México tiene pendiente establecer políticas suficientes para garantizar la inclusión de los más de 4.5 millones de mexicanos que viven con alguna discapacidad, ya sea motriz o cognitiva.
Las políticas de inclusión involucran todas las dimensiones: la parte educativa, la parte de servicios públicos y sociales, así como aspectos laborales, de movilidad y de acceso al espacio público. Hay que recordar que una de las formas de discriminación es no dar acceso
María de Jesús López Amador, catedrática de la Escuela Nacional de Trabajo Social
López Amador puso como ejemplo la ley educativa, que si bien está enmarcada en un enfoque de inclusión, no aclara cuáles son las poblaciones y sectores que requieren ser incluidos y no menciona las acciones necesarias para lograrlo.
Esta falta de especificidad ha hecho que la inclusión en los planteles educativos avance de forma muy lenta, pues la mayoría no cuenta con los materiales didácticos necesarios e incluso con las instalaciones necesarias para facilitar la movilidad. Además, los maestros difícilmente pueden dar atención especial a los alumnos que la necesitan si no han tenido la preparación adecuada.
De acuerdo con el observatorio internacional Global Disability Rights Now, sólo el 15% de la población que sufre alguna discapacidad en México tiene acceso a la educación secundaria. El promedio nacional es de 78.3%.
En el caso laboral, el problema es similar. La mayoría de las empresas tienen muchas limitantes para la contratación de candidatos con discapacidades “y la protección social sigue quedando de lado”, dijo López Amador. “Lo que estamos viendo hoy es una invisibilización y una falta de representación para estos grupos, incluso al momento de repartir los recursos públicos”.
Global Disability Rights Now coloca el promedio de desempleo de las personas con discapacidad 13 puntos por encima del promedio nacional.
En cuanto a movilidad, la Ciudad de México tiene mucho por avanzar. El metrobús es probablemente el transporte más accesible, pues todas las estaciones cuentan con rampa de acceso, pero el metro sólo presenta elevadores en 39 de las 195 estaciones de la red (según datos del propio Sistema de Transporte Colectivo Metro). Los camiones de ruta y los taxis tampoco presentan las adecuaciones necesarias, lo que ha dado cabida a un mercado privado de transporte incluyente.
A pesar de que existen políticas que hablan de inclusión en cada una de estas áreas, México tiene pendiente un tema de obligatoriedad: actualmente no existe un castigo al incumplimiento de las normas necesarias, y muchas veces no existen siquiera las revisiones para establecer una base de datos que aclare dónde se cumplen las reglas y dónde hace falta avanzar.
(Necesitamos) que se supervise que las escuelas cumplan, que las instituciones de salud cumplan, que los alcaldes al aprobar un desarrollo inmobiliario o una calle cumplan con la necesidad de atender a este público. En las leyes generales se han incluido enunciados como ‘con enfoque inclusivo’, pero no dicen para quién y no tenemos un mecanismo que garantice el cumplimiento
subraya López Amador.
Las acciones en este sentido, dijo la catedrática de la Escuela Nacional de Trabajo Social, deberían estar impulsadas por una valoración de la dignidad humana y la calidad de vida, buscando incorporar en condiciones de equidad a todos aquellos que tienen carencia de oportunidades.
Esta carencia es todavía más marcada entre la población de menores recursos, que no tienen acceso a soluciones privadas de inclusión, tanto en materia de educación como en materia de movilidad.
