
El alcance de los señalamientos es relevante por las atribuciones de Luna Espino, cuya declaración patrimonial de modificación, presentada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno el 13 de mayo de 2026, establece que tomó posesión en la CFE el 3 de octubre de 2024 como directora corporativa adscrita a la Dirección de Administración y señala como funciones principales las licitaciones, capital humano, obras y servicios tecnológicos.
Del gobierno capitalino al Metro y la CFE
La trayectoria profesional de Yesica Luna ha estado ligada durante los últimos años precisamente a administración, recursos materiales, compras gubernamentales y licitaciones.
De acuerdo con su declaración patrimonial, cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, concluida en 2016. Entre 2008 y 2016 trabajó en FIDERE III como jefa de Unidad Departamental en asuntos jurídicos; posteriormente fue gerente en la misma institución, con responsabilidades de asesoría legal, litigio y representación jurídica.
En enero de 2019 llegó a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México como directora ejecutiva de Adquisiciones, con responsabilidad en licitaciones públicas. En noviembre de ese año pasó a ocupar la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, desde donde tuvo entre sus funciones la consolidación de compras gubernamentales, cargo que desempeñó hasta enero de 2023.
El siguiente paso fue el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Luna Espino reportó haber sido subdirectora general entre el 1 de febrero de 2023 y el 30 de septiembre de 2024, con atribuciones en licitaciones, enajenaciones y capital humano.
Durante su gestión en el STC participó directamente en negociaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, encabezado por Fernando Espino Arévalo. En marzo de 2023 intervino en una mesa entre las autoridades capitalinas y la representación sindical para atender diferencias relacionadas, entre otros asuntos, con la regularización de plazas laborales y el pago de horas extras.
Fuentes que conocieron aquella etapa aseguran que la relación entre Luna Espino y Espino Arévalo llegó a ser particularmente ríspida y que la entonces funcionaria del Metro se convirtió en una de las principales contrapartes administrativas del dirigente sindical.
Fotoarte: Diego GómezLa denuncia por contrataciones de personal
Una de las denuncias solicita revisar la incorporación de funcionarios a puestos relevantes y de decisión dentro de la Dirección de Administración.
Los denunciantes sostienen que existen dudas sobre si algunas personas de reciente ingreso cumplen con las licenciaturas, experiencia y perfiles profesionales requeridos para las responsabilidades que desempeñan. Incluso mencionan el caso, sin identificar a la persona, de alguien contratado con perfil profesional de médico que presuntamente habría manifestado que no ejercía su profesión y podía realizar labores administrativas.
Los trabajadores piden revisar específicamente los expedientes de Gabriela Mejía Muciño, Octavio Francisco Estrada Hernández, Marisol Duarte Martínez, Joel López Villagómez, Guillermo Eduardo Martínez Villanueva, Luis Landero Villalba, Jorge Alejandro Cruz Ortiz y Laura Gabriela Honorato Boyso.
La solicitud plantea verificar fechas y procedimientos de ingreso, currículums, grados académicos, experiencia profesional y el cumplimiento de los requisitos correspondientes a cada puesto.
Los salarios bajo revisión
Otra línea de la denuncia se refiere a las remuneraciones asignadas al personal de nuevo ingreso.
El documento señala que la información en poder de los denunciantes registra salarios diarios tabulados de aproximadamente 2,300 pesos para Gabriela Mejía Muciño, Octavio Francisco Estrada Hernández y Joel López Villagómez. Los trabajadores solicitan determinar si las percepciones se encuentran dentro de los tabuladores autorizados, corresponden a las funciones efectivamente desempeñadas y cumplen con las disposiciones aplicables en materia de remuneraciones de servidores públicos.
Fuentes internas consultadas para este trabajo proporcionaron además cifras de percepciones que, según sostienen, corresponderían a funcionarios incorporados a la estructura administrativa. De acuerdo con esa información, Octavio Francisco Estrada Hernández, Gabriela Mejía Muciño, Joel López Villagómez y Laura Gabriela Honorato Boyso percibirían hasta 261,360.20 pesos mensuales, mientras que Marisol Duarte Martínez, Guillermo Eduardo Martínez Villanueva y Luis Landero Villalba alcanzarían los 245,098.90 pesos.
Un caso relevante es el de Sonia Hernández Pineda, a quien identifican como titular de la Unidad de Responsabilidades, quien tendría una percepción pública mensual de 121,495.16 pesos, mientras que las fuentes internas sostienen que sus ingresos podrían alcanzar 250,771.46 pesos. La eventual diferencia es uno de los puntos que los trabajadores consideran necesario esclarecer documentalmente.
De confirmarse las percepciones superiores a 245,000 pesos, éstas rebasarían el componente mensual de sueldos y salarios asignado a la presidenta Claudia Sheinbaum en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, establecido en 191,846 pesos.
La remuneración declarada por Luna
En el caso de la propia Yesica Luna existe información oficial adicional. La imagen de la plataforma de remuneraciones registra para Luna Espino, como directora de Administración, un sueldo bruto mensual de 113,667 pesos y un sueldo neto estimado de 78 mil 998.56 pesos.
Su declaración patrimonial presentada en mayo de 2026 contiene una cifra distinta porque utiliza un concepto mucho más amplio: reportó una remuneración anual neta por su cargo público de 3 millones 424,760 pesos durante 2025, concepto que expresamente comprende sueldos, compensaciones, bonos, aguinaldo y otras prestaciones. Yesica Luna Espino.
