Hace poco más de un lustro, el Instituto Federal de Telecomunicaciones estableció las directrices de colaboración en materia de Seguridad y Justicia para bloquear la señal de telefonía móvil en los penales del país, un hecho que el padrón de usuarios móviles puso de nuevo bajo la lupa.
El objetivo de la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con datos biométricos de los usuarios es el combate de delitos como la extorsión telefónica o el secuestro, sin embargo, no existe un diagnóstico reciente sobre el estatus en penales de la señal de telefonía móvil.
De hecho, el dato más reciente sobre las llamadas salientes de algunos penales en México surge de un estudio publicado por el IFT en 2018, que reveló que se identificaron alrededor de 1,000 equipos terminales y más de 2,200 códigos de identificación únicos para cada equipo.
La investigación realizada por la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) se dio durante tres semanas en siete penales del país, cuya población estimada total se calculó entonces en alrededor de 20,000 reos, una cifra con datos del 2016.
El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social reveló en febrero de 2021 la cifra más alta de población penitenciaria en México: 217,969 personas privadas de su libertad, casi 15,000 personas más en el primer año de la pandemia.
Falta diagnóstico
Para entender la realidad actual, es fundamental contar con un análisis no tanto de costo/beneficio, sino por lo menos el diagnóstico que revelen si esas directrices trazadas han sido útiles o no para frenar la señal móvil en los penales.
Los inhibidores de señales móviles en penales no han servido a pesar de ser su instalación una obligación jurídica y además de que las autoridades en materia de seguridad tienen todas las herramientas para hacer valer esta obligación
Michel Hernández Tafoya, director general de Observatel
En ese sentido, el especialista cuestionó porqué no han servido, lo que en su opinión, obedece a que ‘existe corrupción’ y, por tanto, no hay un diagnóstico serio que tuvo que haber sido planteado antes.
No obstante, la creación de un padrón que traerá consigo varios amparos parte de una realidad que obliga a los concesionarios a instalar bloqueadores en los centros penitenciarios en donde se siguen realizando llamadas.
Hallazgos previos
El Estudio estadístico del número de terminales móviles y de llamadas de móviles y de casetas telefónicas públicas que operan dentro de una muestra de penales en el país arrojó hallazgos sobre el uso generalizado de equipos dentro de los siete penales.
“Este uso está relacionado a la radio base de al menos una empresa, lo que evidencia la inutilidad de los equipos bloqueadores de señal instalados, con interferencias que afectan a los usuarios y a la calidad del servicio”, dice el reporte.
Esto se traduce en un reporte semanal al al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención v Readaptación Social dentro de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), así como al IFT mediante las denuncias de Interferencia perjudicial (copla a PROFECO).
El reporte detalla que analizar la información para cada uno de los penales durante tres semanas consecutivas permitió identificar otros patrones de comportamiento y el grado de actividad delictiva en los distintos recintos.
Por ejemplo, en el recinto penitenciario Identificado como ‘B’ se encuentran un número amplio de equipos, sin embargo, realizan en promedio un volumen menor de llamadas pues su índice de intensidad es muy bajo.
Ante ese panorama, el estudio resaltó el hecho de que ‘operen tantos equipos desde el penal’.
Al respecto, el director general de ANATEL vaticinó que la creación del padrón alentará mas el robo de equipos o el uso de tarjetas de otros países – con el roaming tan avanzado -.
