Relevo en aduanas

Horacio Duarte Olivares, uno de los operadores políticos más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, será designado en las próximas horas como el nuevo administrador general de Aduanas. Esto, tras la intempestiva renuncia de Ricardo Ahued, quien solo duró nueve meses en el cargo, igual que su antecesor, Ricardo Peralta, quien luego de casi seis meses en esa posición también salió de la dependencia para incorporarse como subsecretario de Gobierno.

El morenista que forma parte del llamado Grupo Texcoco tendrá el gran reto de acabar con el “monstruo de 100 cabezas” que significan las aduanas en el país, las cuales, según el propio López Obrador, entrañan mucha corrupción. Por las 49 aduanas que hay a lo largo y ancho de la geografía mexicana entra y sale de todo tipo de mercancía, desde textiles hasta automóviles y petrolíferos, los cuales generan miles de millones de pesos en impuestos que no son enterados completamente al fisco.

Esa será precisamente la tarea principal de Duarte Olivares, quien tendrá sobre sí el yugo de la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, que terminó echando a Ahued de la dependencia tras ficharlo como un funcionario que había sido contagiado por el COVID-19.

El fin de semana, Horacio Duarte se habría despedido de sus compañeros de la Secretaría del Trabajo, a donde fue enviado por el Presidente para coordinar el ambicioso programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual no ha cumplido las metas iniciales y ha sido objeto de cuestionamientos sobre su diseño operativo.

Duarte Olivares es uno de los operadores electorales más cercanos a López Obrador y uno de los que más confía. Fue AMLO quien lo impulsó para ser representante del CEN del PRD ante el Consejo General del IFE y en el 2014 lo designó como representante de Morena ante el Consejo General del IFE (ahora INE), cargo que sigue desempeñando hasta la fecha, además de haberlo propuesto como dirigente de ese partido en el Estado de México.

El morenista, sin embargo, acarrea el mismo problema que sus dos antecesores: no tiene experiencia en el sector aduanero ni fiscal. Está ahí porque es un amigo del Presidente. A Duarte le aplica el dicho de López Obrador, sobre que busca que sus funcionarios tengan 90% de honestidad y solo 10% de conocimiento… aunque la primera cualidad también está en duda.

TV Azteca, en el ojo del huracán

El apercibimiento público que hizo la Secretaría de Gobernación a TV Azteca luego de que el periodista Javier Alatorre hiciera un llamado a ‘no hacer caso’ al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, no va a quedar en un simple llamada de atención, aseguran en el sector.

Y es que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ‘recomendó’ que no haya sanción, de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, corresponde a Gobernación aplicar la penalización en materia de contenidos audiovisuales y multar con un cierto porcentaje de los ingresos de la televisora, lo que no ha ocurrido hasta ahora.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información ya pidió al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sancionar a la televisora de Ricardo Salinas Pliego, no solo con una amonestación económica, sino incluso proponiendo una revisión al título de concesión de TV Azteca.

En este caso, la postura del IFT estaría en una disyuntiva; por un lado, en el deber de responsabilidad de los concesionarios y, por otro, en la garantía de la libertad de expresión del ejercicio periodístico. Hasta ahora, el regulador considera que no cuenta con todos los elementos para emitir un juicio sobre las responsabilidad que pudiera tener la televisora.

No obstante, el alto escrutinio como servidores públicos en México es un elemento que el IFT siempre tiene presente. Al IFT le corresponde transmitir las sanciones toda vez que la Segob hizo el exhorto, pero el regulador no puede pronunciarse antes, porque por ley, la Secretaría que encabeza la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero es la que determina la responsabilidad del concesionario. Veremos que sucede en los próximos días.

¿Sin humo blanco?

El viernes se realizó la asamblea de accionistas de la BMV con una asistencia de apenas 61.6% y se desahogaron todos los puntos presentados con anterioridad como el pago de un dividendo, el fondo para recompra de acciones propias y la integración de una nueva consejera.

Sin embargo, el punto que había causado mayor expectativa es conocer al sustituto de Jaime Ruiz Sacristán en la presidencia del Consejo de Administración, lo que no sucedió. Nos cuentan que, en la reunión, donde la mayoría de los asistentes se conectó vía remota, ni siquiera se tocó el tema por respeto a su memoria.

Mientras tanto, crecen las versiones de que Marcos Martínez Gavica es por el momento el candidato más fuerte, pero será hasta este martes 28 cuando deje oficialmente la presidencia del Banco Santander México. Martínez Gavica fue designado y ratificado como miembro del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana desde abril de 2019. Es probable que hoy mismo haya noticias sobre el proceso de relevo y la potencial participación de más candidatos.

Pura recuperación en L

Sin duda, el nombramiento de presidente del Consejo de BBVA México refrescó el nombre de Jaime Serra Puche, experto exfuncionario público que ocupó diversas secretarias y fue una pieza clave en la negociación y firma del TLCAN.

Desde 1995 fundó SAI Derecho y Economía, un despacho donde abundan exfuncionarios de gobierno, como Beatriz Leyceguí y Eduardo Pérez Motta entre muchos otros. El despacho realizó la semana pasada el evento virtual ‘Pandemia económica, soluciones para tu negocio’, con destacados planteamientos. Sobre la perspectiva económica de México, hubo dos temas relevantes; el escenario más pesimista de SAI es que la recuperación del país tarde hasta tres años, en una formación de L provocada por la falta de control de la pandemia y estímulos ineficientes y poco efectivos, además de quiebras y despidos masivos.

Entre los obstáculos que México deberá enfrentar después de superar el confinamiento está la asignación “irresponsable” de recursos económicos a Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya; la falta de confianza de los inversionistas en la toma de decisiones del gobierno actual; y la alta volatilidad en los mercados financieros.