La historia de México está marcada por la corrupción, por los discursos para combatirla y por la impunidad, supongo que por ello y, tras los escándalos del sexenio de Enrique Peña Nieto, la promesa para erradicarla fue la bandera de todos los candidatos durante el proceso electoral de 2018; sin embargo, quien logró capitalizarla fue Andrés Manuel López Obrador, no obstante que lo único que presentó al electorado fue una estrategia fundamentada en la simplificación del problema sin elementos que permitieran parametrizar las acciones para combatir a ese monstruo de mil cabezas.
El abreviar el combate a la corrupción a decisiones sin mayor fundamento y defenderlas con un discurso político, ha terminado por debilitar a las instituciones y por generar incertidumbre. Como ocurrió con su última decisión de poner a las aduanas del país bajo el control de las fuerzas armadas ya que, a su parecer, era la única manera de combatir el tráfico de drogas y la corrupción.
El presidente López Obrador dijo que las aduanas terrestres y marítimas y los puertos estarán a cargo de la Secretaría de Defensa y de la Secretaría de Marina; el presidente también señaló que había tomado esta decisión ya que “los puertos y las aduanas son desde hace tiempo enclaves de corrupción”, pero no tuvo la amabilidad de explicar si los elementos militares pasarían a ser designados como parte del servicio civil del Servicio de Administración Tributaria o si, de manera sencilla, como al parecer es que le gustan los planes, las fuerzas armadas tomarían el control.
El presidente no señaló si había recibido de Horacio Duarte, el todavía Administrador General de Aduanas, y/o de sus antecesores; Ricardo Ahued y Ricardo Peralta, información sensible sobre los riesgos que corren las aduanas, puertos marítimos, cruces fronterizos y aeropuertos, puntos neurálgicos del comercio exterior y tráfico de personas en México.
Una vez más el presidente nos dejó girando en un tacón al tomar una decisión vinculada a la seguridad nacional (porque esa es una parte sustancial del trabajo de las aduanas), en la que se respaldará en las Fuerzas Armadas antes que en los análisis, y nos obliga a preguntarnos qué tan lejos estamos de que nuestros militares manejen más áreas sensibles de la administración pública nacional. Recordemos el reclamo de muchos militares tras la fallida guerra del expresidente Felipe Calderón Hinojosa contra los cárteles: “nos sacaron de los cuarteles sin un plan para regresarnos”.
Tal vez sea hora de recordarle al presidente López Obrador, justamente a cuatro años de la publicación de las siete leyes secundarias que dieron vida al Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene más herramientas para luchar contra la corrupción y cumplir su promesa de campaña.
Si alguien puede hacerlo, redáctele al presidente una nota informativa para recordarle que en mayo de 2015 (irónicamente durante la presidencia de Enrique Peña Nieto), se reformó nada más y nada menos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para combatir la corrupción bajo cuatro ejes centrales:
1. La creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
2. El reconocimiento de la facultad del Congreso para expedir las leyes que establezcan las bases del Sistema Nacional Anticorrupción.
3. El establecimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y los particulares que incurran en actos de corrupción.
4. El fortalecimiento de las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación.
Recuérdele que en julio de 2016 se publicaron las referidas siete Leyes del Sistema Nacional Anticorrupción: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas y también que se publicaron reformas al Código Penal Federal, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley Orgánica de la entonces Procuraduría General de la República; también incluya en la tarjeta que se creó un Comité de Participación Ciudadana y a Magistrados anticorrupción
Por último, ojalá no olviden agregar en la nota informativa para el presidente, que no olvide que por las aduanas entran y salen de México drogas, dinero y armas que permiten a organizaciones criminales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación desafiar abiertamente al gobierno de la República, tal y como quedó plasmado con el video que se viralizó el 17 de julio de 2020 en el que Nemesio Oseguera nos mostró a sus guardias pretorianos.
La corrupción en las aduanas es, efectivamente, un tema de seguridad nacional y si los análisis de inteligencia así lo acreditan, que el presidente se apoye en nuestras Fuerzas Armadas, pero que antes deje de nombrar a personas que no están calificadas para ocupar los cargos públicos.
Y ese es un consejo aplicable para toda la administración pública.
*Salvador Mejía es licenciado en Derecho por la UNAM. Cuenta con estudios de especialización en México y Estados Unidos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Anticorrupción, Gobierno Corporativo así como en Inteligencia y Contrainteligencia
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