La demanda entre ExxonMobil y el estado de Nueva York podría sentar un precedente sobre transparencia en el sector energético, comunicación con inversionistas y el monitoreo que los gobiernos mundiales realizan sobre las compañías más contaminantes.
“Las empresas petroleras deben tomar decisiones para mitigar sus emisiones. Como toda empresa que busca tener rentabilidad, se evalúa el impacto de la regulación existente y se toman decisiones con base en eso”, dice Arturo Carranza, analista del sector energético.
De acuerdo con el experto, lo que va a suceder es que, en un contexto de mayor transparencia y mayor exigencia, las empresas petroleras tendrán que acatar regulaciones cada vez más estrictas, lo que les va a generar un costo evidente en términos de rentabilidad.
Este eventual golpe a la rentabilidad puede ser la razón principal por la que ExxonMobil se está enfrentando a un proceso de demanda: la compañía es acusada por el estado de Nueva York de haber mentido a los inversionistas sobre el impacto que las regulaciones gubernamentales podrían tener en su negocio.
Ted Wells, abogado de ExxonMobil, defiende que el antiguo director de la compañía y exsecretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, creó un sistema para contabilizar el impacto de las regulaciones climáticas en 2007, pero Nueva York duda de la información puesta a disposición de los accionistas.
Kevin Wallace, abogado de la fiscalía, expuso que la empresa no tomó en cuenta que el alcance de las regulaciones y su impacto económico irían escalando. La fiscalía solicitó a ExxonMobil entre 476 y 1,600 millones de dólares en daños a los inversionistas.
Debido a la búsqueda de compensaciones, Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México consideró que este caso “parece un tema mayormenterelacionado a los esfuerzos de prevenir malas prácticas de bursatilización, que se potencia por tener como foco el petróleo y el cambio climático”.
Sin embargo, este caso sienta las bases sobre las cuales ya se están construyendo otros procesos.
Es la primera de muchas cosas por venir. No es algo que salió de la nada, es parte de un esfuerzo de Nueva York frente a entidades petroleras y es una aceptación de la situación grave que enfrentamos (en cuanto a emisiones contaminantes) que no sólo se ha dado en los tribunales, sino también al interior de las propias empresas
Gonzalo Monroy, director de la consultora energética GMEC
La ciudad de Baltimore presentó un caso similar al de Nueva York. En agosto de 2018 presentó a la corte estatal una demanda en contra de 26 empresas petroleras por “involucrarse en un esfuerzo coordinado por ocultar su conocimiento de las amenazas producidas por sus emisiones, desacreditar la evidencia científica y crear dudas en la mente de consumidores, reguladores, medios, periodistas, maestros y público en general sobre la realidad y las consecuencias de esta contaminación”.
Apenas esta semana, la Suprema Corte descartó atraer el tema y permitió a la corte estatal de Maryland escuchar el caso, y a las cortes de Rhode Island y Colorado escuchar casos similares, en lo que representó la primer gran victoria para las respectivas fiscalías.
En 2011, la Suprema Corte ya había desestimado una acción colectiva de seis estados que buscaban forzar a grandes compañías eléctricas a reducir sus emisiones. En ese caso, el rechazo se dio porque los jueces consideraron que la jurisdicción pertenecía a la Agencia de Protección Ambiental.
Ante la flexibilidad regulatoria del gobierno de Donald Trump, han sido las autoridades estatales y locales quienes han buscado llenar el hueco.
Los enfrentamientos entre distintos niveles gubernamentales han sido tan ríspidos que incluso han llegado a la corte. Este miércoles el gobierno federal demandó al mercado de emisiones de California con el objetivo de cerrarlo.
¿La razón? El mercado tiene un acuerdo de cooperación con la provincia de Quebec, el cual, según la demanda, sólo puede ser firmado por el gobierno federal o con la aprobación de este.
Esta demanda también es una mala noticia para México, que apuntaba a que su Sistema de Comercio de Emisiones firmara un acuerdo similar con California en el mediano plazo.
