Venezuela anunció este lunes un indulto para más de 100 políticos de oposición, incluyendo a más de 20 legisladores que fueron acusados de conspirar contra el presidente Nicolás Maduro, mientras el país se acerca a elecciones parlamentarias el próximo diciembre.

El esfuerzo indica que el Partido Socialista, actualmente en el poder, busca aumentar la participación en los próximos comicios, que parte de la oposición ha prometido boicotear y han tachado de arreglados.

Los indultos realizados por decreto presidencial incluyen al legislador Freddy Guevara, quien buscó asilo en la residencia diplomática chilena, así como a Roberto Marrero, quien ha servido como jefe del estado mayor del líder de la oposición Juan Guaidó.

El fiscal en jefe, Tarek Saab, dijo en una entrevista telefónica que los indultos pretenden “promover el debate político” y “fortalecer el derecho humano al voto”.

“Si vuelven a cometer cualquier acto de terrorismo, violencia, o amenazas de golpes de estado, obviamente este beneficio terminará”, dijo.

Muchos de los mencionados participaron en la fallida rebelión de 2019 que buscaba persuadir a los militares de retirar su apoyo a Maduro.

Algunos de los indultados están encarcelados, mientras que otros han buscado asilo político o se encuentran exiliados.

Los líderes de la oposición dicen que la reelección de Maduro en 2018 fue fraudulenta, y han reconocido a Guaidó como el presidente legítimo. Más de 50 países, incluyendo Estados Unidos, han seguido ese ejemplo.

“Maduro no es el presidente y yo no soy un delincuente”, escribió el legislador Americo de Grazia, quien fue mencionado en el decreto. “Si quieres contribuir a la paz, perdona a Venezuela de tu usurpación del poder”.

La medida no menciona a Leopoldo López, uno de los líderes de oposición de más alto perfil, que fue encarcelado en 2014 por liderar protestas contra Maduro y ahora vive en la residencia diplomática de España.

Tampoco se menciona a los oficiales militares encarcelados bajo cargos de complotar para derrocar a Maduro.

Grupos de derechos humanos han criticado al gobierno de Venezuela por la arbitraria detención de adversarios, muchas veces con cargos que carecen de evidencia, y en violación al debido proceso y la inmunidad parlamentaria para legisladores.

El gobierno de Maduro liberó a pequeños grupos opositores en el pasado, pero esas liberaciones suelen ser seguidas por más arrestos.

No obstante, el gobierna niega a prisioneros políticos, y dice que esas acusaciones son parte de un esfuerzo apoyado por Estados Unidos para afectar su imagen.