Sin hablar mucho y sin discusiones sobre la legalidad de los asuntos, es como los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron la serie de amparos y recursos que acumularon las empresas del empresario Ricardo Salinas Pliego en el máximo tribunal del país contra el pago de adeudos fiscales.
Pese a la relevancia del tema y a que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz lo consideró como un asunto relevante y de “importancia que tiene en la opinión pública”, no hubo una discusión a fondo de los temas.
Solo en algunos casos, la ministra Lenia Batres Guadarrama tuvo que retirarse de la sala alterna del Pleno de la Corte, ubicada en la avenida Revolución, debido a que, en 2020, la autonombrada “Ministra del Pueblo” llamó en su cuenta de X “miserable” al empresario dueño de empresas como TV Azteca, Elektra y Totalplay, entre otras.
Nuevas formas de golpismo, no contra la autoridad, sino contra la sociedad misma. A Salinas Pliego le preocupa una sola cosa: su negocio. MISERABLE, MISERABLE, MISERABLE”, escribió en ese entonces Batres Guadarrama, cuando trabajaba en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
De todos los amparos, recursos de reclamación e impedimentos, sólo bastó la resolución expuesta por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García para determinar que la atracción de un amparo sobre un adeudo fiscal de Elektra por 33,306 millones de pesos no debió ser realizada por la hoy extinta Segunda Sala.
No debió admitirse el amparo directo en revisión, toda vez que, a pesar de que esté involucrado un tema de constitucionalidad de normas generales, carece de excepcionalidad porque ya existen precedentes de esta Corte que resuelven las problemáticas que se encuentran planteadas”, señaló el ministro Guerrero García.
En total, la Corte determinó que Salinas Pliego debía pagar más de 48,393 millones de pesos, aunque finalmente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó que debe pagar 32,132 mdp.
Esa sesión marcó el inicio de la Duodécima Época de la Suprema Corte, de “las ministras y los ministros del pueblo”, como se refirió Hugo Aguilar a las y los nueve ministros que conforman el Pleno de la Corte, navegando entre polémicas, peleas internas y resoluciones controversiales.
¿Votaciones que favorecen al gobierno?
Desde sus primeras sesiones, la nueva Corte decidió dejar atrás el criterio de la Corte encabezada por Norma Piña y analizar caso por caso todos los asuntos que llegaran a las ponencias, sin desecharlos si existían irregularidades en el proceso legislativo.
No obstante, en los primeros seis meses de actividades, el máximo tribunal del país favoreció al gobierno o al Congreso de la Unión en la gran mayoría de los temas que discutió en sus sesiones.
Según el informe “Nuevo Poder Judicial: primeros hallazgos de su desempeño”, elaborado por Integralia Consultores, el gobierno de Claudia Sheinbaum intervino como parte demandante en al menos 196 asuntos, de los cuales 64 se resolvieron con análisis de fondo; sin embargo, la gran mayoría, 132 casos, se resolvió por cuestiones procesales y se desechó en favor del Ejecutivo federal.
Destacan el aval a las reformas aprobadas durante el llamado viernes negro, como la creación de Mexicana de Aviación y del IMSS-Bienestar, la desaparición de la Cofece y del IFT, así como de Financiera Rural para el Desarrollo (FND).
Sin embargo, uno de los asuntos más relevantes fue el aval otorgado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para el bloqueo de cuentas sin orden judicial, revirtiendo el criterio establecido en 2018 por el ministro en retiro Eduardo Medina Mora.
El proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf le dio la razón a la UIF, al considerar que el bloqueo de cuentas es sólo una medida cautelar y administrativa para salvaguardar el sistema financiero mexicano ante sospechas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
No obstante, la Corte se mostró dividida durante la discusión, ya que la ministra Yasmín Esquivel Mossa acusó que esta medida afectaría la propiedad privada y que el Congreso no estableció parámetros para decidir en qué momentos y a quiénes bloquear.
La norma impugnada incurre todavía en una grave deficiencia, ya que los usuarios de los servicios financieros no tienen certeza sobre cuáles son las conductas en el manejo de sus cuentas que abren la posibilidad de que se inicie una indagatoria de la UIF, cuya tarea no es la de perseguir delitos, pues esa función compete exclusivamente al Ministerio Público, sino solamente la de verificar que el sistema financiero no reciba recursos de una posible procedencia ilícita”, comentó la ministra Esquivel Mossa.
SCJN, entre discusiones y votaciones divididas
En otras votaciones, como en el caso de Cruz Azul o en el recurso de reclamación del adeudo fiscal de Juegos del Bajío, surgieron diferencias de criterio y opiniones entre los ministros.
En particular, la ministra Yasmín Esquivel estableció una postura en defensa del empresariado. Incluso criticó que, en el caso de Juegos del Bajío, se trataba de “cosa juzgada”, ya que la anterior Corte rechazó atraer el cobro del crédito fiscal por 4,307 millones de pesos.
Una mayoría de Ministras y Ministros determinó que el asunto correspondía que lo resolviera un tribunal colegiado de circuito y ahora, pese a ello, se da trámite a una nueva solicitud para revertir lo resuelto por la extinta Segunda Sala, por lo que considero que es válido que la empresa recurrente exija el respeto a lo decidido a través del presente recurso de reclamación”, mencionó la ministra Esquivel Mossa.
Dichas discusiones muestran la heterogeneidad de los perfiles de ministras y ministros que, si bien en temas gubernamentales suelen votar a favor de la autoridad, mantienen opiniones distintas en varios asuntos.
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