Apertura de tiendas en la madrugada o peleas por pantallas han sido algunas de las postales que ha traído la iniciativa El Buen Fin desde 2011, la cual ha contribuido a elevar las ventas de varios negocios, pero los consumidores deben analizar con lupa las ofertas, y tener en mente que serán vigilados por el fisco.
En cuanto a ofertas, de acuerdo con el estudio ‘¿Realmente bajan los precios durante el Buen Fin?’, la iniciativa reduce en promedio 7% los precios con respecto al precio observado en septiembre antes del evento y sólo 52% de los productos analizados reduce efectivamente su precio.
El Buen Fin no puede ser considerado como un evento de baja generalizada de precios. Los descuentos ofrecidos por distintas cadenas tienen diferencias considerables. En algunos casos, diversos establecimientos han adoptado prácticas estratégicas que permiten hacer más evidentes las ofertas ofrecidas durante el evento
dice la investigación de Raymundo Campos y Eduardo Medina, publicada en el Trimestre Económico.
En este sentido, una de las estrategias más utilizadas por los negocios es la de meses sin intereses y la bonificación en monederos electrónicos. En el Buen Fin de 2018, 50% de los establecimientos comerciales y 41.5% de servicios otorgaron meses sin intereses, mientras que la bonificación de puntos, kilómetros y dinero electrónico, y “compre hoy y pague después”, registró 21.3% y 17.7% de las empresas, según datos de INEGI.
Por lo que el contribuyente, además de contar con un presupuesto para evitar endeudarse con los meses sin intereses, deberá tener cuidado a la hora de prestar su tarjeta de crédito si no quiere ser fiscalizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El fisco puede cruzar la información bancaria y revisarla con los ingresos y egresos de la contabilidad que entregan los contribuyentes y encontrar una discrepancia fiscal. El artículo 91 de la Ley del ISR dice que las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente, o bien a los que debía declarar.
También se consideran erogaciones efectuadas por cualquier persona física, las consistentes en gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito.
“Si presto mi tarjeta se quedaría registrado que la compra es con recurso que sale a nombre de esa tarjeta y si no tengo una capacidad económica para poder hacerme del bien y lo paga otra persona sí es susceptible a que la autoridad genere una discrepancia y me venga a preguntar por qué estoy gastando más”, comentó Rodrigo Ramírez, presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México.
Pero la fiscalización no es solo para los consumidores, los negocios que participen también estarán en la mira del SAT.
Para poder participar en la iniciativa y mostrar el logotipo de El Buen Fin, los comercios deben cumplir con una serie de requisitos al inscribirse en el programa, lo cual se hace por medio de un sitio web, para el que se requiere de un RFC, la FIEL o firma electrónica actualizada y la opinión de cumplimiento positiva.
En la edición 2018, 55.2% de las empresas de comercio al por menor declararon haber participado en la iniciativa, mientras que 13.6% de los servicios privados no financieros lo hicieron, de acuerdo con Inegi.
El 50.8% de comercio declaran que sus ventas aumentaron en comparación con el Buen Fin 2017, 25.1% permanecieron igual y 19.3% reportan disminución. Por su parte, 43.6% de las empresas de los servicios privados no financieros declaran un aumento en sus ingresos, mientras que 23.0% permanecieron igual y 22.3% disminuyeron.
Adicionalmente, con el sorteo fiscal que efectúa el SAT se fomenta el uso de las tarjetas bancarias y la emisión de las facturas electrónicas, ya que los únicos que pueden acceder a este beneficio, en el que se reembolsa el monto de las compras, son quienes efectúen sus compras con tarjetas.
Con esto lo que hacen es que las personas que van a comprar pidan la factura y el vendedor se obliga en emitir el comprobante y a final de cuentas reportar ingresos que lo tendrán en la base de datos (del SAT)
dijo Rodrigo Ramírez.
Por lo pronto, para la edición 2019 se espera que alrededor de 76,000 empresas participen y que se alcancen por lo menos 118,000 millones de pesos en ventas.
