#InformaciónConfidencial: Decomiso de huachicol exhibe huecos en la trazabilidad del combustible
El caso cobra relevancia justo cuando Hacienda plantea en el Paquete Económico 2027 nuevas medidas de trazabilidad relacionadas con el IEPS para combatir el huachicol.
El golpe por 59 millones de litros de combustible que presumió el gobierno federal dejó una duda que hasta ahora las autoridades no han aclarado: la trazabilidad del producto desde su origen hasta el punto donde fue almacenado.
Hasta el momento no hay conclusiones oficiales sobre cómo llegó el combustible a las instalaciones ubicadas en la comunidad de La Fragua, en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato. El caso continúa bajo investigación para determinar la procedencia del producto.
Grupo SIMSA, propietario del centro de almacenamiento, aseguró que cuenta con todos sus permisos en regla y que recibe y almacena petrolíferos propiedad de empresas usuarias que son permisionarias de la Comisión Nacional de Energía (CNE), las cuales acreditan la propiedad, procedencia legítima y calidad de sus productos.
La empresa también ha trabajado con compañías como ExxonMobil, Shell y Marathon, además de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El caso cobra relevancia justo cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) plantea en el Paquete Económico 2027 nuevas medidas de trazabilidad relacionadas con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para combatir el huachicol.
Sin embargo, actualmente operan controles volumétricos automatizados, mecanismos de trazabilidad fiscal y facturación, además de sistemas de seguimiento con GPS y códigos QR, medidas que también buscan cerrar espacios al comercio ilegal de combustibles.
Por eso, antes de sumar nuevos controles, queda una pregunta por responder: ¿en qué punto falló la trazabilidad de esos 59 millones de litros?
Las pensiones abren otro frente entre Sheinbaum y Banxico
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya fue por las llamadas ‘pensiones doradas’ de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La siguiente parada parece ser Banco de México (Banxico).
La presidenta anunció que revisarán las pensiones que reciben exfuncionarios del banco central. El señalamiento ocurrió después de que Guillermo Ortiz, exgobernador de Banxico, cuestionara los resultados económicos y sociales de la actual administración.
Sheinbaum aseguró que Ortiz recibe una pensión de 300,000 pesos mensuales y también mencionó al expresidente Ernesto Zedillo, con montos que, según lo expuesto por la mandataria, alcanzarían 1.8 millones de pesos.
Los funcionarios de Banxico han librado una batalla legal alrededor de los límites salariales establecidos con base en la remuneración de la persona titular de la Presidencia, un asunto particularmente sensible por la autonomía constitucional del banco central.
La respuesta a Sheinbaum llegó desde el propio Banxico. El subgobernador Jonathan Heath explicó en redes sociales que para acceder a una pensión se deben cumplir determinados requisitos, entre ellos cierto número de años de servicio dentro de la institución.
Es decir, no todos los exgobernadores ni integrantes de la Junta de Gobierno reciben una pensión de Banxico. La precisión de Heath llegó apenas después de que el tema fuera colocado desde Palacio Nacional.
Restringir celulares en escuelas es insuficiente, señalan padres de familia
La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) respaldó la restricción del uso de celulares en las escuelas de educación básica a partir del próximo 3 de noviembre, pero considera que la medida es insuficiente frente al rezago educativo y la pérdida de autoridad de los docentes.
La organización sostiene que estos dispositivos no aportan al docente ni al alumno dentro del aula, aunque también cuestionó que los padres de familia hayan quedado fuera de las consultas, que se concentraron en personal docente y foros técnicos.
Para la UNPF, restringir los celulares puede ser un primer paso hacia el uso responsable de los dispositivos digitales, pero la medida requiere del acompañamiento de las familias y de acciones adicionales para atender los problemas educativos.
Entre sus propuestas están abrir espacios de diálogo con los padres, fortalecer el respaldo a las decisiones de las autoridades escolares, establecer una ruta pedagógica para mejorar los resultados de PISA y garantizar equipos, capacitación docente y programas educativos que ayuden a reducir los rezagos.
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