La iniciativa de reforma de ley enviada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para ajustar el gasto público faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para modificar discrecionalmente el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
La propuesta presidencial para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que la SHCP podrá reorientar recursos asignados en el PEF en “emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad”.
Así, el gobierno federal podría cambiar con plena libertad la partida presupuestaria, sin tener que contar con el aval de la Cámara de Diputados, entidad responsable de aprobar el Proyecto de PEF cada año, dice Francisco Jiménez Reynoso, abogado constitucionalista de la Universidad de Guadalajara (UDG).
Pero el documento no especifica qué se entiende por emergencia de salud ni cuáles son los proyectos prioritarios, dice Manuel Guadarrama, experto en finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
“Tampoco detalla por cuánto tiempo se reasignarán los recursos y elimina la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para la asignación presupuestaria”, señala el especialista.
Para Carlos Brown Solà, analista en Economía del Colegio de México, iniciativa formaliza la anulación del poder legislativo como contrapeso en cuanto al uso de recursos públicos.
“Pone en papel algo que ya pasaba desde sexenios anteriores: el Legislativo no había estado ejerciendo su papel como contrapeso ni ha realizado un adecuado seguimiento al gasto público”, detalla.
La iniciativa enviada por López Obrador el 23 de abril se desprende de un decreto a través del que el primer mandatario impuso medidas de austeridad a dependencias y otros organismos de su administración, ante la pandemia de coronavirus.
Las medidas que contiene el decreto van desde reducción de salario a “altos funcionarios” federales, hasta el cierre de la mitad de oficinas de gobierno y la suspensión de algunas obras públicas, salvo sus obras estrella.
De forma voluntaria, dice el documento, se reducirá el salario hasta 25% a funcionarios que van desde subdirectores hasta el presidente, a quienes también se les cancelará el aguinaldo y cualquier otra prestación de fin de año.
También cancela el ejercicio de 75% del presupuesto de las partidas de servicios generales, materiales y suministros y extiende al 1 de agosto la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya están en esta situación.
De acuerdo con la legislación actual, el gobierno federal cuenta con la autoridad para modificar el PEF cuando se trate de menos del 5% del presupuesto. Una cantidad superior requiere la aprobación de la Cámara de Diputados, explican Manuel Guadarrama y Brown Solà.
La bancada de Diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó este jueves un ajuste a la iniciativa presidencial. Pero el ajuste no modifica el contenido sobre las nuevas atribuciones que tendría la SHCP.
Este viernes, el Congreso instalará la Comisión Permanente para avalar un periodo extraordinario en las dos Cámaras.
Se espera que la iniciativa presupuestaria sea debatida el martes, de acuerdo con diversos reportes periodísticos.