La declaración reporta además otros ingresos por 304,900 pesos, con lo que el ingreso anual neto total declarado ascendió a 3 millones 729,660 pesos. De los ingresos adicionales, 278 mil 900 pesos fueron reportados por una actividad comercial y 26,000 pesos por arrendamiento de un inmueble.
El posible conflicto de interés
Otro capítulo de la denuncia solicita investigar la relación entre Gabriela Mejía Muciño y Joel López Villagómez.
Según los denunciantes, ambos mantienen una relación personal y forman parte de estructuras dependientes de la Dirección de Administración. Gabriela Mejía se encuentra adscrita a esa estructura administrativa, mientras que Joel López es identificado como responsable de la Unidad de Ética y Rendición de Cuentas.
El señalamiento más grave: presuntos cobros a empleados. El punto de mayor gravedad de la denuncia de personal se refiere a presuntos cobros a trabajadores recientemente incorporados a la CFE.
De acuerdo con el escrito, entre empleados de la institución circulan persistentemente versiones de que algunas personas habrían sido presionadas para entregar una parte de su salario a quienes presuntamente facilitaron su contratación.
Los denunciantes sostienen que los trabajadores que se negaran a entregar esas cantidades podrían enfrentar presiones laborales o incluso el riesgo de perder el empleo.
El escrito aporta incluso una descripción sobre la supuesta mecánica: los cobros presuntamente se realizarían los viernes correspondientes al pago de la catorcena y el dinero sería recabado por personal adscrito a la Coordinación de COPAC para posteriormente ser entregado en efectivo. Los denunciantes piden que trabajadores que pudieran tener conocimiento directo de estas prácticas sean llamados a declarar bajo condiciones de confidencialidad.
Además, se solicita expresamente revisar las actuaciones de la directora de Administración y de Bernardo Cruz Chávez, coordinador del Patrimonio y Aseguramiento de Activos, quien anteriormente se habría desempeñado como secretario particular de Luna Espino.
Fotoarte: Mariana FloresCompras menores y posible fraccionamiento
La segunda denuncia abre otro frente dentro de la misma Dirección de Administración: las adquisiciones.
Los trabajadores sostienen que desde la Unidad de Servicios Generales y de Apoyo se realizan adquisiciones y contrataciones mediante órdenes de compra menor, particularmente para mantenimiento de edificios, servicios y adquisición de artículos de consumo básico.
El cuestionamiento consiste en determinar si algunas necesidades recurrentes que podrían agruparse o consolidarse para ser contratadas mediante procedimientos competitivos estarían siendo divididas en numerosas operaciones de menor cuantía.
Los denunciantes solicitan que la autoridad cruce las órdenes de compra por fecha, objeto, proveedor, área requirente y monto, especialmente cuando existan adquisiciones sucesivas de bienes o servicios similares, para establecer si existe o no un patrón.
Adjudicaciones directas y proveedores recurrentes
El escrito solicita revisar particularmente las contrataciones, adquisiciones y adjudicaciones directas realizadas por la Jefatura de la Unidad de Servicios Generales y de Apoyo, que identifica como encabezada por Rosa Elena López Valenzuela y adscrita a la Coordinación de Administración y Servicios, dirigida por Javier Moncayo Piña.
Los denunciantes aseguran que existe inconformidad entre trabajadores por la calidad de algunos bienes y servicios adquiridos y señalan que determinados trabajos o insumos presuntamente no cumplirían con los estándares esperados, lo que habría provocado gastos adicionales o la necesidad de volver a contratar servicios.
También mencionan versiones internas según las cuales determinadas adjudicaciones directas y operaciones de menor monto podrían beneficiar recurrentemente a ciertos proveedores.
La petición consiste en identificar proveedores beneficiados, número de operaciones, montos y procedimientos utilizados y determinar si existen coincidencias entre domicilios, representantes, accionistas o relaciones con funcionarios responsables de las contrataciones.
El arrendamiento de vehículos
La denuncia incorpora además cuestionamientos sobre la planeación del arrendamiento vehicular de la CFE.
Según los trabajadores, los contratos vigentes habrían sido ampliados hasta el máximo permitido sin que la siguiente contratación hubiera sido programada con la anticipación necesaria. Ante la eventual falta de un nuevo contrato, se habría considerado adjudicar directamente el servicio al proveedor que ya lo prestaba bajo el argumento de que podía conservar los vehículos existentes y ofrecer mejores precios sin realizar un cambio de flotilla.
Los denunciantes afirman haber recibido también información según la cual el monto destinado al arrendamiento vehicular durante la actual administración sería superior al registrado en administraciones anteriores, incluso descontando el efecto de la inflación.
Una oficina fuera de la CFE y contratos de carbón
Otro señalamiento se refiere a la presunta gestión de asuntos contractuales desde instalaciones ajenas a la CFE.
La denuncia menciona a un funcionario identificado como subdirector de Contrataciones y Servicios que presuntamente realizaría gestiones relacionadas con contratos desde una oficina alterna. Los trabajadores solicitan verificar si ese espacio existe, quiénes acuden, qué actividades se realizan y si se han celebrado ahí reuniones con proveedores relacionadas con procedimientos de contratación de la empresa pública.
El documento contiene además una referencia a contratos de carbón. Señala un supuesto manejo discrecional en su asignación y una posible intervención o relación con funcionarios estatales de alto perfil. La denuncia no identifica a los funcionarios involucrados ni precisa empresas, contratos, montos o entidades federativas, por lo que solicita que estos señalamientos sean investigados por las autoridades competentes para determinar si tienen sustento y si existió alguna irregularidad en los procedimientos de contratación.
También lee:
