El riesgo legal sobre los proyectos energéticos que los inversionistas realizan en el país creció de 3% a 15% en los tres años de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), debido a los costos que representan los cambios en la normatividad, de acuerdo con consultores de esta industria.
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Desde su llegada, el gobierno impulsó cambios a las leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica, para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) sean los que cubran la demanda de energía sin la participación de empresas privadas que ya tenían recursos invertidos.
En los proyectos generalmente se contempla un porcentaje legal de cuánto se va a gastar de riesgo. Anteriormente, se tenía contemplado no más de 3% en la parte legal, hoy en día esta parte se fue a un nivel de 12 a 15%
comentó Ramsés Pech, analista del sector energético a EL CEO.
Los costos legales de un proyecto energético no deben superar 2.5% de la inversión total, pero en México se han incrementado entre 3 a 4 veces.
Un proyecto energético no solo tiene costos de planeación y construcción, porque están inmersos en la parte legal y de riesgos que pudiera haber en los mismos.
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Difícil que se concreten nuevos proyectos: IMCO
Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consideró un hecho que los costos de compliance (cumplimiento normativo) y de los departamentos legales y de abogados externos se han incrementado de forma importante entre los inversionistas del sector.
El riesgo de la inversión en el sector energético ha incrementado de forma significativa. Es muy difícil que lleguen inversiones o grandes proyectos nuevos tanto en el sector hidrocarburos como en el eléctrico
manifestó.
Comentó que las empresas con proyectos nuevos enfrentan mayores costos por compliance regulatorio, debido a la incertidumbre sobre las resoluciones de la CRE y del Centro Nacional de Energía (Cenace).
Para Interconectar una planta de generación, por ejemplo, se requiere la autorización del Cenace, quien determina por estudios la viabilidad del proyecto y si es necesario reforzar o construir nueva infraestructura.
“Obviamente los cambios a la LIE, la reforma a la Ley de hidrocarburos, todos los litigios alrededor de eliminar la regulación asimétrica de Pemex y el tema de los permisos de importación de Sener, generan incertidumbre”, expresó Ocampo.
Por otra parte, las empresas que ya estaban operando tienen la certeza de que van a tener que litigar, ya sea en el procedimiento administrativo o en el poder judicial interponiendo amparos por la afectación que tendrán con las reformas, mencionó el especialista.
En la parte legal, los inversionistas deben contemplar disputas o adecuaciones para cumplir con las normas, regulaciones y leyes vigentes.
“Si estas son modificadas durante el proceso antes de empezar a operar, se incrementan los costos, esto crea incertidumbre a los inversionistas”, sostuvo Pech.
Retrasos en entregas de permisos
A ese costo se suma otro más generado por el tiempo que las comisiones Reguladora de Energía (CRE) y Nacional de Hidrocarburos (CNH) tardan en otorgar permisos a los inversionistas para que desarrollen sus proyectos. Lo normal era esperar seis meses después de solicitarlos, pero ahora tardan más de un año.
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La incertidumbre que tienen los inversionistas ante la reforma eléctrica en materia constitucional que actualmente se discute y el desenlace de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y a la Ley de Hidrocarburos que se encuentran suspendidas por los jueces, afecta los incentivos en cuanto a la rentabilidad esperada.
Según Pech, pese a que se hacen fuertes inversiones, los proyectos del sector eléctrico tardan de tres a cinco años en madurar y generar rentabilidad.
Construir un kilómetro de línea de transmisión cuesta entre 3 y 5 millones de pesos, mientras que la planta de generación fluctúa de 80 a 500 millones de dólares, dependiendo de la capacidad de instalación.
Si seguimos peleando y teniendo incongruencias en un plan de largo plazo y seguimos todavía discutiendo en la parte legal vamos a continuar con una serie de amparos
advirtió el analista.
Reforma de 2013 redujo riesgos de las finanzas públicas
Para Severo López Mestre Arana, socio director de Galo Energy, abrir la participación del sector privado a la industria energética permitió al Estado minimizar los riesgos de pago y quitar cargas a los contribuyentes.
Cuando tú tienes la exclusividad del Estado, tienes que poner la cartera por delante. Suena padrísimo decir: el Estado es exclusivo, pero hay que meter el billete, y el Estado mexicano dijo: ‘ya no te puedo estar pagando toda la comida todo el tiempo’. Entonces, empezó la reforma de 2013 que en el fondo es una reasignación de riesgos del Estado mexicano
comentó.
Antes de la reforma del 2013, el gobierno de México asumía todo el riesgo de la industria eléctrica, ya que la financiaba con recursos del sector público, es decir, de la ‘chequera de los mexicanos’. De aprobar la reforma eléctrica, el país retrocederá a esa época.
En un escenario en el que la reforma constitucional sea aprobada por el Congreso, el erario tendrá una presión más y si no hay suficiente presupuesto no se logrará cubrir la demanda eléctrica, reiteró Severo Mestre.
De pasar esta reforma tendremos una segunda batalla que es contra los países que invirtieron, que además, van a pedir reciprocidad y van a decir: ‘yo te estoy dejando invertir aquí, ¿qué condiciones me estás poniendo a mí en el sector energético?.
