El Gobierno de Argentina informó que buscará reestructurar deuda pública por hasta 68,842 millones de dólares en títulos emitidos bajo leyes extranjeras, según un decreto publicado este martes en el boletín oficial con el que abre formalmente el proceso. 

Se trata de la porción de deuda emitida en bonos bajo legislación extranjera en dólares, euros y yenes, e incluye títulos emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y otros lanzados tras los canjes de deuda de 2005 y 2010.

En total, son 35 series de bonos, de las cuales 23 están emitidas en dólares bajo ley de Nueva York (Estados Unidos), seis están en euros bajo ley de Londres (Reino Unido) y las restantes seis son en yenes, bajo ley de Tokio (Japón),

detalló el diario El Clarín.

El presidente argentino, Alberto Fernández, puso el 31 de marzo como la fecha límite para reestructurar la deuda pública del país. 

La deuda con los organismos bilaterales y multilaterales es de 72,679 millones, de los cuales 44,000 millones corresponden a un préstamo stand by suscrito con el FMI en 2018.

Ese crédito ascendía en total a 57,000 millones de dólares, pero Fernández rechazó recibir de parte del FMI los últimos tramos pendientes.

El decreto se publicó un día después de una profunda caída de de 13.75% en el índice Merval.

“El panorama internacional signado por el shock del coronavirus y del petróleo no configuran un clima propicio para llevar adelante una negociación de (una) envergadura como la de Argentina”, dijo a la AFP el jefe jefe de Estrategia de GMA Capital, Nery Persichini. 

Para Persichini, “una prórroga (para la presentación de la propuesta argentina) no luce como (algo) descabellado a la luz de los acontecimientos internacionales”. 

La tercera economía de América Latina está en recesión. En 2019, la inflación tuvo su nivel más alto en 28 años y cerró en 53.8%, mientras que la pobreza ronda el 40% de la población y el desempleo supera el 10%.

El plan de Argentina surge una semana después de el gobierno asignó a Bank of America y a  HSBC como los entes encargados de la colocación de la deuda, en el marco de la ley de “Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública” aprobada hace pocas semanas por el Congreso. 

Además, escogió a la banca de inversión Lazard como asesor financiero y a la compañía Morrow Sodali como agente de información para el proceso.

Con información de AFP y Reuters