Nota del Editor: Este texto se publicó a las 5:00 am y se actualizó con la aprobación de la propuesta en el Pleno de la Cámara de Diputados.
La creación de un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil para reducir los delitos de extorsión en México, a través de la regulación de venta de chips en telefonía de prepago, genera más daños que beneficios.
Esto, debido a que vulnera los datos personales de los usuarios, la operación de las compañías de telefonía móvil y hasta al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
La propuesta aprobada en la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados fue avalada por el pleno durante la tarde del jueves, con 390 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones.
El dictamen que reforma Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil fue enviado al Senado.
#ÚltimaHora 390 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular dictamen que reforma Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para crear un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil. Pasa al @senadomexicanohttps://t.co/NpF7pPhGOX
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 11, 2020
Para Luis Fernando García, director de R3D, el dictamen es ‘una medida demagógica y un pretexto para justificar el alza en extorsiones durante el actual gobierno’.
En entrevista con EL CEO, el abogado acusó que el alza en estos delitos en realidad obedecen a la corrupción e incompetencia que impera en la actual administración, además de la falta de interés y desconocimiento para echar mano de recursos ya existentes.
Biométricos, otro problema
La iniciativa, en principio, vulnera los datos personales de los usuarios al incluir nombre y domicilio del propietario de la línea móvil, lo que se agrava con la integración de datos biometricos, es decir, datos asociados a rasgos físicos como rostro, huella digital, iris o hasta ADN.
El riesgo, a decir de García, radica en que los datos biométricos, al ser imposibles de modificar, generaría daños irreversibles a la privacidad.
Lo anterior, dado el antecedente de la filtración de datos personales de usuarios, no da certeza de que las autoridades correspondientes velaran por el resguardo de dicha base de datos.
Esto, aunado al condicionamiento de compra de chips, lo que vulnera doblemente a la población con menos recursos que adquiere los chips bajo la modalidad de prepago.
“El condicionamiento de compra de chips se ha aplicado solo en países autoritarios, quienes han obligado a los usuarios a la verificación biométrica para la compra de un chip de telefonía, por lo que sería muy lamentable que Mexico buscara unirse a esa lista”, dijo.
IFT y operadores, con daños
Telcel, AT&T, Telefónica y los Operadores Móviles Virtuales (OMV) operan en México con una fuerte base de clientes de prepago, sobre todo los grandes jugadores.
De hecho, el mayor porcentaje de sus clientes lo componen los usuarios de prepago, quienes cuentan con un servicio de telefonía móvil al que destinan un pago según sus necesidades y no están sujetos a una renta fija.
Además de los costos que supondría para los operadores hacer la lista, también supone un sesgo para las personas en situación de vulnerabilidad económica, agregó García.
Otro de los afectados será el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pues el dictamen establece que los recursos tendrán que salir del presupuesto ordinario del Instituto pues no se aprobarán recursos adicionales.
Telcel y AT&T, en contra
En un reciente foro realizado en la Cámara de Diputados Daniel Bernal, director de Regulación de América Móvil, señaló que cualquier mecanismo que limite el acceso a los servicios telecom atenta contra el acceso a los servicios de comunicaciones.
Sin embargo, asegura que un registro de tal naturaleza “no es una herramienta idónea para la lucha contra la delincuencia”.
Por su parte Daniel Ríos Villa, vicepresidente de Asuntos Externos de AT&T México, dijo que si bien varios países de América Latina han decidido utilizar este registro, , no hay evidencia ‘clara ni contundente’ de que impacten en la reducción de delitos como la extorsión.
En ese sentido, aseguró que legislación debe proteger datos personales, por lo que es necesario analizar el diseño dado que son más de cien millones de líneas y se necesita estudiar si es el mecanismo idóneo.
