FGR sigue reuniendo pruebas para comprobar el origen ilegal de 59 millones de litros de huachicol en Guanajuato
Ernestina Godoy, titular de FGR, instruyó el acopio de información para verificar la ilegalidad del combustible incautado en Guanajuato.
La Fiscalía General de la República (FGR) continúa investigando y reuniendo pruebas para comprobar el origen ilegal del decomiso de 59 millones de litros de presunto combustible robado en una planta de almacenamiento de Grupo SIMSA en Guanajuato.
El pasado 17 de septiembre, la FGR informó sobre el aseguramiento de combustible ilegal tras un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales en el municipio de San José Iturbide, en el que se incautaron 33.504 millones de litros de gasolina regular, 7.266 millones de gasolina premium y 18.265 millones de diésel.
Sin embargo, este sábado la FGR detalló que ante la complejidad del caso, Ernestina Godoy Ramos, titular del órgano autónomo, instruyó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ejercer la facultad de atracción de la carpeta de investigación respectiva.
De esta forma, personal de la institución lleva a cabo diligencias como el acopio de información relativa a diversas empresas vinculadas con el caso, así como el análisis de documentos y entrevistas a directivos de la empresa directamente relacionada con los hechos que se investigan.
La finalidad de los trabajos es verificar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de totalidad del hidrocarburo localizado”, argumentó la FGR.
Se pronuncian en contra de los señalamientos de FGR
Grupo SIMSA, empresa afectada por el caso, aseguró contar con la documentación y permisos correspondientes para operar la planta en el estado del Bajío; además, enfatizó que el combustible que ahí se almacena no es de su propiedad.
La operación de la terminal de almacenamiento es completamente licita y verificable, y está regulada y supervisada por las autoridades federales, estatales y municipales. Dichos permisos y autorizaciones se encuentran disponibles para consulta pública en las páginas oficiales del Gobierno de México, del Estado de Guanajuato y Municipio de San José Iturbide, Guanajuato”, expuso la empresa en un comunicado.
Además, precisó que Gas Natural del Noroeste -una empresa que pertenece al mismo grupo- es quien opera la terminal en San José Iturbide desde hace nueve años y que tiene todos los permisos de almacenamiento para operar.
Es importante aclarar que, conforme al permiso de almacenamiento, Gas Natural del Noroeste presta un servicio de utilidad pública consistente en recibir y almacenar petrolíferos que son propiedad de las empresas usuarias, las cuales, a su vez, son permisionarias de la Comisión Nacional de Energía, y acreditan ante la empresa la propiedad, la procedencia legitima y la calidad de sus productos, indicó en el comunicado.
Un año de la detención de los marinos
El decomiso de la FGR se da poco más de un año después del destape de una mega red de contrabando que operaba en el país. Todo inició en marzo de 2025, cuando la Secretaría de Marina informó sobre el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Tampico, armas de fuego y vehículos, lo que dio pie a una investigación.
En su momento, el caso reveló el uso sistemático de documentos apócrifos y empresas fachada para introducir hidrocarburos al país, evadiendo impuestos y generando ganancias millonarias para la organización criminal conocida como Los Primos.
Más tarde, el 7 de septiembre de 2025, detuvieron al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, junto con otros 13 implicados, incluidos tres empresarios, seis marinos —uno en retiro— y cinco funcionarios aduanales.
Por este mismo caso, Fernando Farías Laguna —sobrino del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador— también fue detenido el 23 de abril de este año en Argentina, desde donde fue extraditado al país a finales de agosto.
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