UIF, FEMSA y herencias: los casos que definieron el inicio de año de la nueva SCJN
Las diferencias entre la ministra Lenia Batres y algunos integrantes del Pleno se reflejaron en varias discusiones.
La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó su primer periodo de sesiones de 2026 dejando una combinación de resoluciones polémicas, divisiones internas y criterios que podrían redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes.
Durante la primera mitad del año, el máximo tribunal concentró parte de sus esfuerzos en resolver más de 1,000 asuntos heredados por la anterior integración de la Corte, entre ellos litigios fiscales, administrativos y penales de alto impacto.
Al mismo tiempo, la nueva conformación del Pleno dejó ver posturas divergentes entre los ministros y una tendencia que, de acuerdo con algunos análisis, ha favorecido al gobierno federal en asuntos relevantes.
Según el informe Nuevo Poder Judicial, primeros hallazgos de su desempeño, elaborado por Integralia, de los 196 asuntos resueltos por la nueva SCJN durante sus primeros cinco meses de operación, 132 tuvieron un sentido favorable al gobierno federal.
La SCJN resolvió asuntos de alto impacto como el adeudo fiscal de FEMSA, la validez de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias y la discusión sobre la posibilidad de reabrir sentencias firmes bajo la figura de la denominada “cosa juzgada fraudulenta”.
La SCJN resolvió asunto de FEMSA y la UIF en 2026. / Fotoarte: Karla Muñoz.Lenia Batres y las diferencias en el Pleno de la SCJN
La ministra Lenia Batres Guadarrama, quien se perfila para asumir la presidencia de la Suprema Corte en 2027 por un periodo de dos años, se ha convertido en una de las figuras más visibles y polémicas del nuevo tribunal.
Uno de los episodios más controvertidos ocurrió durante la discusión del 3 de julio sobre el tratamiento fiscal de las afores heredadas, cuando la ministra expresó su respaldo a la posibilidad de gravar las herencias de manera general.
Creo que lo injusto es que no se graven las herencias y el legado (…) Una persona recibe un recurso que no provino de su esfuerzo”, sostuvo durante la sesión.
Posteriormente, Batres defendió públicamente esa postura en distintos espacios, lo que generó críticas de diversos sectores e incluso un deslinde de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien manifestó su desacuerdo con la propuesta.
El posicionamiento también provocó la respuesta del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, ponente del asunto, quien explicó públicamente que el criterio discutido por la Corte no implicaba establecer un nuevo impuesto a las herencias.
Las diferencias entre Batres y algunos integrantes del Pleno también se han reflejado en otras discusiones. En semanas recientes, el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía cuestionó la exclusión de criterios previos en proyectos elaborados por la ministra y criticó que algunas de sus observaciones no fueran incorporadas en los engroses de diversas resoluciones.
El caso FEMSA y el aislamiento de Batres
Otro de los asuntos que generó mayor atención fue el relacionado con el adeudo fiscal de FEMSA por 2,868 millones de pesos, correspondiente al ejercicio de 2011.
La ministra Batres impulsó en dos ocasiones que el máximo tribunal atrajera el caso, pese a que previamente había señalado que los ministros ya no debían convertirse en “pescadores de asuntos fiscales”.
Sin embargo, la propuesta no obtuvo respaldo del resto de los integrantes del Pleno y la Corte terminó por dejar firme la resolución de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que previamente había anulado el crédito fiscal.
Durante la discusión, Batres planteó la posibilidad de aplicar un criterio más reciente de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para permitir que la autoridad pudiera impugnar este tipo de resoluciones debido a su monto económico.
No obstante, el ministro Giovanni Figueroa sostuvo que dicho criterio no podía aplicarse de manera retroactiva, por lo que debía prevalecer la legislación vigente al momento en que se originó el litigio.
La Corte amplía las facultades de la UIF
Una de las resoluciones de mayor impacto económico y financiero aprobada durante este periodo fue la validación de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial o de una solicitud previa de un organismo extranjero.
Con ello, la Corte dejó atrás el denominado “criterio Medina Mora”, impulsado por el exministro Eduardo Medina Mora, que limitaba el alcance de esta facultad.
El Pleno aprobó un proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf en el que se determinó que el bloqueo de cuentas constituye una medida administrativa cautelar destinada a proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
El proyecto concluye que el bloqueo es una medida administrativa cautelar, no penal, y que la reforma de 2022 establece un procedimiento claro y controlado”, señaló la ministra durante la discusión.
La resolución generó críticas de especialistas y abogados, quienes han advertido que la amplitud de esta facultad podría abrir espacio para posibles abusos contra empresas y particulares.
El debate sobre la cosa juzgada
Otra de las primeras controversias de la nueva integración de la SCJN surgió a partir de la posibilidad de revisar sentencias firmes emitidas por las extintas Primera y Segunda Salas.
El debate surgió inicialmente en noviembre de 2025 y volvió al Pleno en enero de este año, particularmente en asuntos relacionados con la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica.
Aunque los ministros rechazaron nuevamente reabrir esos expedientes, la ministra Lenia Batres planteó la figura de la denominada “cosa juzgada fraudulenta”, que permitiría excepcionalmente revisar sentencias firmes cuando existieran irregularidades graves o posibles fraudes procesales.
Sin embargo, la mayoría del Pleno se pronunció en contra de incorporar dicha referencia en el proyecto.
Resulta jurídicamente imposible que una sentencia contenga expresiones y decisiones que no son fruto del consenso de la mayoría”, sostuvo la ministra Yasmín Esquivel Mossa durante la discusión.
IMMEX y otros pendientes
Pese al avance en diversos asuntos heredados, la SCJN concluyó su primer periodo de sesiones con temas de gran relevancia económica aún pendientes de resolución.
Entre ellos destaca la definición del criterio sobre el posible doble cobro del IVA en operaciones relacionadas con el programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación), un litigio cuyas implicaciones económicas rondan los 16,000 millones de pesos.
Actualmente existen al menos dos asuntos relacionados con este tema en las ponencias de las ministras Lenia Batres Guadarrama y Sara Irene Herrerías Guerra, por lo que la definición del criterio de la Corte será determinante para resolver decenas de litigios que permanecen en tribunales.
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