
En los debates sobre competitividad del sector agroexportador mexicano solemos escuchar de productividad, inocuidad, logística, innovación tecnológica o acceso a mercados. Sin embargo, hay un factor estratégico que pesa cada vez más en las decisiones de compra, inversión y cumplimiento regulatorio: la forma en que se trata a las personas que hacen posible la producción agrícola.
México es una potencia agroalimentaria global y miles de personas trabajadoras agrícolas migrantes dentro del país sostienen buena parte de esa capacidad productiva. Durante décadas, su movilidad estuvo marcada por reclutamientos opacos, falta de información y condiciones precarias. Hoy esa historia comienza a cambiar ya que cada vez más actores del campo entienden que la contratación responsable es una inversión.
En ese contexto surge PERIPLO, una iniciativa impulsada por Fundación Avina e implementada con organizaciones de la sociedad civil que trabajan por un sistema de migración laboral agrícola más equitativo y justo en los corredores que conectan a Guatemala, México y Estados Unidos. Su objetivo es sencillo de explicar, aunque complejo de alcanzar: que la movilidad laboral funcione como una oportunidad de desarrollo y no como una fuente de vulnerabilidad.

La discusión es empresarial
La discusión hoy no es solo social; es también empresarial. La experiencia demuestra que existe una falsa dicotomía entre competitividad y derechos humanos, sin embargo, ambos se fortalecen mutuamente. Los procesos de reclutamiento transparentes reducen riesgos legales y reputacionales.
Las condiciones laborales justas favorecen la estabilidad de la fuerza de trabajo. Los mecanismos de queja permiten corregir dificultades antes de que escalen. Y una gestión responsable de la cadena de suministro genera confianza entre clientes, inversionistas y personas consumidoras.
Los mercados internacionales, inversionistas y las nuevas regulaciones exigen cada vez más evidencia de debida diligencia en derechos humanos: lo que hace unos años era un asunto reputacional hoy forma parte de la gestión de riesgos operativos y comerciales. Las empresas agroexportadoras necesitan demostrar que conocen su cadena de suministro laboral y que cuentan con mecanismos para prevenir abusos, atender reclamaciones y contratar de manera responsable.
La transformación impulsada por PERIPLO se sostiene en el trabajo experto de organizaciones de la sociedad civil. Tlachinollan, CECIG, CAMINOS y el Centro de los Derechos del Migrante informan y acompañan a las personas trabajadoras en sus comunidades; CIERTO Global, Stronger Together y Verité desarrollan herramientas para que las empresas mejoren sus prácticas de contratación; y espacios multiactor como los impulsados por el Centro EDH, Oxfam y Jornamex sientan en la misma mesa a empresas, gobierno y sociedad civil para construir soluciones compartidas.
Buscar que el reclutamiento sea responsable
Los resultados muestran que la colaboración genera impacto a escala: desde 2021, PERIPLO ha estado presente en más de 300 municipios de México y contribuido a que más de 7,000 personas fueran contratadas mediante reclutamiento responsable.
Detrás de cada cifra hay una historia concreta: una persona que sabe a dónde viaja, en qué condiciones trabajará y a quién acudir si algo falla. Y son las propias personas trabajadoras quienes aportan la experiencia para identificar riesgos y oportunidades de mejora. Nadie conoce mejor el campo que quienes lo trabajan: su voz es el punto de partida de cualquier solución duradera.
Detrás de este trabajo hay una convicción central para Fundación Avina: los desafíos sistémicos requieren soluciones colaborativas. Ningún actor puede transformar por sí solo problemas que involucran movilidad humana, mercados laborales y desarrollo territorial.
El futuro del campo mexicano dependerá de su capacidad para responder a las exigencias de productividad, sostenibilidad y cumplimiento de la economía global. Pero también de reconocer que las personas trabajadoras agrícolas no son un componente más de la cadena de valor, sino el corazón que la hace posible.
Construir una migración laboral agrícola justa es una responsabilidad ética y una decisión estratégica para el futuro de los negocios, las comunidades rurales y la competitividad de México. Esa es la ruta que PERIPLO busca recorrer.
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