La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes que planea abrir más de 320,000 km2 en el Golfo de México a la exploración petrolera y de gas, luego de que un tribunal falló en contra de la moratoria impuesta por el gobierno en la región.
La decisión representa un retroceso importante para el ambicioso programa climático de la Casa Blanca, además, dicha decisión fue rápidamente criticada por una coalición de defensores del medioambiente, dijeron especialistas a AFP.
La Oficina de Administración de Energía Oceánica (BOEM en inglés) del departamento del Interior prevé publicar un aviso de licitación en septiembre “con una adjudicación a realizarse en el otoño” boreal, según declaró la agencia en un comunicado.
Según un informe oficial publicado en línea, el gobierno prevé subastar hasta 1,100 millones de barriles de petróleo y 125 billones de metros cúbicos de gas.
El documento toma nota de un nuevo informe de un panel intergubernamental de expertos sobre la evolución del clima, “que detalla la observación de un cambio climático rápido en todas las regiones del mundo”, pero señala que no es un motivo suficiente para modificar la declaración de impacto ambiental.
Acusan que EU cedió ante industria petrolera
Tras su publicación, grupos medioambiente liderados demandaron al BOEM y la secretaria del Interior, Deb Haaland.
“Esta venta es profundamente decepcionante. La administración se doblegó ante la industria petrolera al apoyarse en su campaña de desinformación y presión política, ignorando la urgencia climática creciente a la que estamos confrontados”, declaró Brettny Hardy, abogada de Earthjustice.
En enero Biden anunció una moratoria de nuevas perforaciones petroleras y gasíferas en tierras federales a la espera de una revisión, cuando el presidente demócrata buscaba instalar el cambio climático en el corazón de su mandato.
Pero en junio un juez federal de Luisiana nombrado por el expresidente republicano Donald Trump emitió un fallo que obligó la administración a obtener la aprobación del Congreso para la suspensión.
