Registro móvil pondría a prueba el derecho a la conectividad de millones de usuarios
A partir del 1 de julio, los números que no estén vinculados, solo tendrán acceso a llamadas de emergencia y de atención ciudadana, las alertas sísmicas y llamar a su compañía telefónica.
A pocos días de que concluya el plazo para registrar las líneas móviles, especialistas advierten que la medida podría derivar en un debate sobre una posible afectación al derecho constitucional de acceso a las telecomunicaciones y al entorno digital.
Aunque el gobierno sostiene que el registro fortalecerá el combate a delitos como la extorsión y los fraudes telefónicos, expertos consultados por EL CEO consideran que la eventual restricción de servicios para quienes no completen el trámite plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de la medida frente a derechos fundamentales como la conectividad y el acceso a la información.
El tema cobra relevancia ante la fecha límite del 30 de junio. A partir del 1 de julio, las líneas que no estén vinculadas solo podrán realizar llamadas de emergencia y de atención ciudadana, recibir alertas sísmicas y comunicarse con su operador telefónico. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha señalado que el servicio podrá restablecerse una vez concluido el registro.
Hasta la noche del 22 de junio, había 62.5 millones de líneas vinculadas de un total de 144.5 millones, según datos de la CRT. Esto significa que alrededor de 82 millones de números aún estaban pendientes de registro a una semana de que concluya el plazo.
Registro móvil y derecho a la conectividad: el debate constitucional
Para Irene Levy, especialista en telecomunicaciones, existe una posible tensión entre la obligación legal de registrar una línea y el derecho constitucional a la conectividad.
Levy explicó que el acceso a las telecomunicaciones y los derechos digitales están reconocidos en la Constitución, mientras que la obligación de registrar una línea deriva de una disposición de menor jerarquía normativa, por lo que considera válido cuestionar si la medida podría afectar derechos fundamentales.
Jurídicamente cabe hacernos la pregunta si esto está violando un derecho constitucional de conectividad o no, porque el derecho constitucional de conectarte, de tener derechos digitales tiene mayor rango, que la obligación de registrarte, que está en la ley, tiene un grado menor”, señaló en entrevista con EL CEO.
Por su parte, Luis Miguel Martínez Cervantes, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana, advirtió que la cancelación o suspensión de líneas podría impactar el ejercicio de derechos reconocidos por la Constitución.
Tenemos al artículo seis y siete que nos garantizan el derecho a la información y el acceso a los medios de comunicación. Si te cancelan la línea, no te dejan ejercer tu derecho. Cuando desconectas a las personas, les estás negando el derecho a una vida digital”, afirmó.
Seguridad pública frente a derechos digitales
No obstante, el debate también involucra una ponderación entre distintos derechos e intereses públicos.
Rolando Guevara, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, explicó que existe una tensión entre el derecho de los usuarios a conservar su acceso a los servicios de telecomunicaciones y los objetivos de seguridad pública que persigue la medida.
Aquí hay una tensión de derechos. Por un lado, es el derecho de los usuarios de conservar su línea telefónica, pero por el otro lado esta es una medida administrativa que va encaminada a los impactos de delitos como extorsión, entre otros fraudes”, dijo a EL CEO.
El académico recordó que el acceso a internet y a los servicios de telecomunicaciones está reconocido en el artículo sexto constitucional, pero subrayó que el Estado también tiene la obligación de generar mecanismos para proteger a la población frente a actividades ilícitas.
“El principio general del derecho es que no hay derechos absolutos. La ponderación es entre conectividad versus seguridad”, sostuvo.
Industria defiende el registro
Para Gabriel Contreras, vicepresidente de Asesoría Jurídica, Asuntos Regulatorios y Externos de AT&T México, el registro forma parte de los esfuerzos necesarios para fortalecer la seguridad.
Hoy hay un acceso al derecho a las telecomunicaciones en el artículo sexto de la Constitución, pero también entendemos la necesidad de que todos aportemos y pongamos un granito de arena precisamente en materia de seguridad”, señaló.
El directivo afirmó que la compañía respalda la iniciativa y aseguró que el proceso se desarrolla bajo estándares de protección de datos personales y seguridad de la información.
Esto pasa en las democracias más avanzadas de todo el mundo, no es algo atípico y no vemos por qué no debería pasar también en nuestro país”, dijo.
Anteriormente, el magnate Carlos Slim Helú, dueño de América Móvil, dijo que el registro “es algo muy complicado, primero está creciendo en pospago, pero es demasiado corto el tiempo, lento para todos”.
Sin embargo, especialistas consideran que Telcel sería la empresa menos afectada por la medida, debido a que genera más ingresos por usuario, en comparación con los operadores móviles virtuales (OMV), un ecosistema en el que compiten Bait de Walmart de México y OXXO CEL.
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