El gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dio a sindicatos aéreos el 5 de junio como fecha límite para poner fin a los procesos legales que frenan la compra de Mexicana de Aviación.
Tuvimos una mesa de trabajo el lunes, nos dijeron ‘el presidente nos está mandando con ustedes a decirles que prácticamente ya tuvieron tres años y medio para ponerse de acuerdo; hoy sólo hay 15 días’
dijo Ada Salazar, presidenta de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA), en conferencia de prensa.
En enero, la actual administración federal y extrabajadores de la aerolínea alcanzaron un acuerdo para vender la marca Mexicana de Aviación, así como un edificio en Jalisco, oficinas en Ciudad de México y un centro de adiestramiento por 816 millones de pesos.
Aunque organizaciones como ASSA y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) acudieron en su momento ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para pedir que se levante el embargo sobre los bienes y proceder a su venta, hay amparos interpuestos por extrabajadores que impiden proceder.
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Por ello, los representantes de ASSA, ASPA, así como de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de Aviación Mexicana (Ajteam) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS) exhortaron a este grupo a desistir del recurso legal.
“¿En cinco o 10 años cuánto va a valer la marca? Nada. Los otros bienes que están sujetos se están deteriorando y no hay dinero para darles mantenimiento”, afirmó Fausto Guerrero, presidente de la Ajteam.
Așa Salazar aseveró que de aceptar la propuesta no se dará ‘carpetazo’ a los laudos emitidos hasta el momento.
Para los sindicatos, el decreto que se publicó hace unos días en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para la creación de una aerolínea gubernamental es una señal de que el gobierno seguirá sus planes independientemente de si se alcanza un acuerdo con los extrabajadores de Mexicana.
Desacuerdo en propuesta
Los sindicatos explicaron que la transacción acordada beneficiaría a cerca de 6,500 trabajadores, quienes recibirán una parte del monto de la compra mediante un “prorrateo” que considerará su antigüedad, salario y puesto para calcular la cantidad.
Iván Enríquez, representante común del grupo de sobrecargos jubilados a los que se les otorgaron amparos, señaló que entre las razones por las que se oponen al acuerdo está la falta de claridad sobre los montos y distribución, ya que con los montos planteados los trabajadores que percibían menores ingresos y los jubilados resultarán menos favorecidos.
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En declaraciones a medios, expuso que la cantidad que recibirían sería una parte muy pequeña respecto al adeudo que tiene la empresa con ellos y que sería insuficiente para acceder a la llamada Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que permite a los trabajadores de la Ley 73 mejorar su pensión.
Por lo pronto, ASSA convocó a sus afiliados a una asamblea general el lunes por la mañana con miras a explicar el acuerdo y lograr un consenso que permita concretar la venta de la marca y algunos bienes.
