Hacienda publica reglas antilavado para 120,000 sujetos; llegan sin consulta, pero con aplicación gradual
Las reglas pendientes alcanzarán a sectores como el inmobiliario, automotriz, joyero y de comercialización de obras de arte.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó las reglas secundarias de la reforma antilavado, tres semanas después de que venció el plazo establecido por el Congreso para emitirlas.
Dichas disposiciones alcanzarán a alrededor de 120,000 personas y empresas inscritas en el padrón de actividades vulnerables y entrarán en vigor el 30 de noviembre, aunque su aplicación será gradual, con los principales requerimientos a partir de 2027 y las primeras auditorías hasta 2028.
La dependencia a cargo de Édgar Amador incumplió el periodo de un año para actualizar las reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Pese a la demora, Hacienda dio varios meses de adaptación a los sujetos obligados, ya que la evaluación con enfoque basado en riesgo, los manuales y las disposiciones sobre clasificación y conocimiento de clientes y beneficiario controlador comenzarán a aplicarse el 1 de marzo de 2027.
Los mecanismos automatizados deberán estar listos a más tardar el 1 de junio de 2027 y el primer periodo anual de capacitación abarcará todo ese año, mientras que la primera revisión de auditoría comprenderá del 1 de enero al 31 de diciembre de 2028.
Plazos para particulares, sin consecuencias por el retraso
La publicación cierra el vacío regulatorio que había impedido instrumentar parte de la reforma, aunque el incumplimiento del plazo fijado por el Congreso queda sin una consecuencia equivalente para la autoridad, a diferencia de empresas y profesionistas, que podrán enfrentar sanciones una vez que venzan sus respectivos periodos de implementación.
Entre las principales exigencias están la evaluación de riesgos, la clasificación de clientes y la obligación de contar con manuales, capacitación y mecanismos automatizados, estos últimos sin que necesariamente se requieran sistemas informáticos especializados.
El proyecto tampoco fue sometido a consulta pública a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) durante el periodo previsto para elaborar las disposiciones, en contraste con modificaciones recientes en materia antilavado aplicables a los bancos, que sí fueron publicadas en ese organismo para recibir comentarios.
Las reglas llegan mientras México enfrenta un mayor escrutinio en materia de prevención de lavado de dinero, tras las acciones de autoridades estadounidenses contra instituciones financieras del país y en medio de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Hacienda cerró así el pendiente regulatorio y dio margen para que los sujetos obligados se preparen antes de que comiencen las principales exigencias. Queda por ver el costo de haber dejado fuera de la consulta pública la instrumentación de la reforma antilavado más importante en más de una década.
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