Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República, aprobaron la propuesta de reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila, a fin de limitar la actuación de jueces, magistrados y ministros en este tipo de pleitos.
“Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”, se lee en la propuesta consultada por EL CEO.
La iniciativa de reforma –como reconocieron legisladores oficialistas– tiene dos destinatarios: limitar la acción de la iniciativa privada y del propio Poder Judicial de la Federación (PJF), pero sus efectos serían extensivos, aplicables al resto de la sociedad.
¿Por qué la iniciativa privada ha guardado silencio ante esta ominosa iniciativa de reforma, siendo uno de los principales destinatarios? Hasta el momento, solo jueces, magistrados, oposición, organismos de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, han mostrado su preocupación.
Amparo: derecho de todos
El juicio de amparo tiene como finalidad someter a las autoridades al control constitucional, a fin de evitar atropellos y posibles abusos de poder. Es un derecho al que tenemos acceso todos los mexicanos, y no solo los “corruptos”, como suele acusar el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El dictamen enviado por Monreal Ávila, acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) así como los órganos jurisdiccionales federales, de adoptar “principios contrarios al principio de relatividad que rige al juicio de amparo, y han concedido suspensiones con efectos generales en contra de leyes expedidas por el Poder Legislativo”.
Un poder legislativo que –no sobra decir– el oficialismo tiene la mayoría.
Aún así dicho debate cargó nuevamente contra el PJF, convertido en objeto de “transformación” mediante el “Plan C”.
El oficialismo recordó el trasfondo político: los amparos promovidos contra obras insignias del gobierno, la suspensión de leyes contrarias a la competencia económica, la violación a procedimientos legislativos, atentados contra la Constitución, contra la desaparición de instituciones del Estado (como en el caso del INE). Reforma a leyes que no solo rigen la economía, sino también derechos de todos los mexicanos consagrados en la Constitución.
Por tanto no solo los “corruptos” o la “oligarquía” se benefician del juicio de amparo, como reconoció la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Indirectamente, la medida tendrá efecto en otras esferas del derecho:
“Dicha pretensión afectaría directamente a las personas justiciables, pues impediría a los jueces aplicar, en beneficio de las personas, como lo mandata la Constitución en su artículo primero, el principio de Progresividad de los Derechos Humanos, los cuales deben de aumentar y no disminuir como lo establecen las Convenciones Internacionales que nuestro país ha firmado y ratificado”, se lee en el comunicado de prensa.
Es decir, con ello, también se lastimaría el derecho de los pobres, los desvalidos y marginados, al acceso a la justicia. Al mismo tiempo que imprimiría incertidumbre en los actos del gobierno, muchas de ellas en materia y derecho económico.
Por el bien de todos, ¿primero los pobres?
Lee más sobre #InformaciónConfidencial:
- SAT recibió 422,000 declaraciones de personas morales
- Mexicana MRO ‘allana’ el camino para una venta más lucrativa
- ¿Y los millonarios?
Para más información, visita nuestro canal de YouTube.
