El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expropió terrenos de propiedad privada en tres municipios del Estado de México para construir estaciones de tren que permitan garantizar la conectividad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
La decisión del mandatario que quedó plasmada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) llegó a raíz de una solicitud de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para favorecer a uno de los proyectos insignia de la actual administración federal.
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Según lo citado en el decreto, la expropiación, que atiende a un “uso público”, incluye construcciones e instalaciones que se encuentran en los terrenos en juego.
La SICT será la encargada de ocupar y pagar los 113,000 metros cuadrados expropiados con el presupuesto que ya le fue asignado por el Gobierno Federal.
De acuerdo con lo marcado por la ley, una vez transcurran 10 días hábiles desde la publicación del decreto, los afectados podrán iniciar un procedimiento judicial, sin embargo, sólo será para rechazar el monto de indemnización. Hasta el momento se desconoce la cantidad de efectivo que recibirán los ahora exdueños de las propiedades.
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Un momento tenso
El nuevo decretazo del titular del Ejecutivo llega unos días después de que la Secretaría de Marina tomara las instalaciones de Ferrosur en Veracruz.
De acuerdo con Grupo México, del empresario Germán Larrea, personal armado de la dependencia ocupó el tramo de Coatzacoalcos-Medias Aguas el viernes 19 de mayo a las 6:00 de la mañana.
Según lo planteado en el decreto publicado en el DOF, la ocupación es temporal y busca favorecer al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
Estas decisiones de AMLO han causado preocupaciones dentro de la comunidad empresarial del país. Recientemente el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) mostró su inquietud por las afectaciones que podrían registrarse en la inversión.
El presidente ha estado enfrascado en una batalla con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el lunes bloqueó por segunda vez un intento de designar algunas de sus obras públicas emblemáticas como un asunto de seguridad nacional e interés público.
Algunos magistrados argumentaron que tal estatus a estas obras podría usarse como excusa para ocultar información.
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Con información de Bloomberg
