De huachicol a obras con sobrecosto: las irregularidades de los puertos controlados por la Marina
Las administradoras portuarias, conocidas como Asiponas, acumulan observaciones por obras con sobrecosto, pagos irregulares y hasta problemas en la vigilancia en medio del contrabando de huachicol fiscal.
Mientras buques con huachicol fiscal entraron a las administraciones portuarias de Tampico o Ensenada —ahora bajo investigación por la Fiscalía General de la República— había otra red beneficiada dentro de los puertos gestionados por la Secretaría de Marina (Semar): la de empresas que brindaron servicios con irregularidades.
En 2024, las Administraciones del Sistema Portuario Nacional —o Asiponas, como se conoce a las empresas operadoras de puertos— “perdieron” más de 100 millones de pesos entre presuntos pagos en exceso, servicios no acreditados y obras con materiales inadecuados.
EL CEO analizó informes forenses de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2024 y encontró que en prácticamente todas las auditorías hubo irregularidades financieras. Y, en total, las administradoras portuarias de la Secretaría de Marina presentaron presuntos quebrantos al erario por 130.1 millones de pesos solo en ese año.
Además, muchas de las empresas señaladas han sido —y continúan siendo— proveedores de la Secretaría de Marina, a pesar de haber cometido incumplimientos.
Este medio buscó la postura de la Marina, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.
100 mdp sin acreditar en el puerto de Ensenada
La Asipona de Ensenada —dirigida en ese año por dos almirantes de la Marina y un capitán de la Marina Mercante— es la que obtuvo las peores evaluaciones de órgano fiscalizador, con 123.5 millones de pesos gastados de manera cuestionable en servicios de vigilancia.
La administración portuaria de Ensenada debía operar con 238 elementos de seguridad, que incluían patrulleros, bomberos, paramédicos, monitoristas, vigilantes y supervisores. Para ello, contrató a la empresa Sepiver S. A. de C. V. a quien le pagó 122 mdp. La vigencia del servicio era del 16 de agosto de 2023 al 15 de agosto de 2026.
La autoridad fiscalizadora encontró que la entidad no logró acreditar de forma sólida que el servicio se hubiera prestado conforme a lo pactado: no había constancias de la capacidad, antecedentes y asistencias de los dos centenares de vigilantes. Además, ni la Asipona ni la empresa pudieron brindar documentación que acreditara el servicio conforme a los estándares de los auditores.
De igual modo, la ASF dejó constancia de que hubo pagos que no quedaron suficientemente respaldados y de que la entidad no acreditó varias de las diferencias detectadas durante la revisión. Por ello, consideró que hubo un presunto daño al erario por 105 millones de pesos.
Asipona de Ensenada: la entrada al huachicol fiscal
Las inconsistencias en la vigilancia tuvieron consecuencias. Se tiene documentado que los primeros días de enero de 2025, en el puerto de Ensenada, una red de empresas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría traficado ilegalmente diésel mediante el buque Torm Agnes, que actualmente está siendo investigado por autoridades estadounidenses, según reportó la agencia Reuters.
Aquel buque cisterna volvió al puerto tres meses después, el 10 de marzo de 2025; y mientras el Torm Agnes descargaba huachicol fiscal en Ensenada, al otro extremo del país, en el Golfo de México, las autoridades mexicanas decomisaron millones de litros de hidrocarburos ilegales en el buque Challenge Procyon, que había llegado a la Asipona de Tampico.
En febrero pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que existen al menos siete investigaciones contra funcionarios de las Asiponas de Guaymas, Tampico y Ensenada por el caso de huachicol fiscal.
Aseguramiento del buque Challenge Procyon. Foto: Gabinete de Seguridad federalEl superproveedor con irregularidades de la Marina
A pesar de las irregularidades en el contrato con la Asipona de Ensenada, el corporativo detrás de Sepiver se mantiene como uno de los proveedores predilectos de las administraciones portuarias y otras instituciones controladas por la Secretaría de Marina.
Por ejemplo, Sepiver también fue la encargada de la vigilancia en el puerto de Lázaro Cárdenas por un monto de 112.5 millones de pesos al año, en un contrato multianual que abarca hasta 2028 y en el que brindará el mismo servicio cuya calidad no acreditó en Baja California.
EL CEO detectó que, en los gobiernos de la Cuarta Transformación, el Grupo Duxon, controlador de Sepiver, ha recibido contratos millonarios: el más grande de ellos, por 7,967.5 millones de pesos más IVA a través de la empresa Pegsa Construcciones para edificar infraestructura en la administración portuaria de Dos Bocas.
Grupo Duxon es un conglomerado con sede en Boca del Río, Veracruz, que agrupa a una decena de empresas. Entre ellas, están Pegsa Construcciones, Sepiver, Vitalcare del Golfo; contratistas de la Semar para obras públicas y otros servicios de personal.
Es decir, las empresas del grupo —a pesar de sus irregularidades— se encargan lo mismo de construir infraestructura para las Asiponas —como la recién inaugurada torre de control marítimo en Ensenada— que de brindar servicios de vigilancia, personal y atención médica para el personal que labora en ellas.
Más observaciones en las Asiponas
Otras obras de las administradoras portuarias de la Marina han recibido observaciones de los auditores.
También en 2024, una empresa llamada Ingeniería, Proyectos y Construcciones IPC S. A. de C. V. recibió un contrato para hacer trabajos de un muelle para granel mineral en el puerto de Dos Bocas. Para ello, utilizaría diversos equipos y dos embarcaciones que le permitieran gestionar una tablestaca —una especie de muro de contención utilizado en puertos—.
No obstante, la ASF determinó pagos irregulares por 1.7 millones de pesos debido a que, aunque la empresa cobró el arrendamiento de los dos barcos, los auditores demostraron que no eran necesarios para llevar a cabo las obras ya que estas, en realidad, se harían sobre tierra firme.
La constructora —fundada en Jalisco por el empresario Alberto Jorge García Castellanos—, participó para distintas obras públicas de la Semar, como la adjudicación directa de la construcción de una unidad habitacional en 2023 —año en que empezó a recibir contratos más grandes— por más de 200 millones de pesos.
Incluso, en 2025 —a pesar de estar en medio de la auditoría— recibió un contrato de un millón de pesos para la extracción y colocación de piedra en Dos Bocas.
El conglomerado empresarial de Alberto García Castellanos es uno de los principales contratistas de la Marina desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sus empresas han construido muelles, oficinas en puertos y hasta unidades navales, además de obras con otras dependencias y gobiernos estatales.
Otro caso similar es el de la empresa Desarrolladora CW, que fue señalada por sobrecostos en obras, concretamente, de infraestructura que se cobró y no se realizó; además de utilizar material de mala calidad que presentó deterioro prematuro y generó un posible daño al erario de 1.5 millones de pesos.
Fotoarte: Natalia MontielEl huachicol, la otra cara
Las administraciones portuarias no solo padecen de las irregularidades señaladas por el órgano fiscalizador, sino de las identificadas en el plano penal y ligadas a actividades delictivas como el huachicol —tráfico de combustible— y el contrabando de otros productos como acero.
Como informó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el extitular de la Asipona de Tampico, Francisco Javier Antonio Martínez fue ligado a una red que importaba combustible ilegal en el puerto que él comandaba. Otro director del mismo sitio, el vicealmirante Salvador Camargo Vivero, presuntamente permitía el acceso de huachicol fiscal.
La agencia Reuters también reportó que, en las administraciones portuarias de Ensenada y Guaymas, operó una pequeña red del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que transportaba combustible haciéndolo pasar por grasa industrial.
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