Artículo 19, la CIRT y periodistas critican reglas que permitirían al gobierno definir qué es verdad
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) también manifestó su rechazo a la propuesta y calificó los lineamientos como "ambiguos".
Los lineamientos para la defensa de los derechos de las audiencias que el gobierno federal sometió a consulta pública comenzaron a generar críticas entre organizaciones civiles, periodistas y representantes de la industria de la radio y la televisión, quienes advirtieron riesgos para la libertad de expresión y cuestionaron el alcance de la propuesta.
Para Marco Clavel Alessio Robles, coordinador del programa Ecosistema Informativo y Tecnológico de Artículo 19, las medidas no son compatibles con un Estado democrático y los derechos de las audiencias no deben utilizarse para restringir la libre circulación de información.
La realidad es que obviamente tienen sus derechos, y tienen sus mecanismos y deben de ser protegidos estos derechos, pero nunca deben de ser a expensas de la libre circulación de información y mucho menos clasificando qué es una opinión y qué no”, señaló en entrevista con EL CEO.
El especialista consideró que uno de los puntos más preocupantes de la propuesta es la regulación sobre la difusión de información histórica en contextos actuales, al estimar que los lineamientos no precisan en qué casos podría considerarse descontextualizada.
A su juicio, ello podría limitar la exposición de antecedentes relacionados con violaciones a derechos humanos o con el historial de obras públicas.
La realidad es que el Estado no puede decirnos qué es lo que debe de considerarse verdad y tampoco puede restringir de forma previa el contenido y las ideas que se van a circular. La gente tiene derecho a consumir las cosas tal y como se presentan”, mencionó.
Regulación debe atender temas específicos
Clavel sostuvo que, si el objetivo es regular determinados discursos, los cambios deberían realizarse en legislaciones específicas y no mediante lineamientos de aplicación general.
Como ejemplo, señaló que asuntos como la propaganda electoral, la discriminación o el derecho de réplica cuentan con marcos legales propios que podrían fortalecerse sin afectar el ejercicio de la libertad de expresión.
Asimismo, consideró que cualquier modificación debe preservar la independencia de los poderes del Estado y los mecanismos de pesos y contrapesos.
En los últimos años, cada vez hemos perdido estos pesos y contrapesos que van de la mano con un tema de independencia”, criticó Marco Clavel.
El gobierno de Claudia Sheinbaum abrió la consulta pública sobre los lineamientos para proteger los derechos de las audiencias en los medios / FOtoarte: Karla MuñozPeriodistas cuestionan la propuesta
Las críticas también surgieron entre periodistas y comunicadores.
El conductor Manuel López San Martín cuestionó, a través de su cuenta de X, que la autoridad pueda convertirse en árbitro de la veracidad de los contenidos.
¿Quién definirá lo que es verdad? ¿El gobierno?”, cuestionó el comunicador en su cuenta de X.
🔴 Van por castigo a medios de comunicación
Todo bajo el discurso de proteger a las audiencias
La 4T quiere decidir qué se puede decir y qué no pic.twitter.com/jxEfrfPaQl
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 28, 2026
En tanto, el periodista y conductor de Meganoticias, Andrés A. Solís, sostuvo que la defensoría de las audiencias es un mecanismo de autorregulación de los medios y consideró inaceptable cualquier intento del Estado por asumir esa función.
La defensoría de las audiencias es un modelo importante, pero es parte de la AUTORREGULACIÓN de los medios. Cualquier intervención del Estado es inaceptable y eso no lo entienden en este gobierno.
— Andrés A. Solis © (@aasolisa) July 28, 2026
La propuesta elaborada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) plantea que cada concesionario de radio y televisión cuente con un defensor de audiencias independiente, además de un Código de Ética que incorpore los derechos de las audiencias y los procedimientos para presentar quejas.
En caso de incumplimiento, las observaciones podrían escalar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), autoridad facultada para imponer las sanciones previstas en la legislación.
CIRT ve ambigüedad y riesgo de sanciones
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) también manifestó su rechazo a la propuesta y calificó los lineamientos como “ambiguos”, al considerar que permiten al gobierno determinar qué información puede catalogarse como falsa o descontextualizada.
El proyecto permite al Gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada, desvirtuando los mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de las audiencias, quien queda subordinado a la autoridad”, dijo el organismo a través de un comunicado.
La CIRT también cuestionó el esquema de sanciones contemplado en la propuesta, al advertir que las multas podrían alcanzar hasta el 1% de los ingresos anuales de los concesionarios, una medida que, aseguró, no estaba prevista en la legislación.
Además, pidió que los lineamientos prohíban expresamente la presentación de quejas anónimas, al considerar que, de lo contrario, podrían utilizarse como mecanismo de presión contra periodistas y comunicadores mediante denuncias falsas o artificiales.
🚨IMPORTANTE🚨 pic.twitter.com/Wz8VKNm5Fq
— Cámara Nacional de la Industria de Radio y TV (@cirtmx) July 28, 2026
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