El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó su preocupación por la próxima decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que podría invalidar el Artículo 19 de la Constitución, en el cual está contenido la prisión preventiva de oficio.
Durante la conferencia mañanera del mandatario federal, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, explicó que la prisión preventiva está diseñada para que las personas acusadas de delitos de alto impacto para la sociedad, como delincuencia organizada, narcotráfico, homicidio, secuestro, feminicidio, tortura, trata de personas, abuso sexual infantil, entre otros, lleven su proceso en prisión para garantizar que comparezca al juicio, que no haya una fuga y salvaguardar la seguridad de las víctimas y los testigos.
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Sin embargo, la SCJN atrajo una controversia después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), emitiera una resolución en la que pide a México adecuar las leyes en la materia.
¿Qué institución debe definir qué procede con la prisión preventiva oficiosa?
De acuerdo con Alcalde, aunque esta determinación obliga al Estado mexicano a acatar la sentencia, la Suprema Corte atrajo la sentencia e interpretó unilateralmente cómo es que México debe darle cumplimiento sin haber tomado en cuenta a otras instituciones como el Congreso de la Unión, que es la instancia que debería estar analizando el tema
La Suprema Corte no sólo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país
aseveró la funcionaria federal.
Según datos proporcionados por la Segob, la inhabilitación de la prisión preventiva oficiosa representaría la liberación de 68,000 presuntos delincuentes, que estarían siendo enjuiciados por los siguientes delitos:
- 11,639 por homicidio
- 7,149 por secuestro
- 5,617 por violación
- 4,013 por narcotráfico y narcomenudeo
- 3,800 por portación de armamento y explosivos
- 1,405 por feminicidio
- 1,273 por abuso infantil
- 445 por delincuencia organizada
Las entidades que se verían más afectadas con la posible decisión serían el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Michoacán, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Chiapas, Hidalgo y Sonora.
Asimismo, Alcalde recalcó que parte de la responsabilidad en las irregularidades que se dan durante la prisión preventiva oficiosa se debe a la incapacidad del Poder Judicial de garantizar procesos ágiles.
Ante ello, el gobierno de AMLO envió una carta a los ministros de la SCJN para exponer sus preocupaciones y las implicaciones que tendría para la seguridad del país que dichos delincuentes regresen a las calles.
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