El 2 de junio pasado Jesús Ramírez Cuevas, el artífice del exitoso aparato propagandístico del presidente de México, publicó un tweet en el que presumió que “por primera vez en la historia, las remesas a México superan los 60,000 millones de dólares en un año” sin tomar en consideración dos aspectos: la esencia de las remesas y los riesgos asociados y residuales.

Si bien el tweet del coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República atiende a los principios de la propaganda política, nosotros podemos optar por analizar esto desde otras perspectivas.

La primera es la de Economía 101: el aumento en el envío de remesas a México, o a cualquier país, puede considerarse como un indicador negativo en términos económicos y de desarrollo.

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Aunque las remesas representan una fuente importante de ingresos para muchas familias mexicanas su incremento sustancial pueden reflejar una dependencia excesiva en el exterior y una falta de generación de empleo y oportunidades económicas dentro del país. Esto obliga a plantearnos un fracaso en el desarrollo económico interno, ya que la economía no está generando suficientes empleos y oportunidades para sus ciudadanos.

Los paisanos que se ven obligados a emigrar por la violencia generada por la delincuencia organizada es otro aspecto.

Son necesarias políticas efectivas

En lugar de celebrar el crecimiento de las remesas, es fundamental que el gobierno mexicano implemente políticas efectivas para fomentar la inversión interna, promover el desarrollo económico local y mejorar las condiciones laborales.

El objetivo debería ser reducir la necesidad de depender en gran medida de las remesas y trabajar hacia una economía más autosuficiente y próspera que brinde a los mexicanos oportunidades de empleo y un nivel de vida adecuado.

La segunda es la de riesgos asociados a la delincuencia organizada. El gobierno mexicano no ha investigado a fondo si el aumento en el envío de remesas es un fenómeno orgánico o artificial.

Ya lo he escrito en estás páginas pero es necesario volver a decirlo: diversas investigaciones periodísticas han documentado la creciente intervención de los cárteles en el cobro y control de las remesas en México.

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Estos grupos criminales aprovechan su influencia y poder en las comunidades receptoras para imponer su dominio en el proceso de recepción y distribución del dinero. Esto no sólo implica un riesgo para la seguridad de las familias receptoras, sino que también crea una barrera para el desarrollo económico y social de las comunidades afectadas junto con una clara amenaza a nuestra seguridad nacional ya que si le hacemos caso a lo planteado por Ferdinand Lassalle en su libro “¿Qué es una Constitución?”, podríamos concluir que la delincuencia organizada se ha convertido en un factor real de poder en México gracias a su capacidad financiera, armamentística y a su red de influencias.

Jesús Ramírez tendría que considerar que a pesar de las denuncias y evidencias, lo que priva es la percepción de una preocupante inacción por parte del gobierno para abordar este problema. En lugar de tomar medidas contundentes para combatir la intervención de los cárteles en el cobro de remesas, se ha observado una actitud complaciente por parte de la Presidencia de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Comisión Nacional Bancaria, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Guardia Nacional.

En lugar de reconocer y abordar el riesgo que esto representa, se ha limitado a celebrar el aumento en los envíos de dinero, sin profundizar en las causas y consecuencias de esta innegable intervención criminal.

Antes de que el problema termine por reventarle en las manos a quien suceda a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el actual gobierno debe asumir su responsabilidad y tomar diversas acciones para combatir la intervención de los cárteles en el envío y cobro de remesas, empezado por aceptar que hay un elefante en la sala y que el elefante puede traer la cartera manchada con sangre.

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